Juan Carlos Ramírez Suárez

Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
489/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ramírez Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del tres de mayo de dos mil veintiuno (fojas 160 a 166), que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente depurable y sin relevancia documental. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 18, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo; por haberse concedido de manera parcial la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del citado acuerdo, dentro de los siguientes noventa días deberá depurarse el expediente principal y solicitar la transferencia del mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el primer párrafo del artículo 21 del citado acuerdo (tres años), dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá destruirse el citado incidente y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documental. Por otra parte, aun cuando los documentos y el disco versátil exhibidos por la parte quejosa durante el trámite del presente juicio no se ubican en la hipótesis del segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, déjense a su disposición para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se ordena devolución de documental. Por otra parte, devuélvase al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, las copias certificadas del expediente 447/2020, de su índice que obran en tomo por separado, mismas que acompañó como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, tres de mayo de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En tal virtud, es menester indicar que en la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 68 a 94), en el presente juicio de amparo indirecto número 489/2020-II, promovido por Juan Carlos Ramírez Suárez, se sobreseyó por una parte y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "[.] OCTAVO. Decisión. Toda vez que la diligencia (junta familiar) de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente familiar 447/2020, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, resultó violatoria de derechos fundamentales, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada, para que el efecto de que la autoridad responsable: Deje sin efecto lo acordado en la mencionada junta familiar; y, En acatamiento a los lineamientos de este fallo y a lo manifestado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez y la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón, dicte un nuevo acuerdo que: Sea congruente y exhaustivo en atención a lo solicitado y manifestado por las partes; Funde y motive la determinación acerca de la custodia provisional del menor I.R.D.; Actúe en términos de lo que establece el artículo 1390 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Asimismo, como complemento al punto inmediato anterior, deberá precisar a las partes (padres de la menor I.R.D), cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; y, v) Además deberá realizar los apercibimientos respectivos a fin de que ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, esté en aptitud de proveer con posterioridad cuál será el destino de la menor. En el entendido de que las determinaciones que tome acerca de la custodia del menor I.R.D. y, eventualmente, un régimen de convivencia de éste con sus padres deberán tener el carácter de provisionales, mientras las partes intervinientes en el expediente 447/2020 (padres de dicho menor) ejercen sus derechos a través de la jurisdicción contenciosa, en los términos que establece el artículo 1390 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, quedando en libertad la autoridad responsable de decidir la forma y términos en que se deberá dar cumplimiento a dicha disposición legal.". (sic). Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno (fojas 133 a 136), por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, el cumplimiento respectivo. Así, mediante oficio 24, de diecinueve de febrero del año en curso (foja 139), la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, remitió copia certificada del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares (fojas 141 a 145), en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. Atento a ello, por acuerdo de veinticuatro de febrero del año de dos mil veintiuno (foja 147), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida sentencia de amparo Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 1139, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, remitió copia certificada del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares (fojas 141 a 145), documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, del cual se desprende lo siguiente: Dejó sin efecto legal alguno, lo acordado en la junta familiar, celebrada en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se decretó la custodia de manera provisional de la menor I.R.D. a favor de la señora Estefania Díaz Garzón y se estableció régimen de convivencia con el padre no custodio, así como pensión alimenticia a favor de la menor y se ordenó girar oficios a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para efectos de que personal a su cargo practicaras estudios psicológicos, de trabajo social y visitas domiciliarias a los comparecientes. