JUAN CARLOS REYES CRUZ y Otros.

Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
520/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
  • VICTOR MANUEL SANTIAGO ZÁRATE y Otros.
  • JUAN CARLOS REYES CRUZ y Otros.
  • RUTILIA SANTIAGO CRUZ y Otros.
  • ELVIA ROSA CRUZ CRUZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de dos de febrero del año en curso, se recibió el oficio de la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internaciones del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, por medio del cual solicitó información del presente juicio de amparo *****..*, relativa a la petición que le hiciera la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), en relación a la petición ***..* Ejecuciones extrajudiciales de 6 personas indígenas en la masacre del 19 de junio de 2016, en Nochixtlán, Oaxaca, motivo por el cual, se determinó rendir la información antes del veintiuno de febrero del presente año. Al respecto se provee: Tomando en consideración el juicio de amparo 520/2022 se encuentra físicamente en este órgano jurisdiccional, se hace de su conocimiento lo siguiente: Antecedentes, acto reclamado, desarrollo procesal y estado actual de los expedientes de mérito. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta localidad y turnado en la misma fecha al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, *****..********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, que hizo consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS Y NORMA RECLAMADOS. A las autoridades señaladas como responsables les atribuimos los siguientes actos: Al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamamos: - La expedición del DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - La ejecución material del DECRETO por el que se crea la comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - La exclusión y discriminación del que somos objeto las víctimas de los hechos del diecinueve de junio del dos mil dieciséis, en el DECRETO por el que se crea la comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - Todas las consecuencias fácticas, jurídicas y materiales que deriven de la aplicación de los actos reclamados. Al Secretario de Gobernación, Secretario de Relaciones Exteriores y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, les reclamamos: - La firma y el referendo del DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - La ejecución material del DECRETO por el que se crea la comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - La exclusión y discriminación del que somos objeto las víctimas de los hechos del diecinueve de junio del dos mil dieciséis, en el DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - Todas las consecuencias fácticas, jurídicas y materiales que se deriven de la aplicación de los actos reclamados. Al Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación le reclamamos: - La ejecución material del DECRETO por el que se crea la comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - La exclusión y discriminación del que somos objeto las víctimas de los hechos del diecinueve de junio del dos mil dieciséis, en el DECRETO por el que se crea la comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. - Todas las consecuencias fácticas, jurídicas y materiales que se deriven de la aplicación de los actos reclamados.". Por auto por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó el asunto con el número *****.*****, y declinó competencia al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por conocimiento previo; el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado declinado no aceptó la competencia y devolvió los autos al citado Juzgado Cuarto de Distrito. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito planteó ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa en turno, de este circuito, por manifestar tener relación de amistad con unos de los autorizados de la parte quejosa. Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, al resolver el impedimento administrativo *****.***, declaró fundado el impedimento planteado por el Juez Cuarto de Distrito, por ende remitió el asunto a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. En acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, se recibió el juicio de amparo *******....****, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó con el número ******.***, se requirieron al Juez impedido diversas constancias. El trece de mayo de esta anualidad, se recibieron las constancias solicitadas al Juzgado Cuarto de Distrito, y se previno a la parte quejosa para que precisara si también señalaba como responsable a diversa autoridad, sin que cumpliera con la prevención. El uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitaron informes justificados, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante Sentencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado, sobreseyó en el juicio, en virtud de que los actos reclamados no afectan el interés jurídico ni legítimo de la parte quejosa. