Juan Carlos Quiroga Zhicay
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Quiroga Zhicay
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintidós. I. Acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos; mediante el cual, comunica que aceptó la competencia declinada por este Juzgado, para conocer del presente asunto y acusa recibo de las constancias remitidas. En ese sentido, este Juzgado toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. II. Archivo. Ahora, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, se archiva este expediente como definitivamente concluido, y con fundamento en el inciso a), de la fracción I, del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, procédase a su destrucción transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo. Lo anterior, al no ubicarse en alguno de los supuestos de relevancia documental señalados en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el encargado de la Subdirección de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Acayucan, Veracruz, en atención a su contenido, se le tiene rindiendo informe con relación a la suspensión de plano decretada en este juicio y remitiendo las constancias que lo apoyan con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se recibe el diverso oficio firmado electrónicamente por ***********, mismo que se recibió electrónicamente incompleto; sin embargo, de la boleta que obra en autos (foja 28), se advierte que al Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, le correspondió conocer de la incompetencia declinada por este Juzgado; por lo cual, en obvio de mayores dilaciones, se provee: Se le tiene informando que recibió el juicio de amparo 897/2022 del índice de este Juzgado; y, lo registró con el número 741/2022-VII y, en atención a lo que solicita, remítase el informe recibido al inicio de este acuerdo vía interconexión, a fin de que provea lo relativo a la competencia declinada por este Juzgado; asimismo, hágase de su conocimiento que, en este asunto, se ordenó la vinculación permanente, a fin de que sea visible cualquier actuación que estime necesaria consultar. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad de amparo.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción, para notificar a la parte quejosa el acuerdo de uno de agosto de dos mil veintidós, en virtud de ser incorrecto el domicilio señalado para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa el acuerdo de uno de agosto de este año, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten, aun las de carácter personal; hasta en tanto, se señale un domicilio correcto para tal efecto. Finalmente, en atención a que en acuerdo de uno del mes en curso, se declinó competencia al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, se instruye al Oficial Judicial A, para que realice la vinculación permanente respectiva de este asunto. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo y el diverso de uno de agosto de dos mil veintidós; y CÚMPLASE la instrucción al Oficial Judicial A.---INSERCIÓNN NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS---San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente electrónico. Con la demanda de amparo presentada el día de hoy, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada el mismo día, promovida por el quejoso ************, contra actos del Encargado de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 897/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Incompetencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La parte quejosa señala como autoridad responsable al Encargado de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación y como actos reclamados los siguientes: "A).-LA PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD PERSONAL Y/O ASEGURAMIENTO DEL QUE HE SIDO OBJETO Y/O PRESENTACIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DONDE ACTUALMENTE ESTOY PRIVADO DE MI LIBERTAD, ADEMÁS DE LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CARTA MAGNA, QUE HAN EJECUTADO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO, COMISIONADOS A LAS ACCIONES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VERACRUZ. C).-EL TEMOR FUNDADO A SER DEPORTADOS, EN RAZÓN DE LOS ANTECEDENTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN. D).- LA RESTRICCIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, EL CUAL HE SIDO OBJETO AL DETENERME Y/O ASEGURARME Y/O PRESENTARME ANTE EL INM, DONDE ACTUALMENTE ESTOY PRIVADO DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VERACRUZ, HE SIDO PRIVADO DE MANERA ILEGAL DE MI LIBERTAD PERSONAL, POR ELEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN ACAYUCAN, VERACRUZ, COMISIONÁNDONOS A ACCIONES DE CONTRL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL SUSCRITO ********** FUI DETENIDO Y PRIVADO DE MI LIBERTAD PERSONAL EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022, APROXIMADAMENTE COMNO A LAS 23:00 P.M., E INGRESADO A MÉXICO EL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2022." Atento a los actos reclamados en este juicio de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primero párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que el quejoso *******, se encuentra detenido en la Estación Migratoria de Acayucan Veracruz; por tanto, los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en ese lugar y, en consecuencia, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La interpretación del artículo transcrito, lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. El legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da un regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución materia, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo será aquél donde se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentren recluidos los peticionarios de amparo. Por tanto, si dicha estación Migratoria donde se encuentra recluido el quejoso, se ubica en Acayucan, Veracruz, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Como apoyo a lo anterior, se cita por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, página 5, Materia(s): Penal, con registro digital 178232, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo, por identidad de razón, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, Materia(s): Común, con registro digital 2006160, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Como ya se precisó, en Coatzacoalcos, Veracruz, ejercen jurisdicción territorial, conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Coatzacoalcos, a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas. No pasa inadvertido que, en el capítulo de suspensión el quejoso menciona estar detenido en la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al no haber señalado a alguna autoridad residente en esta Entidad Federativa, es evidente que se trata de una información equivocada. Suspensión de plano. Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de la privación de la libertad del quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay fuera de todo procedimiento, detención, incomunicación, la orden de traslado a otra delegación migratoria y la orden de deportación en contra del referido impetrante; así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: Cese de inmediato el acto de incomunicación que aduce es objeto el quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecuten la orden de traslado, deportación o expulsión del país del directo quejoso. Para el caso que el directo agraviado se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del Agente del Ministerio Público; Si la detención que reclama el promovente no tiene relación con la comisión de un delito, en términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano al quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay, para efecto de que sea puesto en libertad, salvo en el caso de que la privación de la libertad derive de la situación migratoria del quejoso y esté en estancia ante la autoridad migratoria, pues en este supuesto los efectos de la suspensión son los que más adelante se expresan. Ahora, para el supuesto de que la estancia (detención) del quejoso ante la autoridad migratoria derive de su situación jurídica de migrantes y la autoridad responsable a la fecha no haya resuelto de manera definitiva la situación migratoria de los solicitantes de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para que el quejoso permanezca en el lugar en donde se encuentre alojado, a disposición de este juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. En la inteligencia de que la suspensión otorgada y sus efectos, son decretadas considerando la naturaleza especial del procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben ajustarse a las reglas que lo rigen; quedando sujetas, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por los numerales 101 y 102 de la Ley de Migración, en vinculación con lo dispuesto en los diversos artículos 43 y 111, de ese mismo ordenamiento y el numeral 214 de su Reglamento, que disponen: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por elito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables; III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados; IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se requieran. El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar." "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero". "Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley; II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley". En tales condiciones, la autoridad responsable de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 101 de la Ley de Migración, deberá informar al quejoso que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país, de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, en los términos previamente apuntados: 1. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien de persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos; 2. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio; y, 3. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración. Finalmente, no se considera idóneo establecer como condición el otorgamiento de una garantía, pues atendiendo a la calidad de los quejosos por tratarse de personas migrantes -grupo vulnerable-, no se considera conveniente exigirle la exhibición de numerario, por lo que bastan las medidas de efectividad antes descritas, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". También resulta aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." f) En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, (repatriación asistida), decretadas mediante resolución definitiva; la suspensión no surtirá efectos en los términos anteriormente precisados, sino que el quejoso permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojado, a disposición de este juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Esta suspensión es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el recurso de queja 60/2020, de su estadística, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ya que resulta aplicable al caso, pues en esa resolución se analizó un caso similar al planteado en la demanda de amparo, lo que impone a este juzgado adoptar dicho criterio. Debiendo las autoridades responsables informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable dependiente del Instituto Nacional de Migración, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal de notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten el estatus jurídico migratorio del quejoso; apercibido que de no hacerlo así se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe, vía fax, estafeta, y/o correo electrónico, los oficios que se giren en este expediente, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fueron recibidos los oficios respectivos. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Se hace del conocimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) que puede(n) remitir su informe a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, previo cercioramiento de que se encuentre debidamente completo y legible, confirmando al número 9515023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar que haya lugar. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda y por autorizado para oír y recibir notificaciones a Antonio López de León; asimismo se autoriza en términos del numeral 12 de la ley de la materia, a Gabriel Domínguez Bobadilla. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Instruye actuario. Se instruye al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese personalmente en el domicilio señalado para tal efecto y por oficio a las autoridades
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintidós. Radicación y creación del expediente electrónico. Con la demanda de amparo presentada el día de hoy, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada el mismo día, promovida por el quejoso ************, contra actos del Encargado de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 897/2022. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus SARS COV2, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. Incompetencia. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La parte quejosa señala como autoridad responsable al Encargado de la Estación Migratoria en Acayucan, Veracruz, dependiente del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación y como actos reclamados los siguientes: "A).-LA PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD PERSONAL Y/O ASEGURAMIENTO DEL QUE HE SIDO OBJETO Y/O PRESENTACIÓN ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DONDE ACTUALMENTE ESTOY PRIVADO DE MI LIBERTAD, ADEMÁS DE LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 22 DE LA CARTA MAGNA, QUE HAN EJECUTADO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PR CONDUCTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESE INSTITUTO, COMISIONADOS A LAS ACCIONES DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VERACRUZ. C).-EL TEMOR FUNDADO A SER DEPORTADOS, EN RAZÓN DE LOS ANTECEDENTES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN. D).- LA RESTRICCIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, EL CUAL HE SIDO OBJETO AL DETENERME Y/O ASEGURARME Y/O PRESENTARME ANTE EL INM, DONDE ACTUALMENTE ESTOY PRIVADO DE LA LIBERTAD EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE ACAYUCAN, VERACRUZ, HE SIDO PRIVADO DE MANERA ILEGAL DE MI LIBERTAD PERSONAL, POR ELEMENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN ACAYUCAN, VERACRUZ, COMISIONÁNDONOS A ACCIONES DE CONTRL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL SUSCRITO ********** FUI DETENIDO Y PRIVADO DE MI LIBERTAD PERSONAL EL DÍA 28 DE JULIO DE 2022, APROXIMADAMENTE COMNO A LAS 23:00 P.M., E INGRESADO A MÉXICO EL DÍA 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 2022." Atento a los actos reclamados en este juicio de amparo, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primero párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que el quejoso *******, se encuentra detenido en la Estación Migratoria de Acayucan Veracruz; por tanto, los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en ese lugar y, en consecuencia, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, al señalar expresamente lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". La interpretación del artículo transcrito, lleva a concluir que existen tres supuestos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo indirecto, que son: a) Corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces federales ante quien se presente