Juan Carlos Quiroz Colín

Expediente 63/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
63/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Quiroz Colín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de nueve de los actuales, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a nueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso desahoga la prevención formulada en proveído de uno del mes curso, pues manifiesta bajo protesta de decir verdad que la orden de identificación administrativa reclamada deriva del acuerdo de veinticinco de enero pasado, dictado por la autoridad judicial responsable. En ese sentido, se aprecia que los actos reclamados son los siguientes: a) El acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, en que se ordenó la identificación administrativa del quejoso, emitido en la causa 10/2017 del Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad; y b) La solicitud de dicha orden por parte del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable. Ahora, a criterio de este órgano de control constitucional, debe desecharse de plano la demanda de amparo al actualizarse las causales de improcedencia previstas en artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente: En cuanto al acto señalado en el inciso b), se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, del citado ordenamiento legal, que en ese orden, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Bajo ese marco jurídico, es claro que tendrá el carácter de autoridad responsable el ente del Estado que con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, que resulta en una violación de derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia ...emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En ese sentido, del criterio señalado, se obtiene que para distinguir a una autoridad para efecto del juicio de amparo, deben considerarse los siguientes aspectos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por consiguiente, si el acto que se reclama se atribuye a la representación social adscrita al juzgado responsable, actuando como parte en un proceso penal, es fundamental que el órgano de control constitucional, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine la naturaleza de la relación existente entre aquella y el quejoso, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra un genuino acto de "autoridad", lo que en la especie no acontece por las siguientes consideraciones. En lo que es de interés, el artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, dispone: "Artículo 5. (Proceso). Las atribuciones a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, relativas al proceso, comprenden: I. Intervenir en la declaración preparatoria del imputado y formular el interrogatorio respectivo; II. Intervenir en los procesos penales aportando los elementos de prueba pertinentes para la debida acreditación del delito, la responsabilidad del imputado y, en su caso, para la solicitud de aplicación de la pena o medida de seguridad, así como de la existencia del daño causado por el delito para la fijación del monto de su reparación. Los titulares de las unidades de investigación y de procesos serán corresponsables, en el ámbito de su competencia respectiva, de aportar y desahogar las pruebas ulteriores en el proceso, para lo cual mantendrán la comunicación y relación necesaria para ello; III. Intervenir en los procesos de justicia para adolescentes, aportando los elementos probatorios pertinentes para acreditar la conducta tipificada como delito por las leyes penales, así como la existencia del daño causado por la conducta realizada, para los efectos de la fijación del monto de su reparación. Los titulares de las unidades de investigación y de procesos serán corresponsables, en el ámbito de su competencia respectiva, de aportar y desahogar las pruebas ulteriores en el proceso, para lo cual mantendrán la comunicación y relación necesaria para tal fin; IV. Intervenir en la audiencia de desahogo de pruebas; V. Formular conclusiones y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación del daño o, en su caso, plantear conclusiones no acusatorias; VI. La formulación de conclusiones no acusatorias requerirá la autorización previa del Procurador o de los Subprocuradores en términos del Reglamento; VII. Formular conclusiones en el procedimiento relativo a la Justicia para Adolescentes, solicitando la imposición de las medidas respectivas, así como la reparación del daño; VIII. Impugnar, en los términos previstos por la ley, las resoluciones judiciales que causen agravios a la representación que le corresponda al Ministerio Público; y IX. Las demás que establezcan las normas legales aplicables". De la imposición de las normas transcritas no se aprecia que el Ministerio Público que actúa en un proceso penal, esté facultado para emitir un acto con el carácter de autoridad, pues no se puede establecer una relación de supra a subordinación entre dicha representación y el quejoso, toda vez que los actos que desarrolla en relación con un proceso de esa naturaleza, por sí, no constituyen decisiones con imperio, sino actos tendentes a preservar la protección de los intereses que estén involucrados en una controversia de ese tipo. Consecuentemente, si el Juez Sexagésimo Cuarto Penal de esta ciudad emitió el acto que en esta vía se impugna, como resultado de la petición del Agente del Ministerio Público de su adscripción en su carácter de parte en el sumario en contra del quejoso, es inconcuso que no le recae el carácter de autoridad, sino de parte indispensable en el proceso y por tanto se actualiza la causal de improcedencia señalada. En otro orden de ideas, respecto del restante acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos y razones que a continuación se exponen. Dicho precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". En ese orden, se concluye, que contra el mencionado acto reclamado emitido por el juez responsable, procedía el recurso de revocación previsto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal, que establece: "Artículo 412. El recurso de revocación procede siempre que no se conceda por este Código el de apelación. Sin embargo, ningún Juez ni Tribunal podrá revocar la sentencia que dicte". Lo anterior en razón de que el supuesto de que se trata no está previsto en el numeral 418 del código en consulta, que dispone: "Artículo 418. Son apelables: I. Las sentencias definitivas, incluyendo aquellas que se pronuncien en los procesos sumarios; II. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad; III. Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos, y IV. Los autos en los que se niegue la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y V. Todas aquellas resoluciones en que este Código conceda expresamente el recurso". Recurso de revocación que se traduce en un medio de impugnación legal previsto por la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, lo que implica la necesidad de agotar el principio de definitividad, como presupuesto necesario para que proceda el juicio de amparo. En efecto, se arriba a la conclusión de que el amparo es procedente contra la resolución que confirme la orden de identificación administrativa del quejoso, determinación que en el caso, es la que resuelve el recurso de revocación que establece el código adjetivo invocado. En ese orden, se precisa que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia de los actos de autoridad que le producen afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 75 del Semanario Judicial y se Gaceta, Octava Época, Tomo LVI, agosto de 1992, de rubro: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACIÓN. SEGÚN SE DESPRENDA DE LAS HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO". De esta manera, se insiste, si el quejoso no interpuso contra el acto reclamado que se analiza el recurso procedente, en el caso, de revocación, sin que se encuentre amparado por alguno de los casos de excepción que prevé el la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no agotó el principio de definitividad a que estaba obligado, lo que torna improcedente este juicio. No es obstáculo para resolver como se hace, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, que establece: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". En efecto, este órgano de control constitucional estima que dicha jurisprudencia no es aplicable al caso que se analiza, ya que parte de la hipótesis de que la orden de identificación administrativa deriva directamente del auto de formal prisión respectivo, lo que aquí no acontece. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 113, en relación con el 61, fracciones XVIII y XXIII, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata."

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