Juan Carlos Quiroz Flores
Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Carlos Quiroz Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de diciembre de dos mil veintidós.********************Agréguese a los autos el oficio enviado por Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, dicho Tribunal de Alzada, tuvo por recibido el diverso oficio con el que le fueron remitidos los autos originales del juicio de amparo ********************/2022, así como el escrito de expresión de agravios del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el mismo.********************Asimismo, comunica que se admitió a trámite el referido medio de impugnación, que se registró en el referido tribunal bajo el consecutivo ********************/2022.********************Lo anterior, con fundamento en los 97, 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo.********************Notifíquese por lista.********************Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que obran en autos las constancias de notificación realizadas a las partes, tanto de la sentencia dictada en este asunto, como del auto donde se tuvo por recibido el recurso de revisión, interpuesto por la parte quejosa. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el recurso aludido, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, remítase este juicio, el oficio original de expresión de agravios, así como copia simple del mismo para el agente del Ministerio Público de su adscripción, para la substanciación del medio de impugnación hecho valer. Finalmente, se ordena abrir el cuaderno de antecedentes correspondiente. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Parte quejosa interpone revisión Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por *******, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en este asunto. Integración de recurso de revisión Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso b), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la resolución recurrida, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el escrito de expresión de agravios de la recurrente, copia de este para el agente del Ministerio Público Federal adscrito al Tribunal y el cuaderno original del presente incidente de suspensión, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 551/2022-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veintitrés de los mismos, *******, promovió demanda de amparo contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, y otras autoridades. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. En proveído de siete de julio de dos mil veintidós (foja 77) se admitió a trámite la demanda de amparo, al haber cumplido la parte quejosa la prevención que le fue formulada en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós (foja 67); se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente: I. Del Congreso del Estado de Chihuahua, la expedición de los siguientes ordenamientos legales: a) Decreto LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, por el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Juárez, Chihuahua, durante el ejercicio dos mil dieciocho. b) Decreto LXVI/APTVV/0108/2018 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Juárez, Chihuahua, durante el ejercicio dos mil diecinueve. c) Decreto LXVI/APTVV/0478/2019 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se aprobó la Tabla de Valores 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.) Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Juárez, Chihuahua, durante el ejercicio dos mil veinte. d) Decreto LXVI/APTVV/0838/2020 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, por el cual se aprobó la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Juárez, Chihuahua, durante el ejercicio dos mil veintiuno. e) Decreto LXVII/APTVV/0065/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, que contiene la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. II. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, la abstención de vetar, la promulgación y la orden de publicación de los ordenamientos legales reclamados. III. Del Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, la aplicación de las normas impugnadas, a través de la recepción del pago del impuesto predial para el ejercicio dos mil veintiuno, así como del cobro respectivo. IV. Del Director de Catastro del Municipio de Juárez, la formulación del proyecto de las tablas de valores unitarios para suelo y construcción para los citados ejercicios fiscales. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, no obstante en su informe justificado manifestó que es cierto el acto consistente en la recepción del pago de impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, relativos al bien inmueble con clave catastral *******. Dicha afirmativa se desvirtúa como se expondrá a continuación. El quejoso exhibió, junto con su demanda de amparo, copia certificada del certificado de ingresos relativo al bien inmueble con clave catastral *******, a su nombre, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Juárez, el uno de junio de dos mil veintidós, del que se desprende el pago por concepto de impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por la cantidad de sesenta y cuatro mil seis pesos ($64,006.00); documental a la que, de conformidad con los artículos 197, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles2, se le otorga valor probatorio pleno, al haber sido certificado por un funcionario público, con fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la propia Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Juárez. Al respecto, la aplicación de los ordenamientos legales reclamados, a través del cobro y la recepción del pago del impuesto de referencia, no se les puede atribuir a dicha autoridad, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en ésta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 367, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con registro digital 171860, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En consecuencia, ante su inexistencia, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto del acto reclamado a la autoridad responsable a que se refiere este considerando. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. En sus informes justificados, el Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclamaron, consistentes en la expedición, abstención de vetar, promulgación y orden de publicación, de los Decretos reclamados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del citado Código Federal de Procedimientos Civiles3, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Además, el Director de Catastro del Municipio de Juárez, también aceptó el acto que le fue reclamado, consistente en la formulación del proyecto de las tablas de valores unitarios para suelo y construcción; de modo que se tiene por cierto para los citados ejercicios fiscales. Quinto. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que el quejoso estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: I. En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, II. Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y III. De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Sexto. Improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo4. Por lo tanto, en principio se determinan las hipótesis de improcedencia que se actualizan en este asunto. I. Improcedencia del juicio de amparo respecto de los Decretos reclamados que regulan el cálculo y cobro del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno. Ahora bien, el quejoso promovió este juicio de amparo con motivo del que afirmó fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales reclamados que prevén el mecanismo del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, los cuales, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo en la foja 5, puntos "4" y "5" ocurrió al verificar el pago correspondiente el uno de junio de dos mil veintidós. No obstante, del informe con justificación remitido por el Tesorero Municipal de Juárez (y otra autoridad) se desprenden los siguientes requerimientos de pago que fueron realizados al quejoso: 1. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (foja 115), del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero y el de agosto-septiembre de dos mil dieciocho. 2. El veintiocho de junio de dos mil diecinueve (foja 118) del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero de dos mil dieciocho a marzo-abril de dos mil diecinueve. 3. El veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (foja 119) del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero de dos mil dieciocho a mayo-junio de dos mil diecinueve. 4. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno (foja 121) del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero de dos mil dieciocho a noviembre-diciembre de dos mil veinte. 