la demanda de amparo, siempre y cuando ejerza jurisdicción en esos lugares. c) Cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, es competente el juez de distrito ante quien se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un Juez de Distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. El legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da un regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución materia, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo será aquél donde se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica la Estación Migratoria donde se encuentren recluidos los peticionarios de amparo. Por tanto, si dicha estación Migratoria donde se encuentra recluido el quejoso, se ubica en Acayucan, Veracruz, se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Como apoyo a lo anterior, se cita por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, página 5, Materia(s): Penal, con registro digital 178232, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo, por identidad de razón, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 633, Materia(s): Común, con registro digital 2006160, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." Como ya se precisó, en Coatzacoalcos, Veracruz, ejercen jurisdicción territorial, conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Coatzacoalcos, a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias respectivas. No pasa inadvertido que, en el capítulo de suspensión el quejoso menciona estar detenido en la ciudad de Oaxaca; sin embargo, al no haber señalado a alguna autoridad residente en esta Entidad Federativa, es evidente que se trata de una información equivocada. Suspensión de plano. Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos de la privación de la libertad del quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay fuera de todo procedimiento, detención, incomunicación, la orden de traslado a otra delegación migratoria y la orden de deportación en contra del referido impetrante; así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: Cese de inmediato el acto de incomunicación que aduce es objeto el quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecuten la orden de traslado, deportación o expulsión del país del directo quejoso. Para el caso que el directo agraviado se encuentre detenido por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se pongan a disposición del Agente del Ministerio Público; Si la detención que reclama el promovente no tiene relación con la comisión de un delito, en términos de lo que establecen los artículos 126 y 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano al quejoso Juan Carlos Quiroga Zhicay, para efecto de que sea puesto en libertad, salvo en el caso de que la privación de la libertad derive de la situación migratoria del quejoso y esté en estancia ante la autoridad migratoria, pues en este supuesto los efectos de la suspensión son los que más adelante se expresan. Ahora, para el supuesto de que la estancia (detención) del quejoso ante la autoridad migratoria derive de su situación jurídica de migrantes y la autoridad responsable a la fecha no haya resuelto de manera definitiva la situación migratoria de los solicitantes de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para que el quejoso permanezca en el lugar en donde se encuentre alojado, a disposición de este juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. En la inteligencia de que la suspensión otorgada y sus efectos, son decretadas considerando la naturaleza especial del procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben ajustarse a las reglas que lo rigen; quedando sujetas, en lo conducente, a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional" prevista por los numerales 101 y 102 de la Ley de Migración, en vinculación con lo dispuesto en los diversos artículos 43 y 111, de ese mismo ordenamiento y el numeral 214 de su Reglamento, que disponen: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por elito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables; III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de los elementos aportados; IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas. Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán solicitar al extranjero la información o datos que se requieran. El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la reunificación familiar." "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero". "Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley; II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley". En tales condiciones, la autoridad responsable de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 101 de la Ley de Migración, deberá informar al quejoso que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país, de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, en los términos previamente apuntados: 1. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien de persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos; 2. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio; y, 3. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración. Finalmente, no se considera idóneo establecer como condición el otorgamiento de una garantía, pues atendiendo a la calidad de los quejosos por tratarse de personas migrantes -grupo vulnerable-, no se considera conveniente exigirle la exhibición de numerario, por lo que bastan las medidas de efectividad antes descritas, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". También resulta aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." f) En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión o extradición, (repatriación asistida), decretadas mediante resolución definitiva; la suspensión no surtirá efectos en los términos anteriormente precisados, sino que el quejoso permanecerá en el lugar en donde se encuentre alojado, a disposición de este juzgado de Distrito por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Esta suspensión es acorde a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el recurso de queja 60/2020, de su estadística, el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ya que resulta aplicable al caso, pues en esa resolución se analizó un caso similar al planteado en la demanda de amparo, lo que impone a este juzgado adoptar dicho criterio. Debiendo las autoridades responsables informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable dependiente del Instituto Nacional de Migración, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal de notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten el estatus jurídico migratorio del quejoso; apercibido que de no hacerlo así se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe, vía fax, estafeta, y/o correo electrónico, los oficios que se giren en este expediente, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fueron recibidos los oficios respectivos. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Se hace del conocimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) que puede(n) remitir su informe a través del correo electrónico institucional 4jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, previo cercioramiento de que se encuentre debidamente completo y legible, confirmando al número 9515023565 ext. 2101, para los efectos legales a que haya lugar que haya lugar. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda y por autorizado para oír y recibir notificaciones a Antonio López de León; asimismo se autoriza en términos del numeral 12 de la ley de la materia, a Gabriel Domínguez Bobadilla. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Instruye actuario. Se instruye al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. 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