Juan Carlos Reyes Villagomez

Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
233/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Reyes Villagomez

Actuaciones

  1. Principal

    En razón de que la parte quejosa JUAN CARLOS REYES VILLAGOMEZ o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el veintinueve de abril del año en curso; ni tampoco agoto el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído veintiocho de abril del preste año, dictado en autos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, que dice: Uruapan, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por Juan Carlos Reyes Villagómez, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 233/2021. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: "IV. Acto que se reclama: La Resolución de fecha diez de marzo del presente año, dos mil veintiuno, que resuelve el Recurso de Reclamación promovido dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de Expediente RESP 001/2020." Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia . Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia . Asentado la anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, tenemos que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción III, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, al tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del estudio correlativo de la fracción antes transcrita se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando: sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, dado que especificó que los relativos a afectación de "imposible reparación" son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo cual cobra relevancia, toda vez que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. ... Así pues, del escrito de demanda de amparo que se trata como un todo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso consiste en la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de reclamación promovido dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de expediente RESP 001/2020, interpuesto en contra de la audiencia inicial la cual una vez desahoga la autoridad responsable mediante escrito se limitó únicamente a ratificar las pruebas de la parte -terceros interesados- Titular del Área de Auditoria Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, antes Auditoria Interna, del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Avenida Boulevard de Las Islas, número 1, Colonia Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en Avenida Boulevard de Las Islas, número 1, Colonia Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Así las cosas, se colige que el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entrañan posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. En efecto, la circunstancia de que el Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en Lázaro Cárdenas, Michoacán, dentro del recurso de reclamación promovido dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de expediente RESP 001/2020, haya admitido pruebas a las aquí señaladas como terceras interesadas, sólo constituye una posible afectación a derechos adjetivos o meramente procesales. Ello es así, pues aun ante esa determinación [resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno], el ahora quejoso podría obtener una resolución favorable en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con número de expediente RESP 001/2020 del cual emana el acto reclamado, con la cual quedarían reparadas las posibles violaciones que se cometieran a causa de la admisión o no de los medios de convicción puesto que esta cuestión también sólo entraña la posible infracción a derechos adjetivos o procesales que, como ya se dijo, puede quedar reparada en caso de obtener una resolución favorable. Máxime que tanto de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que el acto reclamado emana de un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, seguido en forma de juicio; de ahí que se considere que el acto reclamado sólo implicaría violaciones formales reparables en la resolución que llegue a dictarse en el precitado procedimiento. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracciones III y IX, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la resolución que ponga fin al procedimiento resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. ... Ahora, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Edu Wilfrido Hernández Gutiérrez y Blanca Estela Gutiérrez Navarrete, toda vez, que adjuntaron copia certificada de la cedulas profesionales que los acredita como licenciada y licenciado en Derecho, asimismo téngasele únicamente autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Mérida E. Pérez Navarrete, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos si se fueran a recoger en físico o a través de medios electrónicos, de preferencia en el portal correspondiente. Se exhorta a las demás partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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