5. El veintidós de julio de dos mil veintiuno (foja 123) del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero de dos mil dieciocho a marzo-abril de dos mil veintiuno. 6. Y, finalmente, el catorce de febrero de dos mi veintidós (foja 124) del periodo adeudado entre el bimestre de enero-febrero de dos mil dieciocho a noviembre-diciembre de dos mil veintiuno. Por lo que el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales reclamados que prevén el mecanismo del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, fue mediante los mencionados requerimientos de pago, siendo el último el catorce de febrero de dos mi veintidós, correspondiente al periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno. De manera que, puede determinarse que el primer acto de aplicación de las normas que prevén el mecanismo del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, previsto en los Decretos reclamados relativos, tuvo verificativo desde el catorce de febrero de dos mi veintidós, pues en esa fecha se hizo del conocimiento de la parte quejosa el requerimiento de pago correspondiente al periodo comprendido de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, respecto de un bien inmueble de su propiedad; por lo que desde ese momento tuvo conocimiento de los ordenamientos legales que ahora pretende impugnar a través del supuesto primer acto de aplicación de los mismos. En esas condiciones, se entiende que el acto de aplicación a través del cual el quejoso promovió este juicio de amparo, no es el primero que concretó en su perjuicio la aplicación de las normas señaladas, sino que, cuando ello ocurrió, consintió tanto el primer acto de aplicación, como las normas que lo regulan y que ahora pretende reclamar en su carácter de heteroaplicativas. Lo anterior implica que con relación al supuesto primer acto de aplicación de los Decretos que regulan el cálculo y cobro del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen que: 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1. al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2. al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. En relación con tales plazos, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Ahora bien, tratándose de amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se computarán a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Criterio jurisprudencial que se encuentra publicado en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, Séptima Época y número de registro 232445, misma que resulta aplicable por las razones ya indicadas que informa y que es del rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). Precisado lo anterior, si el primer acto de aplicación de las normas impugnadas en comento tuvo lugar el catorce de febrero de dos mi veintidós, pues fue en esa fecha precisa que la parte quejosa recibió el requerimiento de pago correspondiente al periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintiuno, y por lo tanto, se hizo sabedora de ese primer acto de aplicación y de las normas que lo regulan, el término de quince días para promover este juicio de amparo, comenzó a computarse el quince de febrero de dos mil veintidós y feneció el siete de marzo de dos mil veintidós, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis ni veintisiete de febrero del año en curso, ni tampoco los días cinco y seis de marzo de dos mil veintidós, por ser inhábiles. Por lo tanto, si la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintidós de junio de dos mil veintidós, su promoción resulta evidentemente extemporánea y por lo tanto, se entiende que el quejoso consintió los ordenamientos legales reclamados que prevén el pago del impuesto predial correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, descritos en el considerando segundo; conforme a la técnica que opera en el juicio de amparo contra leyes, determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 71/2000, ya citada, en el considerando quinto, in fine. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en este asunto, respecto al acto y normas descritas en este considerando. Sin que al respecto se actualice ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, pues este juicio de amparo no fue promovido contra normas generales autoaplicativas, no se reclaman actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Improcedencia del juicio de amparo respecto de la orden de publicación y publicación de la restante norma impugnada. Respecto de los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, consistentes en la orden de publicación y publicación del restante Decreto tildado de inconstitucional, esto es, el LXVII/APTVV/0065/2021 I P.O., que contiene la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio -que, por supuesto, incluye la orden relativa de publicación- únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando el quejoso impugne tales actos por vicios propios. En el caso, el quejoso reclama de la citada autoridad, la orden de publicación y publicación del restante Decreto reclamado, que prevé y determina el mecanismo fiscal para el cálculo del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal dos mil veintidós en el Municipio de Juárez, Chihuahua; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esa autoridad en el proceso legislativo que culminó con la publicación de tal ordenamiento legal. De ahí que, con relación a la orden de publicación y publicación, atribuidas a la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. III. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamado a la Gobernadora del Estado de Chihuahua, consistente en abstenerse de vetar la normatividad reclamada. Respecto del acto que se reclama a la Gobernadora del Estado de Chihuahua, consistente en la abstención de ejercer su facultad de vetar el procedimiento legislativo que dio origen al restante ordenamiento legal reclamado, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es menester precisar que con la reforma al artículo 107, fracción I, Constitucional, contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se incorporó como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, el interés legítimo, tal como quedó reflejado en el texto del precepto de que se trata, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) En la Ley de la materia se recogió este principio como causa de improcedencia del juicio de amparo, al señalar el artículo 61, fracción XII, lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) La incorporación del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos de autoridad a través del propio juicio y, con ello, ampliar su ámbito de protección. Tratándose de actos provenientes de autoridades diferentes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, para efecto de la procedencia del juicio de amparo, la quejosa debe aducir ser titular de un derecho o un interés legítimo, ya sea individual o colectivo, siempre que alegue que el acto trastoca derechos reconocidos en la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, si en el caso la parte quejosa acudió a esta vía con el fin de combatir, entre otras cuestiones, la abstención de vetar los Decretos reclamados, es inconcuso que la parte quejosa debía demostrar el interés legítimo respectivo, lo que, sin duda, no realizó. Así se sostiene, pues el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, o sea, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen un interés en que la violación del derecho sea reparada, cuyas características que permiten identificarlo son las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del promovente. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y diferente de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Desde esta perspectiva, la aplicación de los apuntados lineamientos jurídicos conduce a considerar que la quejosa no acreditó el interés legítimo necesario para justificar la procedencia de la vía constitucional de que se trata, en cuanto a la abstención de la Gobernadora de esta Entidad de vetar los ordenamientos legales reclamados, porque el derecho de veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo, para realizar libremente las observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Poder Legislativo, sin que se advierta disposición que limite el ejercicio de ese derecho, en cuanto a su contenido, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad de dicho Poder. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, ésta no estará sujeta a control jurisdiccional, pues de lo contrario se generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, con la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo. Luego, si el derecho al veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo, para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, tal acto se considera eminentemente político y, por ende, la parte quejosa no tiene interés legítimo que permita impugnarlo en sede judicial. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis aislada 1a. LXXXVI/2009, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 849, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2009, Novena Época, del contenido siguiente: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VETO, PUES AL CONSTITUIR UN MEDIO DE CONTROL POLÍTICO, NO ES SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando la materia de lo impugnado verse sobre asuntos que corresponden en su totalidad a cuestiones de índole política, éstos no están sujetos a control jurisdiccional. Así, la pretensión de que este Alto Tribunal califique las observaciones realizadas por el Ejecutivo local a un proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, para determinar si puede o no considerársele como veto y, por tanto, si debe superarse mediante votación calificada del Congreso local, carece de sustento constitucional en tanto que obligaría a la Suprema Corte a establecer parámetros que ni siquiera se encuentran establecidos en la Norma Fundamental, ni en la Constitución local, para de ahí realizar un análisis sobre si tales observaciones satisfacen ese estándar, cuando el Constituyente Permanente local ha establecido el mecanismo idóneo para su superación, consistente en atender las observaciones realizadas por el Ejecutivo, o confirmar el proyecto de ley o decreto mediante la votación calificada requerida, lo cual constituye un medio de control político que representa un contrapeso a la actividad del Poder Legislativo. Por tanto, la controversia constitucional es improcedente contra el ejercicio del derecho de veto, pues al constituir un medio de control político, no es susceptible de análisis en sede judicial; además de que admitir la procedencia de la controversia constitucional en el supuesto indicado generaría la irrupción del Tribunal Constitucional en el sistema de pesos y contrapesos diseñado por el Constituyente del Estado, y la consiguiente afectación al cauce que debe seguir el proceso legislativo. Asimismo, resulta de aplicación analógica, el criterio aislado 1a. LXXXVII/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 851, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2009, Novena Época, de rubro y texto siguientes: DERECHO DE VETO. AL NO EXISTIR ALGÚN PRECEPTO CONSTITUCIONAL QUE LÍMITE SU EJERCICIO EN CUANTO AL CONTENIDO, EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PUEDE REALIZAR LIBREMENTE SUS OBSERVACIONES A CUALQUIER PROYECTO DE LEY O DECRETO. El derecho de veto consiste en la facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo para realizar libremente observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto emitido por el Legislativo, con la única limitante de que lo haga dentro de los primeros diez días contados a partir de que recibió el documento respectivo y, en su caso, en razón de la materia con que éste se vincule, pero sin que se advierta alguna disposición constitucional que limite el ejercicio de este derecho en cuanto a su contenido; de ahí que se presuponga la libertad que el Constituyente Permanente le ha conferido al Ejecutivo para ejercerlo, derivado de su carácter eminentemente político. En ese sentido, se concluye que el titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto, en virtud de que la interpretación efectuada en el escrito que las contiene no puede reputarse jurídica, sino política, ya que no se sustenta necesariamente en motivos de derecho, sino de oportunidad, referidos a intereses económicos, sociales, políticos, etcétera, es decir, bajo argumentos y razones políticas, y no sujetas a un método jurídico, pues sólo así el derecho de veto representa un mecanismo de control político de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos, al presuponer una limitación del poder por el poder mismo, representando su ejercicio el principal contrapeso que posee el Poder Ejecutivo para frenar el exceso en el ejercicio de las funciones del Legislativo. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto a la abstención de vetar la expedición del ordenamiento legal reclamado, porque la quejosa no puede considerarse parte agraviada, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, al carecer del interés legítimo para acceder a la vía que nos ocupa. IV. Improcedencia del juicio respecto del acto reclamado al Director de Catastro del Municipio de Juárez, consistente en la formulación del proyecto de las tablas de valores unitarios para suelo y construcción. Respecto a dicho acto, la quejosa carece de interés, en términos del ya invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Como ya se refirió, la aludida norma refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el numeral 5º, fracción I, de la ley de la materia. De modo que, en el juicio de amparo, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. En esa medida, para acudir al juicio de amparo a solicitar la protección de la Justicia Federal, se requiere: a) Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que únicamente se exige contar con el primero; y b) Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; sin embargo, tratándose de interés jurídico es menester que además sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado -mediante un agravio diferenciado- que pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Afectación que, concierne demostrar a la parte quejosa a través de medios de convicción fehacientes, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, se precisa que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones; lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así, se insiste, la carga procesal consistente en que la parte promovente del juicio de amparo debe demostrar su interés, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto combatido; en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra, el perjuicio a su interés jurídico, alegado, que, como ya se dijo, concierne únicamente al quejoso, demostrar. Tiene sustento lo anterior, por identidad de razones, en la tesis I.8o.C.11 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Tomo III, Marzo de 1996, página 954, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 202983, de título y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. LA CERTIFICACION DE LAS ACTUACIONES QUE SE ANEXAN AL MISMO PRUEBAN UNICAMENTE EN CUANTO A SU EXISTENCIA, PERO NO PUEDEN TENER EL ALCANCE DE CONVERTIR EN DOCUMENTOS PUBLICOS LOS QUE SE EXHIBIERON EN COPIA SIMPLE. La certificación de las actuaciones que se acompañen al informe justificado dan la certeza en cuanto a que dichas constancias obran en el expediente respecto del cual se realizó dicha certificación, pero no puede tener el alcance de convertir en documento público a una copia simple que se haya exhibido en los autos de que se trate; consecuentemente la copia simple en cuestión sigue teniendo la calidad con el valor demostrativo que en derecho le corresponda. Con relación a ello, el quejoso no probó de forma alguna que el Director de Catastro del Municipio de Juárez, afectó su esfera jurídica con la formulación del proyecto de las tablas de valores unitarios para suelo y construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Se asevera lo anterior, pues durante el curso de este juicio, únicamente aportó como pruebas a) copia certificada del certificado de ingresos relativo al bien inmueble con clave catastral *******, a su nombre, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Juárez, el uno de junio de dos mil veintidós, del que se desprende el pago por concepto de impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por la cantidad de sesenta y cuatro mil seis pesos ($64,006.00), así como b) impresión simple de la sentencia emitida en el juicio de amparo ******* del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el que el aquí quejoso, también ostentó dicha calidad y reclamó el mecanismo de cálculo del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Así, se concluye que las documentales con que acompañó el accionante del amparo su demanda, no son idóneas para acreditar que resintió alguna afectación con motivo de la formulación del proyecto de las tablas de valores unitarios para suelo y construcción para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que realizó la autoridad referida en este apartado. Y, se repite, correspondía al quejoso demostrar fehacientemente que tal acto le generó un perjuicio en su esfera jurídica, persona o patrimonio; sin que así lo haya efectuado. De ahí que, no se actualiza el principio de procedencia del amparo relativo al agravio personal y directo, porque no existe interés