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dictó un nuevo acuerdo en el que tomó en consideración las actuaciones que obran en el expediente generador del acto reclamado, y acató lo expresado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez y la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón, en sus manifestaciones consistentes en: Comparecencia de ESTEFANIA DÍAZ GARZÓN. ".Que el día de ayer domingo aproximadamente a las tres y media de la tarde en el domicilio donde me encontraba viviendo con el papa de mi hija de nombre JUAN CARLOS RAMÍREZ SUÁREZ tuvimos una discusión y él se me vino a los golpes y como me tuve que defender y como la casa es de dos pisos y tiene escaleras le marzo a su familia para que lo levaran al hospital y regreso a las tres horas, y sus familiares llegaron junto con el agrediéndome una de sus hermanas me golpeó, el vio todo lo que me hacía su familia y no hizo nada, después él se salió del domicilio y mi suegra DELIA SUÁREZ de quien no recuerdo el segundo apellido y su hermana ANAHÍ SUÁREZ PÉREZ me arrebataron a mi hija ITZATANA RAMÍREZ DÍAZ quien cuenta con la edad de un año dos meses, y se la sacaron del domicilio y a mí me dejaron dentro del mismo domicilio y yo quería hablar con el papa de la niña para ver cómo íbamos a quedar pero no me dejaron porque me agarraron a empujones y mi suegro ROBERTO RAMÍREZ CUAPIO me agarró a jalones y no quería que hablara con su hijo ni me dejaba ver a mi hija y me dijeron que quería que llegara mi padre para que me saliera del domicilio porque yo no tenía nada que hacer por lo que hice fue salirme y lo que quiero es a mi hija de regreso ya que no le tengo confianza a ellos para que la cuiden y aparte porque es una menor de edad. Siendo todo lo que tiene que declarar.". (sic) Lo manifestado por las partes ESTEFANÍA DÍAZ GARZÓN Y JUAN CARLOS RAMÍREZ SUÁREZ, el día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, . "que si desea participar en esta diligencia manifestando que refiriendo que no es verdad lo que manifestó su ex concubina ya que en primer lugar ella misma le entregó a mi cuñado a nuestra menor hija, y en segundo lugar como ella no le tiene confianza a mi familia, yo tampoco le tengo confianza a ella porque ella es muy agresiva, no es cierto que me caí de las escaleras, ella me empujó y no es la primera vez que lo hace ya que tengo diferentes marcas de los golpes que me ha dado, me gritas por lo mismo quiero pelear la custodia de mi hija ITZAYANA RAMÍREZ DÍAZ; por lo que estoy de acuerdo en entregarle a ESTEFANÍA DÍAZ GARZÓN el día de hoy a las cinco de la tarde nuestra hija, se los voy a llevar a la casa donde vivíamos ubicada en Calle Jazmines número cinco Colonia Guerrero Tepeyanco Tlaxcala, por lo que quisiera convivir con mi hija de cinco a siete de la tarde todos los viernes tendrá yo iré al domicilio de la señora ESTEFANIA DÍAZ GARZÓN, comprometiéndose a dar como pensión alimenticia la cantidad de doscientos pesos semanales, refiriendo la señora ESTEFANPIA DÍAZ GARZÓN estar de acuerdo, que es todo lo que tiene que manifestar.". (sic) Informó que el asunto se radicó como diligencias sobre cuestiones familiares y que en el desahogo de la Junta Familiar Juan Carlos Ramírez Suárez manifestó entre otras cosas que: ".por lo mismo quiero pelear la custodia de mi hija Itzayana Ramírez Díaz.", por ende, surgió una controversia en el asunto ya que ambos progenitores solicitaron la custodia de la menor I.R.D, dado que el quejoso se opuso a las diligencias en su vertiente de jurisdicción voluntaria; por lo que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1390 del Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, el Juez responsable dio por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria, y declaró contenciosas las diligencias¸ por lo que ordenó la admisión y tramitación de las diligencias con las reglas previstas para la jurisdicción contenciosa, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 823, 824 y 826 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, dejando expeditos los derechos de las partes para que ejercitaren la acción que consideren procedente; y de esta forma la autoridad responsable estimara de manera más amplia la situación familiar que se vive en torno a la menor de edad. Por otra parte, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, atendiendo lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, señaló que cuando no se establece un determinado plazo para algún acto, este sería de tres días hábiles; consecuentemente, hizo saber a la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón y quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez que, les concedió el término de tres días contados a partir de que se les notifique el proveído materia de la concesión del presente juicio de amparo, para que formularan su demanda correspondiente, con el apercibimiento que ante un eventual incumplimiento, y no presentar la demanda correspondiente para dar inicio a la jurisdicción contenciosa, dentro del término concedido les impondría una medida de apremio consistente en una multa de diez días de salario mínimo vigente. Finalmente, procedió a decretar medidas de protección de manera provisional a favor de la menor I.R.D., con fundamento en los artículos 1, 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 6 y 9 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, 13, 14, 24, 43 y 46 de la ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y con base en los elementos probatorios que obran en las actuaciones del expediente 447/2020, del índice de la juez responsable, y de las que se desprendió la existencia del acta de nacimiento la menor I.R.D., quien tiene un año siete meses; por lo que atendiendo al interés superior de la menor, y de conformidad con lo que establece la última ley citada, que establece: ".los hijos menores de seis