Juan Carlos Ramírez Guzmán
Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 54 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 54
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramírez Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 54.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual registró con el número 366/2023. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a este asunto el escrito del quejoso **********, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de mayo del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítasele vía interconexión las constancias que integran este juicio, así como el escrito de agravios, para su substanciación. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el que se formulan agravios. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 583/2022-VI; y, R E S U L T A N D O. I. **************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades. II. Por auto del veintinueve de junio de dos mil veintidós, este Juzgado registró el expediente en el índice de este Órgano Jurisdiccional con el número 583/2022-VI y admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. En autos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós y doce de enero de dos mil veintitrés, se admitieron a trámite los escritos de ampliación de demanda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse un acto atribuido a autoridades administrativas el cual se ejecutó donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: El congelamiento de las cuentas bancarias números: 60-52957111-0, de la cual derivan dos cuentas junior identificadas como 40-00329838-2 y 40-003298040-8, aperturada ante la institución bancaria denominada Santander. 60-60650616-4, aperturada ante la institución bancaria denominada Santander. 60-61839272-8 aperturada ante la institución bancaria denominada Santander. 0831277783, aperturada ante la institución bancaria denominada Banorte. Lo anterior, derivado del procedimiento de ejecución del crédito fiscal 203134502-(LI)-1631/2006, del veintiocho de junio de dos mil seis. TERCERO. La Institución Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México; Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banco Múltiple, Grupo Financiero Banorte; Delegado de Asuntos Contenciosos Nezahualcóyotl de la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en representación de la autoridad responsable Delegación Fiscal Ecatepec de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado De México y del Notificador Adscrito a la Delegación Fiscal de Ecatepec, ambos adscritos a la misma Secretaria, al rendir sus informes justificados aceptaron el acto reclamados que les fue atribuido. La Directora Contenciosa y Director Contencioso, ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación del Presidente y del Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negaron el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que las autoridades ordenadores aceptaron la existencia de los actos reclamados, motivo por el que se tienen por ciertos. CUARTO. En inicio, cabe destacar que el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento de ejecución derivado del crédito fiscal 203134502-(LI)-1631/2006, del veintiocho de junio de dos mil seis. Sin embargo, este Órgano de Control Constitucional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables." La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que su aplicación deriva de la relación que guarda con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el numeral en comento. Por su parte, el segundo numeral establece la obligación de la parte quejosa de señalar a la autoridad responsable en su demanda de amparo. Ahora, como se advierte de la demanda, el acto reclamado es el aseguramiento de cuentas bancarias derivado del procedimiento de ejecución del crédito fiscal 203134502-(LI)-1631/2006, del veintiocho de junio de dos mil seis, por la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, respecto del cual se ostenta tercero extraño. En atención a lo anterior, mediante auto del uno de marzo de dos mil veintitrés dictado en el presente asunto, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, dado que es la autoridad que emitió el crédito fiscal que originó el procedimiento de ejecución de que se duele la parte quejosa; por ello, se le hizo saber el derecho que se le concedía para ampliar su demanda de amparo en cuanto a ésta autoridad que no designó como responsable y los actos que le reclamara en su caso. No obstante lo anterior, no desahogo dicha prevención; por ende, se continuó con la secuela procesal. En consecuencia, al no haber sido designada como autoridad responsable la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y por ende, al no ser llamada a juicio, es evidente que no estuvo en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos. De tal manera, que no es jurídicamente factible analizar dichas cuestiones que es la parte medular, para determinar si se violó en perjuicio de la justiciable sus derechos humanos. Por lo que, no se puede conforme a las disposiciones que norman el juicio de amparo, decidirse sobre actos de esa autoridad, pues, equivaldría no solamente a suplir la deficiencia de la queja, sino a resolver una controversia, sin oír a la parte afectada y sin conocerse las razones que le sirvieron de apoyo. A mayor abundamiento, cabe precisar que en el juicio de amparo, se suscita en una controversia entre la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables y, por lo mismo, tienen que ser éstas designadas para que sean oídas y darles oportunidad a que justifiquen o intenten justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado algún derecho constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a las autoridades de quien realmente ha ejecutado los actos que se reclama, no puede resolverse sobre la constitucionalidad de estas, por tanto, se debe sobreseer en el amparo cuando se incurra en tal omisión. Lo anterior, sin que haya obligación de aplicar la suplencia de la queja a favor de la inconforme, ya que ésta sólo puede aplicarse sobre la exposición de los conceptos de violación, en los casos en que se advierta que ha habido en su contra una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa, pero de ninguna manera permite al suscrito sustituirse a la solicitante de amparo en el señalamiento de las autoridades responsables. Es aplicable la tesis 2a. LV/95 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página doscientos treinta y seis, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, junio de 1995, Novena Época, registro 200805, cuyo rubro y texto es: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACION DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables." Por tanto, al no haber señalado la parte quejosa como autoridad responsable a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, no obstante el requerimiento que se le formuló como se ha hecho referencia, el suscrito se encuentra imposibilitado para efectuar el estudio de la cuestión en comento. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, página: 738, registro 202332, cuyo epígrafe y contenido refiere: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al diverso 108 fracción III, de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Asimismo, respeto del embargo de las cuentas bancarias señaladas por el quejoso, este órgano de control de constitucionalidad estima oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 107, fracciones III y IV, y 217 de la Ley de Amparo. Los preceptos normativos de referencia establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)" Los preceptos normativos en cita, permiten establecer las siguientes conclusiones; Que la improcedencia del juicio de amparo puede derivar no solo de los supuestos nominados y específicos que establece el catálogo del artículo 61 de la Ley de Amparo en las primeras XXII fracciones; sino que también puede derivar de los diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, y de las jurisprudencias obligatorias para los órganos jurisdiccionales, al constituir los parámetros de interpretación válida de las normas. Que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero solo bajo dos supuestos: Cuando se trata de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, y; Si se trata de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Que cuando el acto provenga de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, el juicio de amparo procede además si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero no en todos los supuestos, sino sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Adicionalmente, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Finalmente, que la jurisprudencia de los órganos legalmente legitimados para emitirla, constituye un parámetro de interpretación válida de las normas, que surge de ejercicios hermenéuticos derivados de los casos concretos en los que resulta imprescindible atribuirle un sentido a la norma, al tenor de los elementos fácticos que componen los casos concretos. Por tal motivo, también la improcedencia del juicio de amparo se puede derivar de su contenido obligatorio. En ese sentido, y conforme al caso concreto que nos ocupa, surge una problemática, lo anterior, debido a que el procedimiento administrativo de ejecución, cuyo fundamento legal en la especie está previsto en el Capítulo II de la Ley del Seguro Social; no es instrumentado por una autoridad judicial, y su naturaleza jurídica tampoco está plenamente identificada con un acto administrativo seguido en forma de juicio, aunque sí presenta características similares, es decir, los procedimientos administrativos de ejecución presentan características suigeneris. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se vio en la necesidad de emitir la jurisprudencia 2a./J. 17/98, publicada en la página 187 del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia administrativa, con número de registro 196530, que establece: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." El contenido sustancial de esta jurisprudencia, establece que el procedimiento administrativo de ejecución no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio; pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Bajo esa tesitura, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que sólo puede promoverse el juicio de amparo hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva. Es decir, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, a partir de las porciones normativas que se refieren a los actos dictados después de concluido el juicio; los actos administrativos en forma de juicio; los actos que no son propiamente jurisdiccionales, y la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos de ejecución; estableció una interpretación pragmática y finalista de las porciones normativas de referencia, estableciendo que el juicio de amparo tratándose de estos casos, aunque no se encuentra inmersa en una hipótesis específica de aquéllas, dadas su naturaleza y propósitos; sí resulta procedente, pero únicamente en contra de la resolución definitiva, lo que en el contexto de la Ley de Amparo actual tendría que entenderse a la luz de lo que establece la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. " . Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo anterior resulta no solo obligatorio, sino además razonable si se toma en consideración que los procedimientos administrativos de ejecución tienen por efecto el cobro de la obligación fiscal ya determinada a través del procedimiento correspondiente, es decir, la ejecución de la resolución en la que ya fue oído y vencido el contribuyente y/o el patrón tratándose de las prestaciones de seguridad social, y ya se decidió en definitiva si este debe pagar tal o cual crédito fiscal que le fue determinado; de tal suerte que si el juicio de amparo pudiera instarse indiscriminadamente contra cualquier etapa de este, no solo se entorpecería la ejecución de lo ya decidido - casi siempre con propósitos desleales para retrasar el inevitable cobro- sino además, se desnaturalizaría la naturaleza constitucional del juicio de amparo, al volverlo un verdadero juicio de instancia. Acotado lo anterior, es menester precisar que hay una regla general, es decir, la procedencia del juicio de amparo indirecto hasta que recaiga el acto terminal del procedimiento de ejecución; pero también existen excepciones que vuelven procedente el juicio aunque no haya recaído el acto de referencia. Al referirnos a las excepciones de mérito, resulta insoslayable acotar lo siguiente: De las porciones normativas anteriores, se entiende lo siguiente: Que la improcedencia del juicio de amparo tiene fuentes distintas a las expresamente previstas en la Ley de Amparo, siendo tales las previstas en la Constitución Federal, e incluso, derivado de la interpretación de dichos cuerpos normativos, la propia jurisprudencia como ejercicio jurídico interpretativo legitimado legalmente para tal fin; Que el juicio de amparo biinstancial se puede enderezar en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es decir, aquéllos que sin provenir de una autoridad jurisdiccional con el rigor y las pautas procedimentales que ésta exige; conllevan pautas formales mínimas de