jurídico para acudir a este medio de control constitucional, respecto de dicho acto. Afirmación que se sustenta en la jurisprudencia emitida por el Más Alto Tribunal del País, que no se oponen al contenido de la Ley de Amparo vigente, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En consecuencia, como se adelantó, ante la actualización de la causa de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en torno al acto en cuestión, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de esa legislación. Séptimo. Análisis de las causas de improcedencia invocadas. A continuación, se analizarán las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades responsables y que resultan infundadas. Primera causal invocada: El Congreso del Estado de Chihuahua, refiere que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, virtud a que, considera, el quejoso carece de interés jurídico al no acreditar el acto de aplicación de las normas reclamadas, pues aduce que la totalidad de los documentos que exhibió para tal efecto, fueron ofrecidos en copia simple y carecen de valor probatorio. La causa de improcedencia es infundada. Tal hipótesis, ya citada, señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio al quejoso por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Además, tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos del quejoso, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En la especie, el accionante del amparo reclama el Decreto relativo al mecanismo de cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, reclama tal ordenamiento legal en su carácter de heteroaplicativo. Al respecto, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el quejoso ofreció como pruebas de su parte a) copia certificada del certificado de ingresos relativo al bien inmueble con clave catastral *******, a su nombre, emitido por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Juárez, el uno de junio de dos mil veintidós, del que se desprende el pago por concepto de impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veintiuno y dos mil veintidós, por la cantidad de sesenta y cuatro mil seis pesos ($64,006.00), así como b) impresión simple de la sentencia emitida en el juicio de amparo ******* del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el que el aquí quejoso, también ostentó dicha calidad y reclamó el mecanismo de cálculo del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. Como ya se refirió, a la documental identificada bajo el inciso a) con sustento en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le reconoce valor probatorio pleno. Mientras que, la relativa al inciso b), también goza de valor probatorio pleno, pues, aunque fue presentada por el quejoso en impresión simple, es un hecho notorio para esta Juzgadora su contenido, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse dicha información debidamente digitalizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se invoca como sustento a lo previo la tesis I.10o.C.2 K (10a.), por identidad jurídica, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2187, del contenido: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda. De modo que, con el análisis de la primera de dichas probanzas, presentada en copia certificada, adverso a lo referido por dicha responsable, quien adujo que había sido exhibida en copia simple, se concluye permite concluir que es apta y suficiente para tener por acreditado el primer acto de aplicación respecto a la norma que se reclaman en esta instancia, así como la consecuente afectación al interés jurídico del quejoso, pues de su análisis se advierte que en ellas se concretó el acto de aplicación que se tilda de inconstitucional, con relación al bien inmueble con la clave catastral indicada, precisamente a nombre del quejoso. Así pues, se desestima la causal de improcedencia invocada. Segunda causal invocada. La Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, invocó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar, de manera sustancial, que el quejoso debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio de amparo, promoviendo recurso de revisión o juicio contencioso administrativo, contemplados en las normas que refiere. El citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (.) Dicha norma prevé el principio de definitividad que opera en el juicio de amparo, conforme al cual este medio extraordinario de defensa sólo será procedente, cuando previamente a su promoción, se hayan agotado los recursos o medios de defensa establecidos en las leyes que rigen los actos reclamados, en virtud de los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados. No obstante, con relación al principio de definitividad, la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Esto es, cuando contra el primer acto de aplicación de una norma de carácter general proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley, a través del juicio de amparo. Lo anterior es así, pues a través del juicio de amparo se podrá analizar la constitucionalidad de la disposición de observancia general, para lo cual el juzgador deberá estudiar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado. Por lo tanto, no se está en el caso de agotar recurso ordinario alguno, dado que a través de este juicio de amparo, se combate la constitucionalidad de disposiciones de observancia general, cuya trascendencia a la esfera jurídica del gobernado y generación un perjuicio en su esfera jurídica, será materia del estudio de fondo, en el considerando correspondiente. Apoya lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia 351, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, tomo I, materia constitucional, página 405, del siguiente tenor: LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. CUÁNDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el Decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Octavo. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Ya que las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia diversas, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna otra, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Noveno. Estudio de Fondo. En contra de los actos reclamados, el quejoso, en vía de concepto de violación, argumenta en esencia que las normas tildadas de inconstitucionales, son violatorias de la garantía de legalidad tributaria, consagrada por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, puesto que no se encuentran previstos todos los parámetros legales para la determinación de la base del impuesto predial, por lo que se deja a la autoridad municipal la libre determinación del valor catastral de los inmuebles, ya que no existe disposición que indique de manera cierta, cómo o con base en qué se determinará o asignará un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados, por lo que el contribuyente no puede conocer la manera de fijar la base del impuesto. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Como ya se dijo previamente, el accionante del amparo demostró la aplicación de la norma impugnada de inconstitucional, mediante las documentales ya descritas y debidamente valoradas. En principio, se destaca que el sistema normativo, en el cual se encuentra enmarcado el impuesto predial se ubica en el contenido de los artículos 27, 31, fracción IV, 36, fracción IV, 115, fracción IV, y 121, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que a continuación se reproduce: Artículo. 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a). Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. b). Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Los preceptos constitucionales transcritos, establecen la obligación correspondiente a todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, de la Federación, sus entidades federativas, la Ciudad de México y del Municipio, fijando como elementos de validez constitucional para ello, que el tributo esté establecido por ley, sea proporcional y equitativo. Asimismo, en términos del artículo 145 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el objeto del impuesto predial, es el siguiente: Artículo 145.- Es objeto de este impuesto: I. La propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos; (.) De conformidad con el artículo 146 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, los sujetos determinados del impuesto son, entre otros, los que a continuación se detallan: Artículo 146.- Son sujetos de este impuesto: I.- Con responsabilidad directa: a).- Los propietarios y poseedores de predios urbanos y rústicos; b).- Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria; (.). En cuanto a la base del impuesto, según se establece en el artículo 148 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. Asimismo, acorde al contenido del artículo 149 del Código Municipal para el Estado, el impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: I.