años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos.". De lo que consideró que al no existir algún elemento o medio de prueba que justifique que la menor corra peligro con su progenitora o que la madre se encuentre imposibilitada para el cuidado de la menor, y dada la edad que tiene y que estaba bajo el cuidado de Estefanía Díaz Garzón, ya que refiere que se la arrebató Juan Carlos Ramírez Suárez y si bien es cierto que este último manifestó que iba a pelear la custodia de su hija, refiere la responsable que, también es cierto que, estuvo de acuerdo en entregar a su hijo a Estefanía Díaz Garzón, e incluso determinó el lugar en la cual la entregaría y se comprometió a depositar la cantidad de doscientos pesos por concepto de pensión alimenticia; por lo que decretó la custodia provisional de la menor de identidad reservada I.R.D. a Estefanía Díaz Garzón, debiendo entregar Juan Carlos Ramírez Suárez a I.R.D., a Estefanía Díaz Garzón, en el domicilio ubicado en Tercera Cerrada Avenida Puebla veinte, sección Segunda de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del auto que ente proveído se estudia, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de diez unidades de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el artículo 131 fracción I del Código de Procedimientos Civiles aplicable en el Estado de Tlaxcala. Atento, a lo anterior es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Manifestaciones del quejoso. Ahora bien, el impetrante Juan Carlos Ramírez Suárez (fojas 156 y 157), por escrito presentado el cuatro de marzo del año en curso, expresó que la autoridad responsable ha incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, pues considera que reiteró la determinación del acto reclamado consistente en la junta familiar de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, al otorgarle la custodia de la menor I.R.D. a favor de la tercera interesada Estefania Díaz Garzón, ignorando que fue objeto de violencia por parte de la misma y teme que la integridad de dicha menor. Al respecto debe indicársele al impetrante que contrario a lo que considera, no existió repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, pues si bien se le dieron lineamientos por los cuales debía actuar al dictar una nueva determinación (auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares -fojas 141 a 145-), también lo es que se le dio libertad de jurisdicción para tomar las determinaciones respecto a la menor I.R.D., pues en los efectos de la ejecutoria de amparo, se precisó: "[.] i) Sea congruente y exhaustivo en atención a lo solicitado y manifestado por las partes; Funde y motive la determinación acerca de la custodia provisional del menor I.R.D.; [.].". Por tanto, el hecho de que la autoridad responsable determinara que con fundamento en los artículos 1, 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 6 y 9 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, 13, 14, 24, 43 y 46 de la ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y con base en los elementos probatorios que obran en las actuaciones del expediente 447/2020, de su índice (del que se desprendió la existencia del acta de nacimiento la menor I.R.D., quien tiene un año siete meses), así como al interés superior de la menor y de conformidad con lo que establece la última ley citada, que establece: ".los hijos menores de seis años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos.", que la tercera interesada debía tener de manera provisional la custodia de la menor a favor de la tercera interesada Estefania Díaz Garzón, no se considera una repetición al acto que se reclamó en este juicio de amparo, pues la responsable actuó con libertad de jurisdicción al tomar dicha determinación. En ese orden de ideas, debe indicársele al impetrante, que la temporalidad de dicha medida, es hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio contencioso que ordenó aperturar en cumplimiento a lo establecido por los artículos 823, 824, 826 y 1390 del Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, pues dio por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria y lo declaró contencioso, dejando expeditos los derechos de las partes para que ejercitaren la acción que consideren procedente. Dicho en otras palabras, tanto al quejoso como a la tercera interesada se les otorgó la oportunidad (tres días) de formular su demanda correspondiente a efecto de hacer valer sus derechos respecto a la custodia de la menor de edad de identidad reservada de referencia, con el apercibimiento que ante un eventual incumplimiento, y no presentar la demanda correspondiente para dar inicio a la jurisdicción contenciosa, dentro del término concedido les impondría una medida de apremio consistente en una multa de diez días de salario mínimo vigente. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercera interesada Estefanía Díaz Garzón, el contenido del proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno: En Apizaco, Tlaxcala, tres de mayo de dos mil veintiuno. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En tal virtud, es menester indicar que en la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 68 a 94), en el presente juicio de amparo indirecto número 489/2020-II, promovido por Juan Carlos Ramírez Suárez, se sobreseyó por una parte y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: "[.] OCTAVO. Decisión. Toda vez que la diligencia (junta familiar) de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente familiar 447/2020, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, resultó violatoria de derechos fundamentales, lo procedente es otorgar la protección constitucional solicitada, para que el efecto de que la autoridad responsable: Deje sin efecto lo acordado en la mencionada junta familiar; y, En acatamiento a los lineamientos de este fallo y a lo manifestado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez y la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón, dicte un nuevo acuerdo que: Sea congruente y exhaustivo en atención a lo solicitado y manifestado por las partes; Funde y motive la determinación acerca de la custodia provisional del menor I.R.D.; Actúe en términos de lo que establece el artículo 1390 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Asimismo, como complemento al punto inmediato anterior, deberá precisar a las partes (padres de la menor I.R.D), cuál es el plazo con que cuentan para presentar su demanda en la vía contenciosa correspondiente; y, v) Además deberá realizar los apercibimientos respectivos a fin de que ante un eventual incumplimiento al requerimiento decretado, esté en aptitud de proveer con posterioridad cuál será el destino de la menor. En el entendido de que las determinaciones que tome acerca de la custodia del menor I.R.D. y, eventualmente, un régimen de convivencia de éste con sus padres deberán tener el carácter de provisionales, mientras las partes intervinientes en el expediente 447/2020 (padres de dicho menor) ejercen sus derechos a través de la jurisdicción contenciosa, en los términos que establece el artículo 1390 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, quedando en libertad la autoridad responsable de decidir la forma y términos en que se deberá dar cumplimiento a dicha disposición legal.". (sic). Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno (fojas 133 a 136), por lo que se requirió a la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, el cumplimiento respectivo. Así, mediante oficio 24, de diecinueve de febrero del año en curso (foja 139), la autoridad responsable Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, remitió copia certificada del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares (fojas 141 a 145), en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. Atento a ello, por acuerdo de veinticuatro de febrero del año de dos mil veintiuno (foja 147), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos y datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene cumplida sentencia de amparo Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 1139, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, remitió copia certificada del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares (fojas 141 a 145), documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, del cual se desprende lo siguiente: Dejó sin efecto legal alguno, lo acordado en la junta familiar, celebrada en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se decretó la custodia de manera provisional de la menor I.R.D. a favor de la señora Estefania Díaz Garzón y se estableció régimen de convivencia con el padre no custodio, así como pensión alimenticia a favor de la menor y se ordenó girar oficios a la Directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para efectos de que personal a su cargo practicaras estudios psicológicos, de trabajo social y visitas domiciliarias a los comparecientes. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, dictó un nuevo acuerdo en el que tomó en consideración las actuaciones que obran en el expediente generador del acto reclamado, y acató lo expresado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez y la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón, en sus manifestaciones consistentes en: Comparecencia de ESTEFANIA DÍAZ GARZÓN. ".Que el día de ayer domingo aproximadamente a las tres y media de la tarde en el domicilio donde me encontraba viviendo con el papa de mi hija de nombre JUAN CARLOS RAMÍREZ SUÁREZ tuvimos una discusión y él se me vino a los golpes y como me tuve que defender y como la casa es de dos pisos y tiene escaleras le marzo a su familia para que lo levaran al hospital y regreso a las tres horas, y sus familiares llegaron junto con el agrediéndome una de sus hermanas me golpeó, el vio todo lo que me hacía su familia y no hizo nada, después él se salió del domicilio y mi suegra DELIA SUÁREZ de quien no recuerdo el segundo apellido y su hermana ANAHÍ SUÁREZ PÉREZ me arrebataron a mi hija ITZATANA RAMÍREZ DÍAZ quien cuenta con la edad de un año dos meses, y se la sacaron del domicilio y a mí me dejaron dentro del mismo domicilio y yo quería hablar con el papa de la niña para ver cómo íbamos a quedar pero no me dejaron porque me agarraron a empujones y mi suegro ROBERTO RAMÍREZ CUAPIO me agarró a jalones y no quería que hablara con su hijo ni me dejaba ver a mi hija y me dijeron que quería que llegara mi padre para que me saliera del domicilio porque yo no tenía nada que hacer por lo que hice fue salirme y lo que quiero es a mi hija de regreso ya que no le tengo confianza a ellos para que la cuiden y aparte porque es una menor de edad. Siendo todo lo que tiene que declarar.". (sic) Lo manifestado por las partes ESTEFANÍA DÍAZ GARZÓN Y JUAN CARLOS RAMÍREZ SUÁREZ, el día veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, . "que si desea participar en esta diligencia manifestando que refiriendo que no es verdad lo que manifestó su ex concubina ya que en primer lugar ella misma le entregó a mi cuñado a nuestra menor hija, y en segundo lugar como ella no le tiene confianza a mi familia, yo tampoco le tengo confianza a ella porque