Juan Carlos Pérez Hernández
Expediente 776/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 776/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juan Carlos Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio 1264 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución pronunciada en sesión de once de octubre de este año en el recurso de queja 124/2023, de su índice; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 776/2023-VI, de esta estadística. Acúsese recibo y comuníquese a las partes que la superioridad al resolver el medio de impugnación interpuesto, determinó lo siguiente: "[.] ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. [.]" En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas, glósese el cuaderno de antecedentes, previa extracción de las copias simples con las que se formó y, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Con fundamento en el l artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado electrónicamente por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con el cual informa que en proveído de quince de agosto de este año, el magistrado presidente de ese órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra del auto de veintiuno de julio del presente año dictado en este juicio de amparo en que se desechó la demanda; el cual se registró bajo el expediente 124/2023, de su estadística. Al respecto, tómese conocimiento y estese en espera de la resolución que en su momento dictará el tribunal de alzada. Por otro lado, como se solicita, otórguense a la superioridad los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que pueda ingresar al expediente electrónico del presente asunto.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***; en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja que hace valer el ocursante en contra del auto de veintiuno de julio de este año, en que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de agravios relativo al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Decimosexto Circuito, en turno, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, previo cuaderno de antecedentes que se forme para ello. En vía de informe, comuníquese a la superioridad que en el acuerdo recurrido se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso, ahora recurrente; sin embargo, se sostiene su legalidad al tenor de los fundamentos y motivos ahí expuestos. Sin que resulte necesario notificar a alguna parte en términos de lo que dispone la primera parte del artículo 101 de la ley de la materia, toda vez que en el auto inicial (recurrido) se desechó la demanda, por lo que no existen partes integradas a la relación jurídica procesal, a quienes deba notificarse de la interposición del recurso de queja.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otro; fórmese expediente y regístrese con el número 776/2023-VI. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitido por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca de apelación ********************, que desechó el recurso de apelación en contra del auto de apertura a juicio oral de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que la Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Cuarta Región, con sede en Salamanca, Guanajuato, excluyó los medios de prueba ofrecidos por el quejoso, dentro de la causa penal ********************. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que el acto reclamado no es de aquellos que lesionan de manera inmediata y directa un derecho sustantivo, es decir, no es de imposible reparación. Los artículos antes invocados, establecen textualmente lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." La determinación reclamada no es un acto de imposible reparación, pues las consecuencias de tal acto no afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales de la persona tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicha resolución sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que pueden quedar subsanados si quien se dice afectado obtenga sentencia favorable en el juicio de origen. En efecto, los actos procesales únicamente tienen ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 6/2021, estableció que -por regla general- el juicio de amparo indirecto en contra del auto de apertura a juicio que excluye medios de prueba es improcedente; sin embargo, señaló que dicha regla no es absoluta y para que proceda la excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Expuso que una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba -como pueden ser los principios que deben regir las audiencias; contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas, necesidad de la prueba, pertinencia, idoneidad y utilidad, por ejemplo- hace improcedente el juicio de amparo indirecto, pues dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal, porque puede enmendarse con posterioridad, ya sea porque existe otro medio de prueba que puede ser empleado para probar el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso o porque el promovente obtenga una sentencia favorable. No obstante, señaló que existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, es procedente el juicio de amparo indirecto; pero acotó que para que ello sea así, es necesario que se actualicen las siguientes características: Que la exclusión de medios de prueba establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la ejecución de la admisión pueda implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendidos estos como aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual. En el caso, no se actualiza la excepción a la regla general precisada a supra líneas, pues la exclusión de los medios de prueba, son actos intraprocesales que puede ser reparados en definitiva en caso de que el quejoso obtenga sentencia favorable, y así, puede no producir ningún efecto o perjuicio, por lo que el acto reclamado sólo produce una afectación a derechos adjetivos del quejoso, pues no implica la violación a derechos sustantivos relacionados con la persona, familia, domicilio, privacidad, papeles o posesiones de los imputados, esto es, no les impone cargas injustificadas de ejecución inmediata que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de las pruebas. En tales condiciones, si se dictara sentencia a favor del promovente, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas y, la parte quejosa tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable, en su momento, podría reclamarla vía amparo directo. En consecuencia, no es procedente la vía de amparo indirecto contra el auto que reclama el promovente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.23/2021 (11a), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1319, Tomo II, del Libro 8 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." [Énfasis añadido] En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último precepto interpretado a contrario sensu; se desecha de plano la demanda de amparo. Sin perjuicio de que en el presente asunto se actualice diversa causa de improcedencia prevista en el numeral 61 de la ley de la materia. Domicilio procesal, medio de contacto y autorizados. Se reconoce como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, colonia ********************, en esta ciudad. Asimismo, se tienen proporcionada la cuenta de correo electrónico indicada, para los casos en que este juzgado estime necesario establecer contacto por ese medio. Ténganse como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y********************, por contar con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del precepto legal en cita, a las demás personas que designa, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."
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