Juan Carlos Ramirez Lajud
Expediente 563/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramirez Lajud
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente de amparo interpusiera recurso de queja en contra del auto de ocho de julio de la presente anualidad, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Carlos Ramírez Lajud, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le practicó por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se le requirió para que en el término de cinco días, cumpliera con lo siguiente: ".bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes de su acto reclamado, en los que deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificada la resolución que por esta vía constitucional reclama; quién promovió la reclamación de la que deriva la resolución de la que se duele, esto es, si fue el promovente o fue su contraparte; el sentido en que se resolvió la reclamación que combate y qué porcentaje se decretó como pensión alimenticia en esa resolución. Datos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión la demanda de amparo.(.) Ahora bien, de la lectura hecha al escrito aclaratorio, se puede advertir que el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención contenida en el único punto, pues señala que el tres de junio del año en curso, le fue notificada la resolución reclamada, asimismo que la pensión provisional del 30% que fue decretada en el juicio de origen también fue confirmada en resolución que reclama. No obstante ello, del propio escrito que se provee se advierte que la parte quejosa omitió manifestar de manera expresa la "protesta de decir verdad", tal y como se le requirió en el auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, pues ésta es un requisito formal en la demanda de amparo, como lo establece la primera parte de la fracción V, del artículo 108, de la Ley de Amparo, y por ende en el escrito aclaratorio, que es un complemento de la misma. Es aplicable al caso, por los datos que la informan, la jurisprudencia P./J. 127/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, voz: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Por lo anterior, no es procedente considerar cabalmente cumplido el requerimiento efectuado al quejoso, en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Cabe precisar, que en el caso, no resulta dable requerir de nueva cuenta al promovente de amparo, a fin de que desahogue el requerimiento de trato, toda vez que la promoción de cuenta, fue presentada el cinco de los actuales, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, es decir, el último día de los cinco que se concedieron como plazo para cumplir el requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de junio del año en curso. Por tanto, la hipótesis prevista en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO" no resulta aplicable al caso en estudio. Ello en virtud de que dicha jurisprudencia aplica únicamente cuando el promovente, antes del término que se le otorgó, es decir, dentro de los cuatro primeros días de los cinco días señalados en el referido artículo 114, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, supuesto en el que el juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos cinco días; lo anterior, en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio, lo cual no aconteció en el caso en específico, puesto que la promoción de que se trata, fue presentada el último día de los cinco otorgados, por lo que no habría término que suspender para hacerle del conocimiento la omisión señalada. En mérito de lo anterior, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha trascurrido el término de cinco días concedido a la promovente para que cumpla con lo ordenado en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la quejosa en el acuerdo de mérito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda con que se formó este expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, la razón actuarial de veinticinco de junio de la presente anualidad, de la que se advierte que no fue posible notificar al quejoso Juan Carlos Ramírez Lajud, el proveído de veintiuno de junio del año en curso, toda vez que el notificador advirtió que el domicilio que el quejoso señaló para tal efecto, está deshabitado, aunado a que un vecino del lugar le informó que dicho inmueble fue desocupado desde hace aproximadamente un año. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación al quejoso, por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Ramírez Lajud contra actos reclamados al Juez Décimo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 563/2019-3-A. Al respecto, se acuerda: OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este órgano jurisdiccional analizó la demanda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 108 fracción V, 112 y 114, que en lo referente establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Del citado marco normativo se deriva que es obligación del impetrante de amparo indicar bajo protesta de decir los antecedentes del acto reclamado; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el citado numeral de la ley de la materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para que subsane dichas deficiencias. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado lo siguiente: "La resolución interlocutoria que recayera con motivo del Recurso de Reclamación Interpuesto en contra de la medida provisional alimentaria decretada dentro de los autos del expediente 0862/2018 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia de este distrito Judicial, la cual me fue notificada por lista de acuerdo del mismo juzgado, el día veinticinco de Abril del año que cursa". Sin embargo, el suscrito advierte ciertas deficiencias en la demanda de mérito, pues al señalar el acto que reclama, el quejoso manifiesta que la resolución que reclama le fue notificada el veinticinco de abril del presente año, y por otra, específicamente en el punto tercero del capítulo de antecedentes de su acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que la resolución que combate se emitió en la fecha antes citada; empero, al expresar sus conceptos de violación, concretamente en el marcado con el arábigo 1, expresa el quejoso que el acto que reclama le fue notificado el tres de junio del año en curso. Circunstancia que crea incertidumbre en el suscrito, respecto a cuál es la fecha en que le fue notificada al quejoso la resolución que viene reclamando a través de esta instancia constitucional, por lo que resulta necesario requerir al nombrado promovente para que precise el dato señalado, pues éste resulta indispensable a fin de estar en aptitud de proveer sobre la procedencia de la demanda promovida. De igual manera, expresa inicialmente que no se redujo considerablemente la medida provisional decretada y posteriormente señala que se aumentó considerablemente la pensión decretada inicialmente, lo que también causa confusión en el suscrito juzgador. SENTIDO DE LA PREVENCIÓN QUE SE FORMULA. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o dentro del término de cinco días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, por escrito y con las copias que establece el artículo 110, de la citada legislación, bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo cumpla con lo siguiente: ÚNICO: Amplíe los antecedentes de su acto reclamado, en los que deberá precisar la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificada la resolución que por esta vía constitucional reclama; quién promovió la reclamación de la que deriva la resolución de la que se duele, esto es, si fue el promovente o fue su contraparte; el sentido en que se resolvió la reclamación que combate y qué porcentaje se decretó como pensión alimenticia en esa resolución. Datos que resultan indispensables para el suscrito juzgador, a fin de estar en aptitud de tener datos complementarios suficientes para proveer sobre la admisión la demanda de amparo. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Mientras tanto, guárdense en la secretaría de este juzgado, las cuatro copias de la demanda de mérito. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados, con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Cárdenas López y Perla Alexandra Maya Medina, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no aparecen sus registros y el quejoso no acreditó que éstos cuenten con autorización oficial para ejercer la licenciatura en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones personales que se ordenen durante la tramitación del presente juicio de amparo, aun en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Secretario en funciones, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, así como que la persona que recepcione la información sea debidamente identificada y previo apersonamiento ante el personal judicial correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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