ella es muy agresiva, no es cierto que me caí de las escaleras, ella me empujó y no es la primera vez que lo hace ya que tengo diferentes marcas de los golpes que me ha dado, me gritas por lo mismo quiero pelear la custodia de mi hija ITZAYANA RAMÍREZ DÍAZ; por lo que estoy de acuerdo en entregarle a ESTEFANÍA DÍAZ GARZÓN el día de hoy a las cinco de la tarde nuestra hija, se los voy a llevar a la casa donde vivíamos ubicada en Calle Jazmines número cinco Colonia Guerrero Tepeyanco Tlaxcala, por lo que quisiera convivir con mi hija de cinco a siete de la tarde todos los viernes tendrá yo iré al domicilio de la señora ESTEFANIA DÍAZ GARZÓN, comprometiéndose a dar como pensión alimenticia la cantidad de doscientos pesos semanales, refiriendo la señora ESTEFANPIA DÍAZ GARZÓN estar de acuerdo, que es todo lo que tiene que manifestar.". (sic) Informó que el asunto se radicó como diligencias sobre cuestiones familiares y que en el desahogo de la Junta Familiar Juan Carlos Ramírez Suárez manifestó entre otras cosas que: ".por lo mismo quiero pelear la custodia de mi hija Itzayana Ramírez Díaz.", por ende, surgió una controversia en el asunto ya que ambos progenitores solicitaron la custodia de la menor I.R.D, dado que el quejoso se opuso a las diligencias en su vertiente de jurisdicción voluntaria; por lo que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 1390 del Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, el Juez responsable dio por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria, y declaró contenciosas las diligencias¸ por lo que ordenó la admisión y tramitación de las diligencias con las reglas previstas para la jurisdicción contenciosa, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 823, 824 y 826 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, dejando expeditos los derechos de las partes para que ejercitaren la acción que consideren procedente; y de esta forma la autoridad responsable estimara de manera más amplia la situación familiar que se vive en torno a la menor de edad. Por otra parte, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, atendiendo lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, señaló que cuando no se establece un determinado plazo para algún acto, este sería de tres días hábiles; consecuentemente, hizo saber a la tercera interesada Estefanía Díaz Garzón y quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez que, les concedió el término de tres días contados a partir de que se les notifique el proveído materia de la concesión del presente juicio de amparo, para que formularan su demanda correspondiente, con el apercibimiento que ante un eventual incumplimiento, y no presentar la demanda correspondiente para dar inicio a la jurisdicción contenciosa, dentro del término concedido les impondría una medida de apremio consistente en una multa de diez días de salario mínimo vigente. Finalmente, procedió a decretar medidas de protección de manera provisional a favor de la menor I.R.D., con fundamento en los artículos 1, 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 6 y 9 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, 13, 14, 24, 43 y 46 de la ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y con base en los elementos probatorios que obran en las actuaciones del expediente 447/2020, del índice de la juez responsable, y de las que se desprendió la existencia del acta de nacimiento la menor I.R.D., quien tiene un año siete meses; por lo que atendiendo al interés superior de la menor, y de conformidad con lo que establece la última ley citada, que establece: ".los hijos menores de seis años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos.". De lo que consideró que al no existir algún elemento o medio de prueba que justifique que la menor corra peligro con su progenitora o que la madre se encuentre imposibilitada para el cuidado de la menor, y dada la edad que tiene y que estaba bajo el cuidado de Estefanía Díaz Garzón, ya que refiere que se la arrebató Juan Carlos Ramírez Suárez y si bien es cierto que este último manifestó que iba a pelear la custodia de su hija, refiere la responsable que, también es cierto que, estuvo de acuerdo en entregar a su hijo a Estefanía Díaz Garzón, e incluso determinó el lugar en la cual la entregaría y se comprometió a depositar la cantidad de doscientos pesos por concepto de pensión alimenticia; por lo que decretó la custodia provisional de la menor de identidad reservada I.R.D. a Estefanía Díaz Garzón, debiendo entregar Juan Carlos Ramírez Suárez a I.R.D., a Estefanía Díaz Garzón, en el domicilio ubicado en Tercera Cerrada Avenida Puebla veinte, sección Segunda de Zacatelco, Tlaxcala, dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del auto que ente proveído se estudia, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa de diez unidades de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el artículo 131 fracción I del Código de Procedimientos Civiles aplicable en el Estado de Tlaxcala. Atento, a lo anterior es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. No existe defecto o exceso Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando las responsables se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando las autoridades cumplen parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; al respecto, como criterio orientador, se cita la jurisprudencia del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento, en razón a que la responsable siguió lo ordenado en la sentencia protectora en los términos indicados con antelación. Tampoco existe exceso, pues