Juan Carlos Ramírez Larios
Expediente 687/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramírez Larios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, el suscrito juez advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, dicho expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE TRECE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito de cuenta, signado por MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ BRICEÑO, quejosa en el presente juicio de amparo, atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones vertidas en relación al auto de cuatro de mayo del presente año, Ahora por cuanto al sobreseimiento que solicita, requiérase al ocursante, para que dentro del término de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, con identificación oficial, comparezca al local que ocupa este Juzgado Federal, a ratificar el contenido y la firma que calza el escrito de cuenta, apercibido que en caso de no hacerlo dentro del citado lapso, se tendrá por no formulada su petición y se continuará con la prosecución del presente juicio.
- Principal
Se notifica por medio de listad de acuerdos al quejoso el auto de dieciocho de mayo de dos mil diciséis, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. Cumplimiento a la prevención. Visto el escrito signado por el promovente de amparo Juan Carlos Ramírez Larios, mediante el cual se le tiene cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en auto de trece de mayo del año en curso (folio 9); en consecuencia, se ordena agregar a sus autos lo de cuenta para que obre como en derecho corresponda. Desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda en razón de su notoria improcedencia, por las siguientes razones: El artículo 62 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, en numeral 113 del propio ordenamiento refiere: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Estos preceptos autorizan al suscrito a analizar de oficio las causas de improcedencia, así como también a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa establece: "Artículo 61. "El juicio de amparo es improcedente: "... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. " Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, tomando en consideración que en la especie no nos encontramos ante ninguna de las excepciones que señala el artículo 17, se concluye que el término que tuvo el impetrante de garantías para interponer su demanda de amparo fue de quince días, contados a partir del siguiente al en fue notificado del acto reclamado (auto de formal prisión), del que se duele, según lo manifestó en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad. Del contenido íntegro de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de forma destacada el auto de formal prisión dictado el seis de abril de dos mil dieciséis, dictado en los autos de la causa penal 9/2013, del índice del Juzgado Primero de lo Penal con residencia en esta ciudad. Ahora bien, si como expresa el quejoso en su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, fue notificado de dicho auto de formal prisión el seis de abril de dos mil dieciséis, es claro que el término quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo le transcurrió del siete al veintisiete de abril de dos mil dieciséis, ello en términos del artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, que indica que los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación; descontándose de dicho lapso el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, por tratarse de sábados y domingos que son inhábiles, de acuerdo con los artículos 19 de la Ley de Amparo, y 74 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, del sello de la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE COLIMA, se desprende que la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis (folio 3), es evidente que la interposición del juicio de garantías, se realizó de manera extemporánea, pues no se promovió dentro del término de quince días posteriores a la fecha en que la parte quejosa fue notificada del acto que reclama, esto es, el auto de formal prisión dictado en los autos de la causa penal 9/2013. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la informan el criterio que aparece publicado en la página 353 del tomo 205-216 Séptima Parte, sustentado por la Sala Auxiliar de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 245174, Séptima Época bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." Además, se pone de manifiesto que lo expresado por la parte quejosa, en su escrito aclaratorio, constituye una confesión expresa, en los términos a que se refiere el artículo 95, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y tesis publicada en la página 857, del Tomo XII Diciembre de 1993, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común con registro 214035, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De lo expuesto, resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, del mismo ordenamiento legal; en consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO EN RAZÓN DE SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, pues por las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Espiry Javier Correa Guízar, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a lo acordado en la sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el tres de mayo de dos mil dieciséis, comunicado mediante oficio número CCJ/ST/1498/2016 de la misma fecha, que actúa con el secretario, licenciado Arturo Loya Sánchez, quien autoriza y da fe.ALS/ljrj
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de inconformidad, dentro del término legal, contra la resolución que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO, El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, dicho expediente es susceptible de depuración.
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