Juan Carlos Ramírez Cruz
Expediente 245/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Ramírez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo. Finalmente, devuélvase al Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, las copias certificadas del expediente de ejecución 1024/2019 que remitió con su informe justificado. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 245/2021-IV; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el seis de abril del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente... por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de ocho de abril del año en curso, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: 1. Del Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. a) La resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de ejecución 1024/2019, mediante la cual desechó por notoriamente improcedente la solicitud para el otorgamiento de la Amnistía. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora de las constancias que remitió la autoridad responsable consistente en copias certificadas del expediente de ejecución 1024/2019, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado precisamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución jurisdiccional. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. De las copias certificadas que remitió la autoridad responsable relativas al expediente de ejecución penal 1024/2019, se advierten como antecedentes relevantes los siguientes: 1. El once de febrero de dos mil diecinueve, el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Ecatepec, México, en la causa 304/2016 dictó sentencia condenatoria a Juan Carlos Ramírez Cruz, por el hecho delictuoso de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, 245, fracción II, en relación al 6,7,8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso d), todos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de Luis Antonio Suazo Baldovinos. 2. Inconforme con dicha determinación, el acusado interpuso recurso de apelación, el cual resolvió el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, mediante ejecutoria de seis de junio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 167/2019, modificando los resolutivos primero y segundo de la sentencia de primer grado, precisando que Juan Carlos Ramírez Cruz, era penalmente responsable del hecho delictuoso de homicidio calificado por haberse cometido bajo las circunstancias de ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, 245, fracción II, en relación al 6,7,8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal del Estado de México. 3. En proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec, México, declaró que la resolución impugnada quedó firme y ejecutable en los términos resueltos por el Tribunal de apelación, por lo que ordenó remitir copia certificada al Juez Ejecutor de Sentencias para su cumplimiento. 4. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el Juez de Ejecución de Sentencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, radicó el asunto con el número 1024/2019. 5. Mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el expediente de amnistía 31/2021, el Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, desechó por notoriamente improcedente la solicitud que formuló el hoy quejoso Juan Carlos Ramírez Cruz, mediante escrito presentado el diecisiete de marzo del año en curso, para el otorgamiento de la Ley de Amnistía, al no acreditarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 4° de esa ley. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se resumen en que el Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, debió decretar la amnistía a su favor por haberse presentado durante la tramitación de su causa diversas violaciones al debido proceso, argumento suficiente para ser beneficiado con la Ley de Amnistía. Sin embargo, como se mencionó, son infundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, pues la resolución dictada por el Juez de Control en Funciones de Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Ecatepec, no infringe en su perjuicio sus derechos humanos, por las razones que enseguida se exponen. El artículo 1o. de la Ley de Amnistía del Estado de México, dispone que dicho ordenamiento es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Estado de México, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en esa legislación cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará. Por su parte, en la exposición de motivos de la Ley se estableció que existían muchos factores que hacían necesario instituir la figura de la amnistía en la legislación del Estado de México, principalmente por la contingencia sanitaria por el brote de Covid-19, por lo que se hacía urgente acelerar la liberación de personas por el alto riesgo de contagio que ocasionaban las condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios en los centros penitenciarios. Asimismo, se dispuso que con la citada Ley se buscaba beneficiar a los grupos poblacionales más vulnerables; sin embargo, bajo ninguna circunstancia se otorgaría amnistía a quienes hubieran cometido algún delito mayor o grave, fueran reincidentes o delinquieran con habitualidad, porque existía el compromiso con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización. Ahora bien, para efectos de la presente resolución se considera necesario transcribir el artículo 4o., de la Ley de Amnistía, el cual dispone que se decretará amnistía en los siguientes supuestos: I. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal, cuando: a) Se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido. b) Se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido. c) Se impute a los parientes consanguíneos de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, y exista consentimiento de la madre para dicha circunstancia. II. Por los delitos contra la salud de los cuales conozcan los tribunales del Estado de México, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando: a) Quien lo haya cometido se encuentre en situación de pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación. b) El delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, c) Por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito. d) Quien lo haya cometido pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, en términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipótesis mencionadas en los incisos anteriores. III. Por delitos imputados a personas campesinas ó pertenecientes a los pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas, que se encuentren dentro de alguno de los siguientes supuestos: a) Por defender legítimamente su tierra, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres. b) Durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o cultura. c) Cuando se compruebe que se encuentran en situación de pobreza extrema, notoria inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada. IV. Por el delito de robo en sus siguientes modalidades: a) Robo simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda de las cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, previa reparación del daño a víctimas u ofendidos. b) Robo con