la autoridad responsable no se extralimitó en el cumplimiento, pues no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por tanto, no existió defecto en el cumplimiento porque la responsable no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo. Manifestaciones del quejoso. Ahora bien, el impetrante Juan Carlos Ramírez Suárez (fojas 156 y 157), por escrito presentado el cuatro de marzo del año en curso, expresó que la autoridad responsable ha incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, pues considera que reiteró la determinación del acto reclamado consistente en la junta familiar de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, al otorgarle la custodia de la menor I.R.D. a favor de la tercera interesada Estefania Díaz Garzón, ignorando que fue objeto de violencia por parte de la misma y teme que la integridad de dicha menor. Al respecto debe indicársele al impetrante que contrario a lo que considera, no existió repetición del acto reclamado por parte de la autoridad responsable, pues si bien se le dieron lineamientos por los cuales debía actuar al dictar una nueva determinación (auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 447/2020, de su índice, relativo a las Diligencias sobre Cuestiones Familiares -fojas 141 a 145-), también lo es que se le dio libertad de jurisdicción para tomar las determinaciones respecto a la menor I.R.D., pues en los efectos de la ejecutoria de amparo, se precisó: "[.] i) Sea congruente y exhaustivo en atención a lo solicitado y manifestado por las partes; Funde y motive la determinación acerca de la custodia provisional del menor I.R.D.; [.].". Por tanto, el hecho de que la autoridad responsable determinara que con fundamento en los artículos 1, 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,3, 6 y 9 de la Convención Americana de los Derechos del Niño, 13, 14, 24, 43 y 46 de la ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, y con base en los elementos probatorios que obran en las actuaciones del expediente 447/2020, de su índice (del que se desprendió la existencia del acta de nacimiento la menor I.R.D., quien tiene un año siete meses), así como al interés superior de la menor y de conformidad con lo que establece la última ley citada, que establece: ".los hijos menores de seis años quedarán en poder de la madre, salvo que se ponga en peligro la salud física o mental de los hijos.", que la tercera interesada debía tener de manera provisional la custodia de la menor a favor de la tercera interesada Estefania Díaz Garzón, no se considera una repetición al acto que se reclamó en este juicio de amparo, pues la responsable actuó con libertad de jurisdicción al tomar dicha determinación. En ese orden de ideas, debe indicársele al impetrante, que la temporalidad de dicha medida, es hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio contencioso que ordenó aperturar en cumplimiento a lo establecido por los artículos 823, 824, 826 y 1390 del Código de Procedimientos del Estado de Tlaxcala, pues dio por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria y lo declaró contencioso, dejando expeditos los derechos de las partes para que ejercitaren la acción que consideren procedente. Dicho en otras palabras, tanto al quejoso como a la tercera interesada se les otorgó la oportunidad (tres días) de formular su demanda correspondiente a efecto de hacer valer sus derechos respecto a la custodia de la menor de edad de identidad reservada de referencia, con el apercibimiento que ante un eventual incumplimiento, y no presentar la demanda correspondiente para dar inicio a la jurisdicción contenciosa, dentro del término concedido les impondría una medida de apremio consistente en una multa de diez días de salario mínimo vigente. Se declara cumplido el fallo protector Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Parte quejosa promueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Suárez; por el cual aduce promover queja por exceso y efecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, no existe auto por el cual este órgano jurisdiccional haya emitido algún pronunciamiento en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; es decir, aquél por el cual se tenga por cumplida o no la misma. Se tienen por hechas las manifestaciones que realiza. En atención a lo anterior, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza la quejosa en las que aduce que la autoridad responsable ha incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mismos que serán analizados en la resolución que este juzgado dicte al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento informado por la autoridad responsable. Asimismo, dígasele a la parte quejosa que la Ley de Amparo vigente, ya no prevé la queja por exceso o defecto, pues si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, dicho análisis bastaba únicamente con realizar un estudio entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, por lo que dicha legislación contemplaba el recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, pues ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. Si bien es cierto. que el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, se concluye que en este medio de impugnación puede combatirse el exceso o defecto dado a la ejecutoria de amparo, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 76/2014 (10a.), visible en la página 605, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, del contenido siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo.". Notifíquese.

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