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicha sentencia y se ordenó el archivo del asunto como concluido. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de las sentencias emitidas, así como la fecha en que éstas le hayan sido notificada a la parte peticionaria en representación y/o en calidad de víctimas. En la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el juicio, porque dada la naturaleza de los actos reclamados, se estimó que no afectaron los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, en esencia por lo siguiente: ".Se sostiene lo anterior porque la parte quejosa reclama el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometida de 1965 a 1990, con la específica pretensión de incluir los hechos acontecidos el diecinueve de junio de dos mil dieciséis en Nochixtlán, esto es, pretende, a través de este juicio de amparo, modificar la finalidad del referido órgano denominado Comisión para el Acceso a la Verdad, porque limita sus investigaciones al periodo referido, excluyendo de dichas investigaciones las violaciones graves a derechos humanos respecto a periodos posteriores, como fueron los hechos ocurridos en la citada comunidad. Lo anterior, denota un interés simple respecto a la emisión del decreto; pues, en concepto de la parte quejosa ese órgano se aparta de la regularidad constitucional y legal por la "exclusión" de los mencionados hechos; esto es, su interés se identifica más con el que tiene cualquier persona de que la creación del órgano del Estado se ajuste al marco constitucional y legal. Además, cabe mencionar que de modo alguno tal decreto modifica los derechos que le corresponden como víctima, pues de ninguna manera implica que las autoridades que llevan a cabo los procedimientos relacionados con los hechos de la investigación que afectaron a la parte aquí quejosa, dejen de cumplir con los deberes de garantizarlos. En conjunción con lo anterior, se tiene presente que el decreto presidencial reclamado no afecta, ya sea modificando o restringiendo algún derecho o condición de la parte quejosa en su calidad de víctimas de hechos sujetos a investigación ante las instancias correspondientes, pues se trata de un instrumento de creación de una comisión intersecretarial que corresponde a una facultad administrativa discrecional." Además, en la sentencia de mérito, se precisó respecto al decreto impugnado, lo siguiente: ".cuyo objeto es la investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes, relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención. Sin que el decreto impugnado cree o modifique los derechos que corresponden a las víctimas en la investigación de los hechos de su creación, sino se trata de una instancia administrativa temporal con características intersecretariales y consultivas, integrada por servidores públicos y expertos para realizar y coadyuvar en investigación de los hechos de referencia, y elaborar los informes correspondientes a fin de que las autoridades ministeriales, judiciales y de atención a víctimas las atiendan. Ahora, la parte quejosa funda su pretensión de amparo en que se afecta el principio de no discriminación y como víctimas de los hechos Nochixtlán, Oaxaca, pues en su perspectiva, el decreto reclamado les otorga un trato diferenciado en su perjuicio, discriminatorio, al excluirlos sin justificación objetiva, racional y proporcional, del ámbito de investigación de la Comisión creada, en menoscabo del derecho a la verdad y a la justicia. Sin embargo, como se ha visto con anterioridad, en primer lugar, el decreto presidencial impugnado no crea ni modifica los derechos y situaciones que los quejosos tienen como víctimas en la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-OAX0000026/2019 para alcanzar la verdad y la obtención de justicia en su caso; y, segundo, al reclamarse bajo un criterio de exclusión o por discriminación al no estar incluidos los hechos que refiere la parte quejosa, debe tenerse presente que se trata de un instrumento administrativo que crea un organismo al interior de la administración pública federal, lo cual hace atiende a la facultad discrecional organizativa del titular del ejecutivo federal. Máxime que, no existe un mandato constitucional que imponga la creación de una comisión que incluya el caso de los hechos específicos que afectaron a los quejosos, sino que acorde con la legislación nacional, están establecidas las instancias y procedimientos ministeriales, judiciales y de atención a víctimas de delitos, que se reitera, no se ven afectados o modificados por el decreto impugnado." La sentencia fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por medio de lista de acuerdos. 3. Informe sobre todos y cada uno de los recursos interpuestos dentro de la secuela procesal. Para este punto en específico, se solicita amablemente proporcione los datos insertos en la siguiente tabla: No se contesta. Toda vez que las partes no promovieron recursos en este expediente. Datos del expediente y órgano jurisdiccional Acuerdo o resolución recurrida Fecha y sentido de la resolución o estado actual del expediente Breve síntesis de los razonamientos relevantes 4. Precise si los peticionarios refirieron violación al derecho a la vida, con motivo de la ejecución extrajudicial de *********...