Juan Carlos Ramírez Ramírez
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramírez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 498/2022 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de tres de junio de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el veinticuatro de junio posterior, se negó la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente se negó la suspensión provisional y la definitiva conforme a lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, en relación con el diverso 21, inciso c), de la propia norma de observancia general, el presente cuaderno original es susceptible de destrucción. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva el presente incidente no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales salvo el instrumento que más adelante se indicará respecto del cual se proveerá sobre su devolución y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cuanto al documento original recepcionado en el auto tres de mayo de dos mil veintidós, consistente en el oficio 10944/FMIX/HUAJUAPAN/2022 de dieciocho de marzo del año en curso, suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca, que el disidente exhibió con su demanda de amparo, el cual obra en el expediente en el que se instrumenta este asunto, se provee: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del código adjetivo civil federal invocado, comuníquese al justiciable que se deja a su disposición ese instrumento para que acuda a recogerlo dentro de un plazo de noventa días, previa copia fotostática simple que se deje en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, esa documental será destruida. b) Para la entrega de ese instrumento, el disconforme deberá generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a obtener el documento correspondiente. c) En el entendido que deberá ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del acuerdo 21/2020 citado para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En tal sentido, se autoriza al quejoso y se faculta a sus autorizados para recibir la documental referida, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 498/2022 promovido por Juan Carlos Ramírez Ramírez en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES El quejoso aduce que los entes responsables Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, y Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, pretenden desalojarlo y privarlo de un inmueble ubicado a un costado del paraje denominado "El Cerro Blanco", del anexo agrario de Natividad, Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como poseedor. El inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y afectan su esfera jurídica. II. TRÁMITE Juan Carlos Ramírez Ramírez promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable reclama los actos siguientes: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y del Síndico del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, impugna: Las órdenes de desalojo y de privación de un inmueble ubicado a un costado del paraje denominado "El Cerro Blanco", del anexo agrario de Natividad, Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como poseedor. La ejecución de esos mandamientos. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto registró la demanda con el progresivo 498/2022 y previno al disidente para que aclarara su escrito inicial. El disidente atendió la prevención, por lo que en el proveído de tres de junio del año en curso, este Juzgado Federal admitió a trámite el escrito inicial; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y del Síndico del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, impugna: Las órdenes de desalojo y de privación de un inmueble ubicado a un costado del paraje denominado "El Cerro Blanco", del anexo agrario de Natividad, Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como poseedor. La ejecución de esos mandamientos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, y al Síndico del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, porque las mencionadas autoridades en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Se sostiene lo anterior, porque si bien adjuntó a su ocurso inicial copias certificadas de las documentales siguientes: a) diversas actuaciones de la carpeta de investigación 10944/FMIX/HUAJUAPAN/2021; b) un contrato de compraventa de un terreno de cultivo temporal sujeto al régimen ejidal, el cual se ubica a un costado del paraje denominado "El Cerro Blanco", del anexo agrario de Natividad, Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, celebrado entre Juan Carlos Ramírez Ramírez y Francisco Javier Ramírez Flores, al que se anexaron una carta poder en la que Guadalupe Ramírez Méndez otorga poder a Armando Ramírez Ramírez y en ese documento se alude a la cesión de derechos y propiedad de un terreno ubicado a pie del "Cerro Blanco" y las credenciales para votar de los intervinientes en ese acto; c) el oficio 10944/FMIX/HUAJUAPAN/2022 el cual contiene una medida de protección de emergencia a favor de Juan Carlos Ramírez Ramírez y el acuse de recibo de la solicitud de esa medida; d) un citatorio dirigido al justiciable girado por la Síndico Municipal de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca; e) un acta de convenio entre Juan Carlos Ramírez Ramírez y Donato Daniel Ramírez Ramírez ante el Comisariado Ejidal de Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, sobre el conflicto que se suscitó por la compraventa de un lote que fue objeto de litigio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; y, f) un escrito en el que Comisariado Ejidal de Tonalá solicita a Juan Carlos Ramírez Ramírez se abstenga de realizar trabajos en la parcela que se ubica en el cerro "Cerro Blanco" que colinda con el señor Guadalupe Ramírez Martínez, a los cuales se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, lo cierto es que con esos instrumentos el disconforme no acredita la certeza de las actuaciones combatidas. Es así, porque con esas pruebas el quejoso solo demuestra que es parte en la carpeta de investigación 10944/FMIX/HUAJUAPAN/2021; que el disidente celebró con Francisco Javier Ramírez Flores una compraventa de un terreno de cultivo temporal sujeto al régimen ejidal, el cual se ubica a un costado del paraje denominado "El Cerro Blanco", del anexo agrario de Natividad, Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca; un poder otorgado a Armando Ramírez Ramírez; la aparente cesión de derechos y propiedad de un terreno ubicado a pie del "Cerro Blanco" a favor de la persona señalada en último orden y que quienes intervinieron en esos actos jurídicos tienen credencial para votar; la concesión de una medida de protección a favor del quejoso; la citación del inconforme por la Síndico Municipal de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca; un convenio entre Juan Carlos Ramírez Ramírez y Donato Daniel Ramírez Ramírez sobre un conflicto que se suscitó por la compraventa de un lote que fue objeto de litigio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca; y, f) la solicitud del Comisariado Ejidal de Tonalá al inconforme para que se abstenga de realizar trabajos en la parcela que se ubica en el cerro "Cerro Blanco" que colinda con el señor Guadalupe Ramírez Martínez, pero con esos documentos no se desvirtúan las negativas que las responsables sostuvieron en sus informes justificados ni evidencian la participación de esos entes públicos en los actos que les reprochó en términos de lo señalado por el arábigo 5, fracción II, de la ley de la materia. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron en sus informes con justificación, ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Ramírez Ramírez en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Agréguense sin mayor proveído el informe previo y sus anexos presentados por el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Tonalá, Huajuapan de León, Oaxaca, dado que el veinticuatro de los corrientes se celebró la audiencia en este incidente, en la que se dictó la interlocutoria respectiva en donde se negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados; en tal sentido, la presentación del citado informe es inoportuna, por lo que la responsable deberá estarse a lo decidido en esa resolución. No obstante lo anterior, se tiene como domicilio procesal de la citada autoridad el que indica en su ocurso y como su delegada a la persona que designa con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia. Notifíquese.
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