Juan Carlos Pérez Segovia y Otros.
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Pérez Segovia y Otros.
- José Julian Jiménez Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obra en autos constancia (acuse de recibo) relativa a la notificación de la sentencia a las autoridades responsables, con el cual computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, este operador jurídico considera que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional, en virtud que la sentencia se sobreseyó en el presente juicio, de ahí que, dicha decisión, bajo la óptica del suscrito, ningún agravio les ocasiona, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para la parte quejosa y, por ende, no puede producir agravio alguno a las autoridades responsables, en tanto que, no tendrán que dar cumplimiento al fallo dictado. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos se desprende, que del análisis efectuado a las constancias que anexó el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, como sustento de su informe, a las cuales del suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del numeral trascrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En relación con lo anterior, es importante resaltar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando el acto reclamado consiste en la detención de la parte quejosa llevada a cabo por una autoridad administrativa, debe considerarse que han cesado sus efectos cuando el quejoso ha sido consignado al juez competente. La referida jurisprudencia es la número 126, visible en la página 87, Tomo II, Parte SCJN, Quinta Época, Apéndice 2000, del siguiente rubro y texto: DETENCIÓN. Cuando el acto reclamado en el amparo consiste en la detención del quejoso, llevada a cabo por una autoridad administrativa, debe considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando el quejoso ha sido consignado al Juez competente." Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es necesario mencionar los antecedentes siguientes: La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en la carpeta de investigación *************, tuvo a bien poner a disposición a los aquí quejosos ************, en los separos de dicha Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, por la comisión de los delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos; Se dio lectura a los peticionarios de amparo de sus derechos que por ley les corresponde, informándoles que podían designar algún medico de su confianza con la finalidad de que fueran revisados en cuestión a su estado de salud, así como que se les informó su derecho a designar un abogado de su confianza, a lo cual manifestaron que por el momento no resultaba necesario nombrar abogado ni médico para su revisión física, por lo que previa autorización de ****************, se designó médico legista adscrito a la unidad de técnicas e investigaciones especializadas para su revisión de su estado físico, así como ordenándose la designación de defensor público para que los asistiera en cuanto a su situación jurídica. Una vez realizada la investigación correspondiente, a fin de resolver la situación jurídica de los aquí quejosos, se calificó de legal su detención por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en términos del numeral 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, situación que les fue notificada, así como su defensor público *************, donde también a petición del mismo se le autorizó tener comunicación inmediata y en privado con los imputados ****************. Luego, si en el caso concreto **************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal a favor de los aquí quejosos **************, reclamando la desaparición forzada y su consecuente traslado que emane de dicha desaparición, actos de tortura e incomunicación, y del oficio que remite el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, se advierte que los nombrados fueron puestos a disposición de dicha fiscalía, por la comisión de los delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, a fin de resolver su situación jurídica, calificándose de legal su detención por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, situación que les fue notificada a los aquí quejosos, así como a su defensor público, donde también se autorizó a este último tener comunicación inmediata y en privado con los imputados; es inconcuso que los actos reclamados por la parte quejosa cesaron en sus efectos, materializando con ello la causal de improcedencia aludida. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza de la siguiente manera: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Agréguese en autos el oficio que remite vía criptográfica la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre; atento a su contenido, dígasele que este órgano jurisdiccional no cuenta con los domicilios de los directos quejosos ************.
- Principal
Visto el estado de autos, así como de la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que no han rendido su informe justificado la totalidad de las autoridades foráneas señaladas como responsables, ni obra en autos constancia (acuse de recibo) de que hubieran recibido el oficio mediante el cual se les solicitó; por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la misma y se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.
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