violencia, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias: I. Se trate de un delincuente primario, lo que deberá acreditar con la constancia correspondiente que expida la Fiscalía General. II. No cause lesiones o la muerte a la o las víctimas III. No se utilicen armas de fuego en su ejecución. IV. Cuando el monto de lo robado no exceda de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. V. Que pague el monto de la reparación del daño. VI. Que no se encuentre sujeto a otra investigación o proceso pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual fuere el delito. VII. Que el sujeto activo no sea servidor público. Se exceptúan de lo anterior, el robo de vehículo, de la mercancía transportada o de la mercancía que se encuentre a bordo de aquel, robo al interior de un vehículo automotor particular o recaiga sobre una o más de las partes que lo conforman o sobre objetos meramente ornamentales o de aquellos que transitoriamente se encuentran en su interior, robo en transporte público de pasajeros, robo de transporte de carga, robo a casa habitación, robo cometido a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, en cualquiera de sus modalidades y robo equiparado previsto en el artículo 292 del Código Penal. V. A las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, o la de sus descendientes. VI. A personas mayores de sesenta y cinco años de edad, que: a) Padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave, o b) Sean sentenciadas o acusadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad. VII. Por el delito de sedición o apología del delito de sedición, porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado armas de fuego, explosivos o incendios. VIII. Por el delito de resistencia, previsto en el artículo 120 del Código Penal. IX. Por los delitos contra el ambiente previstos en el artículo 228 del Código Penal, previa reparación del daño causado al ambiente. X. Por el delito de Abigeato en cualquiera de los supuestos establecidos en el Código Penal. XI. En casos de delitos culposos, cuando exista sentencia firme ejecutoriada sin importar la penalidad; siempre que se pague o garantice la reparación del daño y que no concurran las agravantes previstas en el artículo 61 del Código Penal. XII. A las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, podrán remitir para análisis y resolución del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren que son objeto de aplicación de la presente Ley. No se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en esta Ley. De la transcripción del citado numeral se advierte que en la fracción XII, se señala que no se concederá la amnistía cuando se trate de delitos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad personal. Asimismo, prevé un caso de excepción al establecer que las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, podrán ser beneficiadas con la citada Ley, siempre y cuando cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se proponga su libertad. En ese tenor, atendiendo a que el hecho delictuoso por el que se condenó al quejoso Juan Carlos Ramírez Cruz, fue el de homicidio calificado por haberse cometido bajo las circunstancias de ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción II, 245, fracción II, en relación al 6,7,8, fracciones I y III, y 11, fracción I, inciso c), todos del Código Penal del Estado de México, cometido en agravio de Luis Antonio Suazo Baldovinos, es, decir un delito que atentó contra la vida, es evidente que no puede ser beneficiado por esa Ley. Asimismo, fue correcta la determinación del Juez responsable, al señalar que si bien el artículo 4o. en su fracción XII, de la Ley de Amnistía, establece que a las personas privadas de la libertad independientemente del delito del que se trate, se les podrá decretar amnistía, ello se encontraba supeditado al hecho de que contaran con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia estuviera reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendieran violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en la que se propusiera su libertad. Sin embargo, y atendiendo que el ahora quejoso Juan Carlos Ramírez Cruz, únicamente se concretó a realizar manifestaciones en el sentido que durante la tramitación de su causa se presentaron diversas violaciones al debido proceso, pero sin demostrarlo con pruebas fehacientes y que tampoco acreditó contar con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia estuviera reconocida por el Estado Mexicano, algún organismo nacional o local de derechos humanos, donde se desprendieran violaciones a derechos humanos y/o al debido proceso, en la que se propusiera su libertad, es por esa razón que su solicitud resultó improcedente y fue desechada. Por tanto, debe señalarse que la resolución reclamada no infringe en perjuicio del quejoso sus derechos fundamentales, al encontrarse dictada conforme a derecho. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... Notifíquese personalmente al quejoso en donde se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, del estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que el día de la fecha compareció en el local de este órgano de control constitucional el licenciado José de Jesús ... Defensor Público adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, quien aceptó y protestó el cargo como Defensor del quejoso Juan Carlos ... Por tanto, con la finalidad de que dicho profesionista se imponga de las constancias que integran el presente juicio de amparo; se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente al quejoso en donde se encuentre recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Encargada del área de Amparos y Fianzas del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de mayo del presente año, informa que se designó al licenciado José de Jesús ... como defensor público del quejoso Juan Carlos ... asimismo, solicita que se le notifique a dicho profesionista al correo electrónico que indica en su oficio de cuenta para el efecto de que comparezca al local de este juzgado aceptar y protestar el cargo conferido, atendiendo a las medidas de sana distancia decretadas con motivo de la contingencia sanitaria generada por el Covid-19. Por tanto, requiérase al defensor público José de Jesús ... para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído comparezca al local de este Juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido. Con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo. Para ello, procédase a entablar comunicación con el citado defensor público al correo electrónico que se proporciona para el efecto antes indicado. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar que se encuentra recluido.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Juan Carlos Mendoza González1239/2021
- Juan Carlos Mondragón Rojas589/2019
- Juan Carlos Morlan Suarez1508/2018
- Juan Carlos Olivares Méndez982/2020
- Juan Carlos Ortiz Juárez.49/2019
- Juan Carlos Pelcastre Fuentes867/2019
- Juan Carlos Ramírez López117/2021
- Juan Carlos Ramos Narváez1259/2018
- Juan Carlos Rodríguez Cerda1539/2018
- Juan Carlos Rodríguez Ortega841/2016
- Juan Carlos Rodríguez Santiago278/2022
- Juan Carlos Rojas Curiel y Otros.862/2017