- Predios urbanos LÍMITES DE RANGO DE LA BASE DEL IMPUESTO (Valor en moneda nacional) TASA DE RANGO (aplicable sobre la porción del valor de la base que exceda del límite inferior del rango de que se trate) CUOTA FIJA MONEDA NACIONAL (suma fija a pagar) 0 2 al millar 0 183,240 3 al millar 366,48 366,480 4 al millar 916.2 641,340 5 al millar 2,015.64 1,282,680 6 al millar 5,222.34 (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) * TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II. Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III. Para los fundos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Municipio donde se ubique el predio objeto del impuesto, al día treinta de noviembre del año anterior al ejercicio de que se trate. Por lo que respecta al valor catastral del inmueble, quedó regulado en el Decreto LXVII/APTVV/0065/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, que contiene la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para la validez constitucional del tributo también se exige cumplir con los elementos esenciales del mismo, como lo son que el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que la autoridad quede al margen de aplicar cualquier criterio contrario a las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado el contenido y alcance del principio de legalidad tributaria en las consideraciones plasmadas a través de sus criterios jurisprudenciales, en los que ha señalado que el respeto a la garantía de legalidad tributaria exige que la carga impositiva esté prevista en una ley, por las razones siguientes: - Para evitar que quede al margen de la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, quienes sólo deberán aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas antes de cada caso concreto. - Para evitar el cobro de impuestos imprevisibles. - Para evitar el cobro de impuestos a título particular. - Para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien precise los elementos del tributo. Por tanto, conforme al principio de legalidad, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, lo cual también está reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la arbitrariedad en la imposición de contribuciones, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. Tales consideraciones dieron origen a las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, contenido y datos de localización siguientes: IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida. IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles. En el particular, el Pleno del Decimoséptimo Circuito, con sede en la ciudad de Chihuahua, al resolver la contradicción de tesis 6/2020, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Decimoséptimo Circuito, con sede en aquélla localidad, al analizar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve del Municipio de Chihuahua, respecto al impuesto predial, arribó a la conclusión de que transgreden el principio de legalidad tributaria. Lo anterior, atento a los argumentos siguientes: 25. Ahora bien, este Pleno advierte que, pese al esquema establecido para la obtención del impuesto predial, no se cumple con el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Ello, ya que si bien los artículos 148 y 149 del Código Municipal el Estado, establecen como base del impuesto predial, el valor catastral, que debe reflejar el valor del mercado, además, el mecanismo para calcular la tasa, para lo cual se remite a los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 28 de la Ley de Catastro, y ésta a su vez, a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que contemplan los conceptos que conforman las operaciones aritméticas, no fijan con claridad los criterios que se utilizarán para la determinación de los mismos. 26. Cierto, dicho mecanismo debe ser interpretado en forma vinculada, con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Catastro, en el que se establecen las definiciones de los valores o factores que conforman el cálculo del impuesto predial, no obstante, resulta insuficiente para clarificar al contribuyente cuáles son las bases que tomaron en cuenta o cómo es que el legislador los definió. Dicho numeral establece: Artículo 3. Para los efectos de la presente ley se entiende por: I. Catastro municipal: El censo técnico analítico de los predios, ubicados en el territorio de los Municipios, que conforma su sistema de información catastral, para fines fiscales, jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; II. Catastro estatal: El Sistema de Información Catastral del Estado de Chihuahua, que se sustenta y actualiza con los catastros municipales, para fines jurídicos, administrativos, geográficos, estadísticos, socioeconómicos y de planeación; III. Cédula catastral: El documento oficial que contiene la información general de un predio; IV. Centro de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; V. Construcción: La edificación de cualquier tipo, los equipos e instalaciones especiales adheridas de manera permanente al predio, clasificándose de la siguiente forma: Clasificación de las construcciones. Es la agrupación e identificación de las construcciones de acuerdo a la tipología y el uso de las mismas. Uso. Corresponde al aprovechamiento genérico que tiene el inmueble y se clasifica en: Habitacional, comercial e industrial. Habitacional. Se refiere a las construcciones en donde habitualmente residen, individual o colectivamente, las personas y comprende todo tipo de vivienda. Comercial. Se refiere a las edificaciones destinadas a la compraventa o intercambio de artículos de consumo y servicios. Industrial. Se refiere a cualquier construcción destinada a la fabricación o transformación de productos de utilidad concreta. Tipología de construcción. Corresponde a la clasificación de la construcción dependiendo de las características que la constituyen, las cuales son: Habitacional popular. Vivienda con características constructivas mínimas, entre las que se pueden considerar: cuartos de usos múltiples sin diferenciación, servicios mínimos incompletos; muros sin refuerzo, techos de lámina galvanizada, techos con estructura de madera terrados, techos de madera, pisos de concreto o terrados, instalaciones eléctricas e hidráulicas visibles. Habitacional económico. Vivienda con características constructivas de calidad económica, entre las que se pueden considerar: proyecto básico definido, sin diseño estructural profesional. Espacios con alguna diferenciación, servicios mínimos completos, generalmente un baño, y con procedimientos formales de construcción; aplanados de mezcla o yeso, ventanería metálica, techos de concreto armado o lámina galvanizada, con claros no mayores de 3.5 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas vinílicas, algunas instalaciones completas visibles (hidráulica, eléctrica, sanitaria y gas). Habitacional medio. Vivienda con características constructivas de calidad media, entre las que se pueden considerar: espacios diferenciados por uso, servicios completos, con baño, muros con acabados aparentes, pintura, losetas de cerámica en cocina y baños, ventanería metálica, perfil tubular y aluminio sencillo, techos de concreto armado con claros no mayores a 4.0 metros, pisos recubiertos con losetas de vinil, cerámica, alfombra o piso laminado, instalaciones completas ocultas. Habitacional bueno. Vivienda con características entre las que se pueden considerar: acabados de buena calidad, proyecto funcional individualizado, con espacios totalmente diferenciados, servicios completos; dos baños, cuartos de servicio, acabados de mezcla, yeso y texturizados, pinturas de buena calidad o tapiz, ventanearía de perfil de aluminio, ventanería integrada a la construcción, techos de concreto armado, acero o mixtos, con claros mayores a 4.0 metros, pisos de primera calidad, mármol, losetas de cerámica, alfombra o duelas, aire acondicionado o calefacción. Habitacional de lujo. Residencias con características constructivas entre las que se pueden considerar: acabados de muy buena calidad, diseños arquitectónicos y de ingeniería, con espacios amplios caracterizados y ambientados con áreas complementarias a las funciones principales. De uno hasta cuatro baños, con vestidor y closet integrado en una o más recámaras, acabado en muros de yeso, texturizados o recubiertos con maderas finas, ventanería de aluminio anodizado y maderas finas con vidrios dobles y especiales, techo de concreto armado, estructuras de soporte diseñadas específicamente para el proyecto, pisos de losetas de cerámica, mármol, alfombra, parquet de madera o duelas, instalaciones de confort y sistema de riego. Habitaciones de superlujo. Son las que cuentan con las características de la habitacional de lujo y además constituida por estancia, comedor, antecomedor, cocina, cuarto de estudio, cuatro recámaras o más, con baño, y alcoba definida con baño, baño independiente pudiendo ser colectivo, cuarto de servicio con baño, oficina, área de lavandería, cochera techada cuando menos para tres o más vehículos, alberca, sala de juegos y todas las que cuenten con más de 600 metros de construcción de uso habitacional. Comercial económico. Construcción básica con características de baja calidad entre las que se pueden considerar: servicios complementarios, ocasionalmente forman parte de un uso mixto (vivienda y comercio), acabado en muros mezcla o yeso, ventanería metálica tubular, techo de lámina o de concreto armado, con claros hasta 4.0 metros, pisos de concreto con acabado pulido, o losetas de vinil o de mosaico, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de calidad media (carpintería, herrería, etcétera). Comercial medio. Locales comerciales y tiendas departamentales con características y acabados de calidad media estandarizada, proyecto funcional y espacio reservado para cajones de estacionamiento. Acabados en muros yeso y texturizados, ventanería de aluminio, techo de concreto armado con claros mayores de 4.