*, ante los sucesos acontecidos el 19 de junio de 2016 en Nochixtián. Oaxaca. No, la parte peticionaria no denunció transgresión a esos derechos. 5. Indique si los peticionarios denunciaron vulneración a sus derechos de protección y garantías judiciales, con motivo de la supuesta omisión y/o retardo injustificado en la investigación de los hechos sucedidos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, al haber transcurrido un lapso excesivo sin que hubiera emitido alguna resolución y por supuestas anomalías en la integración del expediente correspondiente. No, la parte peticionaria no denunció transgresión a esos derechos. 6. Si los peticionarios manifestaron trasgresiones a su derecho de integridad personal, derivado de supuestas amenazas a las que fueron expuestas como victimas indirectas (familiares), así como por supuestos atentados a las personas defensoras de derechos humanos que los acompañan en el proceso. No, la parte peticionaria no denunció transgresión a esos derechos. 7. Informe si los peticionarios refirieron violación a su derecho a la libre manifestación, con motivo del uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública por parte de agentes policiales el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. Asimismo, informe si se manifestó vulneración al derecho de integridad personal, con motivo de actos de tortura, y en caso afirmativo, comunique las determinaciones que se dictaron al respecto. No, la parte peticionaria no denunció transgresión a esos derechos. 8. Informe si los peticionarios manifestaron vulneración a sus derechos de igualdad ante la ley, no discriminación, y derechos de los pueblos indígenas, con motivo de los comentarios discriminatorios realizados por los agentes policiales durante los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, así como por la omisión y/o retardo injustificado en la investigación de los hechos acontecidos con motivo de su origen étnico. No, la parte peticionaria no denunció transgresión a esos derechos. 9. Si denunciaron trasgresión a sus derechos a la verdad y a la justicia, ante la omisión y/o negativa de creación de una comisión especializada para la investigación de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. En el segundo concepto de violación de su demanda de amparo, los quejosos señalaron una violación al derecho a la verdad y a la justicia en perjuicio de las víctimas de los hechos del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca. Sobre el particular en la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado, se estimó que la no inclusión en el decreto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos, en esencia por lo siguiente: ".Se sostiene lo anterior porque la parte quejosa reclama el Decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometida de 1965 a 1990, con la específica pretensión de incluir los hechos acontecidos el diecinueve de junio de dos mil dieciséis en Nochixtlán, esto es, pretende, a través de este juicio de amparo, modificar la finalidad del referido órgano denominado Comisión para el Acceso a la Verdad, porque limita sus investigaciones al periodo referido, excluyendo de dichas investigaciones las violaciones graves a derechos humanos respecto a periodos posteriores, como fueron los hechos ocurridos en la citada comunidad. Lo anterior, denota un interés simple respecto a la emisión del decreto; pues, en concepto de la parte quejosa ese órgano se aparta de la regularidad constitucional y legal por la "exclusión" de los mencionados hechos; esto es, su interés se identifica más con el que tiene cualquier persona de que la creación del órgano del Estado se ajuste al marco constitucional y legal. Además, cabe mencionar que de modo alguno tal decreto modifica los derechos que le corresponden como víctima, pues de ninguna manera implica que las autoridades que llevan a cabo los procedimientos relacionados con los hechos de la investigación que afectaron a la parte aquí quejosa, dejen de cumplir con los deberes de garantizarlos. En conjunción con lo anterior, se tiene presente que el decreto presidencial reclamado no afecta, ya sea modificando o restringiendo algún derecho o condición de la parte quejosa en su calidad de víctimas de hechos sujetos a investigación ante las instancias correspondientes, pues se trata de un instrumento de creación de una comisión intersecretarial que corresponde a una facultad administrativa discrecional." Además, en la sentencia de mérito, se precisó respecto al decreto impugnado, lo siguiente: ".cuyo objeto es la investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes, relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990, a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención. Sin