debido proceso legal a cargo de la autoridad administrativa (garantía de audiencia, oportunidad de rendir pruebas, alegar, obtener una sentencia y en su caso, impugnarla a través de un recurso accesible, sencillo y efectivo); Que el reclamo de dichos actos se puede verificar en dos oportunidades, a saber: Durante el procedimiento, siempre que traigan afectaciones de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (parámetro de regularidad constitucional), y; Al recaer la resolución definitiva, ya sea que se reclamen las violaciones cometidas en ella, o bien, las que se consideren cometidas durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Ahora, no se deben perder de vista las reglas en ellas consideradas, las cuales se pueden esbozar de la siguiente manera: Si se advierte que los actos generan afectaciones durante el procedimiento, pero éstas no afectan derechos sustantivos, no es dable reclamarlas en ese momento, sino al recaer la resolución definitiva; Por el contrario, si durante el procedimiento se generan afectaciones a derechos sustantivos, es viable reclamarlas desde luego y no esperar a que recaiga la resolución definitiva, y; Si las supuestas afectaciones durante el procedimiento no vulneran derechos sustantivos, y si bien es cierto no pueden en ninguna forma ser reclamadas desde luego, cuando menos tienen que guardar un grado de lesividad a fin de que sea viable su estudio al recaer la resolución definitiva; lesividad que implica dos características: Que por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, y; Que tal circunstancia haya trascendido al resultado de la resolución que se combate. En otras palabras, la Ley de Amparo es precisa en determinar el alcance interpretativo de la expresión "imposible reparación" pues delimita su entendimiento a aquéllos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados a través del parámetro de regularidad constitucional (Constitución Federal y Tratados Internacionales que haya suscrito el Estado Mexicano conforme a las formalidades establecidas en aquélla). Asimismo, permite verificar que el legislador secundario proporcionó mayor certeza jurídica al haber concretado el parámetro de interpretación de dicha expresión mediante una fórmula que conlleva a establecer qué son, cómo se pueden afectar los derechos sustantivos y cómo se puede saber si tales afectaciones son materiales. Tal formula se constituye de las siguientes variables: Que la consecuencia de aquél acto debe ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho; Que para su concepción no basta una lesión de naturaleza formal o adjetiva, ya que ésta no es actual y no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, momento en que habrán de concretizarse de forma efectiva sus repercusiones; Que tal acto lesivo debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, es decir, no puede considerarse que afecta "materialmente", cuando se lesionan bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de normas adjetivas. Entonces, se puede concluir que se debe considerar una afectación material a derechos sustantivos, cuando se impide el ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y por simple inferencia, considerar que no se está en ese supuesto cuando la afectación no es actual, es decir, cuando la materialización de los efectos perniciosos del acto dependen de que aquél llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento administrativo. Es aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 207343, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como la jurisprudencia 189 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Común Jurisprudencia SCJN, Octava Época, materia común, número de registro 917723, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Superado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados dentro del procedimiento administrativo de ejecución, conforme a la naturaleza suigeneris que le atribuyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera como acto integrante de un procedimiento común que debe necesariamente desembocar en la ejecución y cobro del crédito fiscal determinado. Así las cosas, el requerimiento de pago y los embargos de cuentas reclamados por la parte quejosa, por sí mismos no causan perjuicio a los particulares, sino que es necesario que se emita el acto terminal del procedimiento administrativo de ejecución, entendiéndose por éste, el que ordena la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados (conforme a los parámetros actuales del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo), pues hasta ese momento se puede considerar que se materializaría una afectación a los derechos sustantivos de los contribuyentes y/o patrones. Por tanto, los actos aquí reclamados no constituyen un acto considerado como de imposible reparación, y por ende, no son susceptibles de impugnación en la vía biinstancial; toda vez que, como ya se ha dicho, son actos intermedios que resultan necesarios para que la autoridad pueda lograr la ejecución del crédito fiscal determinado; por lo que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y en todo caso, las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de referencia, podrán ser reclamadas hasta el acto culminante de la ejecución. De ahí que no resulte factible considerar que se le deja en estado de indefensión al impetrante, máxime que como se ha venido exponiendo, en el procedimiento administrativo de ejecución, no se dilucida la decisión de un derecho, sino que busca la materialización de la determinación fiscal firme. Acotado lo anterior, podemos reafirmar, como se adelantó, que no se surte la hipótesis legal expuesta con antelación para considerar que resulte procedente el juicio de amparo, es decir, con motivo de actos que afectan derechos sustantivos. En conclusión, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo al actualizarse las causas de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los diversos 107, fracciones III y IV, 108, fracción VIII, y 217 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 63, 73, 74, 75 y 217 la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Téngase al Delegado de Asuntos Contenciosos Nezahualcóyotl de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de México, rindiendo su informe justificado respecto de la ampliación de la demanda, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexó al informe de cuenta; dada su voluminosidad, se ordena formar por cuerda separada el tomo IV de pruebas sin alterar su folio, rúbrica y entresello. Conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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