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto con acabado pulido, losetas de vinil, ocasionalmente losetas de cerámica, instalaciones básicas ocultas y semiocultas (eléctricas e hidrosanitarias), complementos de buena calidad (herrería, carpintería y vidriería). Comercial bueno. Locales y centros comerciales especializados con características constructivas y acabados de muy buena calidad, proyecto funcional ocupando espacios exclusivos, áreas de estacionamiento, circulación peatonal y áreas jardinadas. Acabados en muros yeso o texturizados, ventanería de aluminio anodizado, techumbres de lámina sobre armaduras de acero estructural y techos de concreto armado con claros hasta 10.0 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de losetas de cerámica, mármol, duelas, instalaciones básicas (eléctricas e hídrosanitarias), en general ocultas, instalaciones especiales (aire acondicionado, calefacción, alarma, pararrayos, hidroneumático), complementos de buena calidad, sobre diseño o de importación. Industrial ligero. Edificaciones con características constructivas básicas de calidad intermedia, proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, acabados en muros aparentes y de mezcla, ventanería metálica perfil tubular, techumbres de lámina o asbesto sobre armaduras ligeras de acero estructural, ocasionalmente de madera claros hasta 6.00 metros, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado acabado pulido, instalaciones con servicios básicos (eléctricos e hidrosanitarios) ocultos o semiocultos, complementos de calidad media estandarizada (herrería, carpintería, vidriería, etc.), áreas de estacionamiento y andenes de carga. Industrial mediano. Construcciones con características especializadas de calidad intermedia, con proyectos repetitivos normalmente sin divisiones internas, con oficinas, áreas recreativas y áreas verdes. Acabados en muros aparentes, mezcla, yeso y ocasionalmente texturizados, ventanería metálica de perfiles tubular o de aluminio, techumbres de lámina galvanizada o asbesto sobre armaduras, pudiendo considerar nave industrial, pisos de concreto reforzado, acabado pulido, recubiertos con cerámica u otros elementos de soporte industrial de rodamiento, plantas de tratamientos de aguas residuales para reutilizar en sistemas de riego, instalaciones deportivas y recreativas. Estas a su vez se podrán subclasificar, de acuerdo al estado de conservación o las condiciones en las que se encuentren, conforme a las constancias que obren en los archivos de los catastros municipales, estableciéndose en las tablas de cada Municipio dichas subclasificaciones. Clase. Es el grupo al que pertenece un tipo de construcción de acuerdo a su estado de conservación; VI. Construcción permanente: La que está adherida a un predio de manera fija, en condiciones tales que no pueda separarse del suelo sin deterioro de la propia construcción o del predio, o aquella que considerándose provisional tenga un uso de carácter permanente; VII. Construcción provisional: La que por su estructura puede ser desmontable sin deterioro del predio ni de sí misma, adquiriendo el carácter de permanente al año de su instalación; VIII. Construcción ruinosa: La que por su deterioro físico no pueda tener un uso normal o constituya un riesgo de seguridad para la población; IX. Instalaciones especiales: Aquellas que complementan en servicios y funcionamiento a un inmueble; X. Límite de Centro de Población: La línea que envuelve las áreas que conforman un centro de población; XI. Predio. 27. De lo anterior, se advierte que, en cuanto a la zona homogénea y los valores unitarios del terreno, el numeral 21 de la Ley de Catastro dispone que para determinarlos se deben considerar planes y programas de desarrollo urbano y rural, la existencia, disponibilidad, características del equipamiento y servicios públicos, tipo de construcción; pero, el numeral no precisa con exactitud cuáles programas o planes de desarrollo. Tales referentes tampoco se revelan en las tablas de valores, pues si bien es cierto, en la parte final del folleto anexo, en el rubro: "Criterios importantes a considerar en la valuación de predios urbanos, suburbanos y rústicos.", se dispone: Este valor unitario será determinado en función de la vocación del suelo establecido en el Plan de Desarrollo Urbano 2040, o bien, la determinación en un plan parcial autorizado, así como en función de la zona homogénea de valor correspondiente, de acuerdo a la tabla de valores vigente. Lo que no esclarece cuál de los dos planes se va a considerar, porqué uno u otro, a qué autoridad corresponde aprobar el plan parcial y en qué momento. 28. Aunado a que las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, incluye un rubro o columna que no define ni se conceptualiza en la Ley de Catastro, correspondiente a: "jerarquía vial", que se distingue en tres categorías, según se lee en la columna: a) primaria; b) secundaria; y, c) primer orden, y una más que señala: "no aplica", sin que se permita conocer cuáles son cada una de ellas, y en qué casos no aplican y porqué. 29. Por otra parte, en la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley de Catastro, se indica que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales, delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal que tengan características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía y cualquier otro elemento relacionado que incida en dicho concepto, lo que da margen a la arbitrariedad, al no prever en forma enunciativa cada uno de los elementos que pueden influir en ese valor. 30. Asimismo, se establece que en cada zona homogénea pueden existir franjas o corredores de valor que pueden hacer que el valor unitario del inmueble sea diferente al de la propia zona homogénea, empero, no se define qué son éstas -las franjas o corredores de valor- ni en qué medida o proporción pueden variar el valor unitario del suelo, por lo que el destinatario del impuesto no está en condiciones de saber cuáles son los constituyentes que hacen que una franja dentro de una zona homogénea, pueda tener un valor unitario distinto de suelo; tan es así, que en la ley sólo se dispone que para determinar un corredor de valor se considerarán las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea, sin que tales condiciones o factores estén especificados. 31. Asimismo, la ley dispone que para determinar el valor unitario de suelo y construcción, se deben considerar tres clasificaciones de predios: urbano, suburbano y rústico; mientras que las construcciones, serán determinadas de acuerdo a su vocación o uso, pudiendo ser: habitacional, comercial e industrial, mismas que se subdividen de acuerdo a la tipología y estado de conservación; empero, en las fracciones XX y XXI del mencionado cardinal 3 de la Ley de Catastro, se establece que es el determinado por unidad de medida en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas por el Congreso del Estado; y, en la diversa fracción, que es el que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie, sin distinguir la diferencia expresamente en la ley, esto es, en qué operación se aplica en uno u otro, cómo se obtiene o a cuánto equivale la unidad de medida y la unidad de superficie. Luego, en las tablas de valores existen subclasificaciones en la categoría de habitacional, que se dividen en: horizontal y vertical, mismas que no se contemplan en la ley, asimismo, las subclasificaciones de súper lujo, lujo, bueno, medio, económico y popular, no corresponden exactamente a las definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley de Catastro, sino que se pormenorizan en A-1, A-2 y A-2 interés social; y lo mismo sucede con los rubros: "comercial e industrial" pues en las tablas de valores se identifican diferente a los conceptos establecidos en el citado numeral. 