que el decreto impugnado cree o modifique los derechos que corresponden a las víctimas en la investigación de los hechos de su creación, sino se trata de una instancia administrativa temporal con características intersecretariales y consultivas, integrada por servidores públicos y expertos para realizar y coadyuvar en investigación de los hechos de referencia, y elaborar los informes correspondientes a fin de que las autoridades ministeriales, judiciales y de atención a víctimas las atiendan. Ahora, la parte quejosa funda su pretensión de amparo en que se afecta el principio de no discriminación y como víctimas de los hechos Nochixtlán, Oaxaca, pues en su perspectiva, el decreto reclamado les otorga un trato diferenciado en su perjuicio, discriminatorio, al excluirlos sin justificación objetiva, racional y proporcional, del ámbito de investigación de la Comisión creada, en menoscabo del derecho a la verdad y a la justicia. Sin embargo, como se ha visto con anterioridad, en primer lugar, el decreto presidencial impugnado no crea ni modifica los derechos y situaciones que los quejosos tienen como víctimas en la carpeta de investigación FED/DGCAP/DGCAP-OAX0000026/2019 para alcanzar la verdad y la obtención de justicia en su caso; y, segundo, al reclamarse bajo un criterio de exclusión o por discriminación al no estar incluidos los hechos que refiere la parte quejosa, debe tenerse presente que se trata de un instrumento administrativo que crea un organismo al interior de la administración pública federal, lo cual hace atiende a la facultad discrecional organizativa del titular del ejecutivo federal. Máxime que, no existe un mandato constitucional que imponga la creación de una comisión que incluya el caso de los hechos específicos que afectaron a los quejosos, sino que acorde con la legislación nacional, están establecidas las instancias y procedimientos ministeriales, judiciales y de atención a víctimas de delitos, que se reitera, no se ven afectados o modificados por el decreto impugnado." 10. Si los peticionarios manifestaron vulneración a sus derechos de protección y garantías judiciales derivado de la falta de legislación respecto del delito de ejecución extrajudicial. No, la parte peticionaria no refirió vulneración a esos derechos. 11. Si tiene conocimiento de diversos juicios y recursos en los que los peticionarios hayan sido parte en su calidad de víctimas, y que tengan relación con los hechos referidos en la petición. Si, los juicios de amparo indirectos*****......****** del índice de este propio órgano jurisdiccional. Así como el juicio de amparo **********.....***del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano en el presente asunto y que esté relacionada con los hechos narrados en el escrito de la parte peticionaria. No se formula. Toda vez que los actos reclamados en esta instancia lo es la expedición del DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, entre otros. Por otra parte, respecto a las copias certificadas que solicita (escrito de demanda, auto de radicación y/o admisión, acto reclamado, resolución, en su caso, demanda y sentencia recaída a los recursos interpuestos en el juicio de referencia, auto en el que se ordenó el archivo del asunto, cualquier otro auto o resolución que considere relevante), mediante oficio remítanse copias certificadas de manera electrónica de las constancias precisadas, al correo electrónico que se señala en el oficio que se atiende. De igual manera, comuníquese que de ser el caso, el Secretario ***....*******fungirá como enlace (teléfono 951 5023565 extensión 1506). Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Incidente de suspensión En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotación en la carátula y libro de gobierno Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  3. Incidental

    MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 520/2022, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino. Sentido de la medida cautelar En principio, se toma en consideración que en este cuaderno incidental se negó la suspensión provisional, así como la definitiva respecto de todos los actos reclamados. Base normativa En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1, 12, 14, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso c) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destrucción del original y duplicado Una vez transcurridos seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto y dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente. En tanto que el original, por haberse negado la suspensión definitiva de todos los actos reclamados, fenecido el plazo de tres años y dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación del Secretario, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones en carátula y libro Para concluir, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VII B Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo.

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