32. Del mismo modo, por lo que hace al valor del mercado de la propiedad, el artículo 3, fracción XIX, lo describe como la determinación valorativa en unidades monetarias de un predio, atendiendo a sus elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada, sin que se advierta cuáles son esos elementos cualitativos y cuantitativos que habrán de considerarse, tampoco qué autoridad debe determinarlos, provocando incertidumbre en el contribuyente, ya que permite su aplicación discrecional por parte de la autoridad exactora. 33. Similar situación sucede con la operación matemática que tiene que realizarse para obtener los valores del terreno y de la construcción, que se requieren para calcular el valor catastral de los predios, según la fórmula prevista en el artículo 23 de la Ley de Catastro, pues en ambos (valor del terreno [VT] y valor de la construcción [VC]), la legislación dispone que se deben tomar en cuenta los factores de incremento y demérito previstos en las tablas, pero en esta ley no se establece la forma de hacerlo. 34. Mientras que en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas para el Municipio de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se contemplan los parámetros que se deben tomar en cuenta para asignarle al bien inmueble los factores de incremento y demérito, de acuerdo a su topografía, ubicación dentro de la manzana, forma, superficie, valor residual y factor de giro; sin embargo, para obtener estos valores o porcentajes, como la pendiente, elevación o hundimiento del predio, forma y longitud, la ubicación en la manzana, si está en esquina, y si lo está que no se apliquen cuando sea en un ángulo de 45º o mayor a 135º, este Pleno observa que no se establece en dichas tablas a qué dependencia o autoridad le corresponde determinarlos o realizar tales procedimientos de medición y verificación, ni el mecanismo o la fuente para obtener esta información. 35. De igual modo, no puede dejar de mencionarse que según el artículo 25, fracción I, de la Ley de Catastro, la asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, así como a la información proporcionada por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal, empero, no se da a conocer qué información debe el sujeto pasivo del impuesto proporcionar y cuáles son los criterios de la autoridad para aprobarla. 36. Por su parte, los artículos segundo y tercero del folleto anexo que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Municipio de Chihuahua, disponen: Artículo segundo. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, a partir del 1o. de enero del año 2019, deberán actualizarse el valor de cada una de las cuentas del patrón catastral con base en las tablas autorizadas, sujetándose a las reglas establecidas en la referida ley y este decreto. Tercero. Para efectos del cálculo del impuesto predial, la autoridad catastral, aplicará una actualización del 5.02 % a la base gravable o calificación registrada al 31 de diciembre de 2018, aplicable a todos los inmuebles ubicados en el Municipio de Chihuahua. 37. Esto es, mientras que en la Ley de Catastro, la actualización del valor catastral de los inmuebles, se determina con información del contribuyente, entre otros datos, en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, se indica que las cuentas del padrón catastral deberán actualizarse conforme a las mismas, y que se aplicará una tasa fija del 5.02% a la base gravable registrada en el año anterior, lo que da margen al comportamiento arbitrario de la autoridad exactora, pues provoca confusión lo expuesto en ambos ordenamientos para la actualización del valor del inmueble. 38. Por todo lo hasta aquí explicado, es que se concluye que las normas analizadas no prevén con claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles, que conforman la base y tasa sobre las que se genera el valor catastral, por lo que se deja en un estado grave de inseguridad jurídica al gobernado causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial controvertido, lo que es evidente, vulnera en perjuicio de la quejosa, la garantía de legalidad tributaria, prevista en el numeral 31, fracción IV, constitucional. Ello no implica que el contribuyente, deje de pagar el impuesto predial relativo al ejercicio fiscal correspondiente, sino por el contrario, atendiendo a que las violaciones constitucionales se generan en virtud de la falta de certeza, en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste únicamente en que se le aplique el rubro que le corresponda de la tabla de valores; es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial, industrial, especial, bodegas y talleres; esto es, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia por contradicción de tesis PC.XVII. J/33 A (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro digital 2022721, Décima Época, de rubro y texto siguientes: IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron el mecanismo para la determinación del impuesto predial contemplado en la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, en la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2019, y en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Chihuahua, a fin de establecer si cumple o no con el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sostuvieron posturas diferentes. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que los artículos 7, apartado 1, inciso a), y 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2019, 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, así como las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2019 del Municipio de Chihuahua, no contienen los elementos necesarios para la fijación del valor catastral de un bien inmueble, por lo que transgreden el principio de legalidad tributaria. Justificación: Lo anterior es así, porque las normas referidas no prevén con claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles, que conforman la base y tasa sobre las que se genera el valor catastral, por lo que se deja en un estado grave de inseguridad jurídica al causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial respectivo, lo que vulnera en su perjuicio el principio de legalidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional. El subrayado es nuestro. Bajo ese esquema de consideraciones, quien resuelve estima que las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, contenidas en el Decreto arriba indicado, acorde con la tesis de jurisprudencia citada, de igual manera transgrede el principio de legalidad tributaria, por idénticas razones a lo expuesto por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, capital, debido a que de su lectura íntegra, se desprende que adolecen de claridad los elementos necesarios para poder determinar el valor unitario de suelo y construcción de los inmuebles, que conforman la base y tasa sobre las que se genera el valor catastral, situación que genera inseguridad jurídica al gobernado causante de ese tributo, ya que carece de la información necesaria que le permita conocer el fundamento legal en que la autoridad apoya su actuación, para determinar el valor catastral de su inmueble y, en consecuencia, el impuesto predial controvertido. Lo anterior, toda vez que la Ley de Catastro sigue estableciendo en su numeral 21, que para determinar la zona homogénea y los valores unitarios de terrenos, se deben de considerar programas de desarrollo urbano y rural, la existencia, disponibilidad, características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción, sin embargo, no se precisan con exactitud los programas o planes de desarrollo a tomar en cuenta para determinar la zona homogénea y los citados valores unitarios del suelo y construcción. Luego, en la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley de Catastro, continua estableciendo que la zona homogénea de valor, es una fracción de sector catastral, sector catastral completo o varios sectores catastrales delimitado por una poligonal plasmada en cartografía municipal las cuales deben tener características similares, tales como infraestructura, servicios, topografía, es decir cualquier elemento que incida en el citado concepto, sin embargo, no se prevé en forma enunciativa cada uno de los elementos que pueden llegar a influir en ese valor. Dicho precepto, continúa careciendo de alguna definición respecto de qué son las franjas y corredores de valor, los cuales señala influyen en el valor unitario del inmueble y lo diferencian de su propia zona homogénea, por lo tanto, no existe certeza de cuáles son las condiciones y factores que modifican el valor de la franja o corredor, mismos que modifican el valor unitario del inmueble. Asimismo, en la referida legislación, dispone que para determinar el valor unitario de suelo y construcción se deben considerar tres clasificaciones de predios, urbano, suburbano y rústico, mientras que las construcciones serán determinadas de acuerdo a su vocación o uso, pudiendo ser: habitacional, comercial e industrial, mismas que se subdividen de acuerdo a la tipología y estado de conservación (fracción octava y novena del artículo 21 de la Ley de Catastro del estado de chihuahua); no obstante las fracciones XX y XXI del precepto 3 de dicho ordenamiento, continua estableciendo en la primera fracción que es el determinado por unidad de medida en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones aprobadas por el Congreso del Estado de Chihuahua; y, en la diversa fracción, que es el que fija la autoridad catastral municipal por unidad de superficie, de lo anterior se advierte que no se distingue expresamente en la ley la diferencia, por lo que no se desprende en qué casos aplica uno u otro, tampoco como se obtiene el equivalente de medida y la unidad de superficie. De igual forma, en atención al valor del mercado de las propiedades el numeral con antelación en su fracción XIX, da una definición de este atendiendo a elementos cualitativos y cuantitativos a una fecha determinada sin que se especifique cuáles son esos elementos, ni quien los determina; esta circunstancia también sucede en la operación matemática para obtener lo valores de terreno y construcción establecida en el artículo 23 del a Ley de Catastro, sin precisar cuáles son los factores de incremento y demérito previstos en las Tablas que deben de considerarse para poder realizarlo. Del mismo modo, en la Tabla de Valores Unitarios por M2 de Construcción se clasifica el uso y tipología, empero no sé indica a que autoridad le corresponde definir la tipología ni el método utilizado para obtener la información necesaria para poder establecer que el inmueble cuente con las características señaladas en la fracción V del artículo 3 de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se advierte que provocan incertidumbre en el contribuyente, ya que permiten su aplicación discrecional por parte de la autoridad exactora. De ahí lo fundado del concepto de violación esgrimido por la quejosa. Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a *******, en relación con el primer acto de aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio discal dos mil veintidós. Décimo. Efectos. Previo a fijar los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, debe decirse que la inconstitucionalidad mencionada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. Por el contrario, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte peticionaria de amparo el rubro que le corresponda de la tabla de valores, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial o industrial, según le concierna; es decir, atendiendo al uso, tipología y sector, aplicando el monto de menor cuantía, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En este sentido, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación a la garantía de legalidad tributaria, en razón de que la falta de precisión en cuanto a los criterios aplicables para determinar el valor del terreno y el valor de construcción, para llevar a cabo el cálculo del valor catastral del inmueble, lesiona la garantía de legalidad tributaria del contribuyente. Consecuentemente, aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango revelan la capacidad contributiva mínima establecida en la categoría de menor cuantía. Por ello, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad que prevé el pago de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, como consecuencia, se obliga a la quejosa al pago de la categoría establecida como de menor cuantía, resulta inconcuso que en cumplimiento de la ejecutoria las autoridades responsables deberán, restituirle la diferencia que exista entre el total de la cantidad que haya pagado por tal concepto y el que resulte como de menor cuantía. Consecuentemente, lo procedente es conceder a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó, para los siguientes efectos: I. Se deje sin efectos el cobro realizado mediante el certificado de ingresos *******, de uno de junio de dos mil veintidós, relativo al inmueble ubicado en *******, con clave catastral *******. II. En su lugar, se realice el cálculo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, en el cual se aplique al inmueble de la promovente, el monto de menor cuantía previsto en las diversas Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, de acuerdo a la tipología del inmueble a su nombre, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentra el inmueble mencionado. III. Se reintegre a la peticionaria la diferencia de la cantidad de dinero que cubrió por concepto del impuesto predial correspondiente al citado ejercicio fiscal, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquél se efectuó y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. Lo anterior, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente municipal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Tesorería del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, para que proceda a dar cumplimiento a la presente ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, porque sólo a través de la actualización se devolverá a la parte peticionaria de amparo la cantidad que pagó a la autoridad bajo un poder adquisitivo razonablemente análogo al que tenía al momento en que se erogó. Es aplicable al caso la jurisprudencia 188/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido. Así como la jurisprudencia 13/2008 de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, que dice: LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada. También orienta lo considerado, la tesis LXXI/2012 (10a.) de la Primera Sala del máximo Tribunal del País, de rubro: DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES. LA AUTORIDAD FISCAL DEBE DEVOLVER AL CONTRIBUYENTE LAS CANTIDADES ACTUALIZADAS, AUN CUANDO ÉSTE NO LO SOLICITE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17-A, 22, PÁRRAFO OCTAVO, Y 22-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTES EN 2005). Del mismo modo, sirve de apoyo la jurisprudencia 17/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO RELATIVO PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2010 Y 2011, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. Las tablas de valores catastrales unitarios del referido municipio contenidas en los decretos publicados en el periódico oficial de la entidad el 31 de diciembre de 2009 y 2010, respectivamente establecen la descripción del tipo de construcción adherida al suelo objeto del impuesto predial, de cuyo estudio se advierten cinco categorías básicas, a saber, habitacional, comercial, industrial, recreativo y equipamiento urbano; así como dos subclasificaciones, la primera atendiendo su calidad: superior, mediana, económica, corriente y precaria; y la segunda, atendiendo su estado de conservación: excelente, bueno, regular, malo y pésimo. Sin embargo, los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para clasificar determinada construcción atendiendo su calidad y estado de conservación no están establecidos en la norma, lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica al contribuyente, provocando que uno de los elementos de la contribución pueda elegirse discrecionalmente por la autoridad administrativa, lo que transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se permite un margen de arbitrariedad a la autoridad para la determinación de la base gravable del impuesto. Lo anterior no implica que los contribuyentes dejen de pagar el impuesto predial sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado tipo de construcción, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consistirá en que se aplique el monto de menor cuantía, señalado para la respectiva subclasificación de calidad y estado de conservación. Así mismo es aplicable, la jurisprudencia 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso. Se destaca que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular las normas tildadas de inconstitucionales, por lo cual el Congreso y la Gobernadora, ambos del Estado de Chihuahua, quedan exentas de cumplimiento de este fallo, atento al contenido de la tesis CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, en contra de los actos reclamados, a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, por los motivos y fundamentos expuestos acotados en el considerando noveno y para los efectos señalados en el considerando décimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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