Juan Carlos Paxtian Perea

Expediente 1145/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1145/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Paxtian Perea

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por José Hugo Martínez Cerezo, autorizado de la parte quejosa (Carlos Antonio Núñez Moreno). En atención a su contenido, se le tiene desahogando la vista concedida en proveído de seis de noviembre pasado, respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable a la ejecutoria protectriz dictada en el presente asunto. Esas manifestaciones serán tomadas en consideración al calificar dicho cumplimiento. Una vez fenezca el plazo de tres días otorgado a las partes en el citado proveído, se acordará lo que en derecho corresponda. En relación con las copias que solicita, estese a lo acordado en proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, donde se autorizó la expedición de copias. Téngase como autorizadas para recibirlas a las personas que indica previa identificación y constancia de recibo que otorgue en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo y seis copias, signada por Juan Carlos Paxtian Perea, contra actos del Fiscal Titular de Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XIX, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Regístrese con el número 1145/2023-V. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama: La negativa al acceso de la carpeta de investigación 896/2023 de su índice. Como antecedentes manifiesta lo siguiente: 1. Que el viernes trece de octubre pasado, la parte quejosa, recibió en su teléfono celular un documento en formato PDF en el que señala fue denunciado, indicándole un número de teléfono para obtener mayor información. 2. El diecisiete de octubre siguiente se comunicó al teléfono proporcionado, donde le informaron había sido denunciado ante la Fiscalía de San Andrés Tuxtla, Veracruz por robo de vehículo, derivado de una denuncia formulada por Grupo Salinas (Elektra). Señalándole el número de carpeta de investigación 896/2023. 3. En misma fecha acudió a la Unidad Integral de San Andrés Tuxtla, así como a la Unidad de Atención Temprana, preguntando el motivo por el que se le estaba investigando, negándole la información por parte de las autoridades. Congruente con ello, el que suscribe advierte en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De los artículos antes trascritos se desprende, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación sistemática de los preceptos arriba citados se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, constitucional, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma. Y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Sin embargo, en el caso, se advierte no existe un acto de molestia por parte de una autoridad. Pues para tener acceso a los registros de la carpeta de investigación debe preceder un acto concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, debe estar justificada, sin embargo, como en el caso, se advierte sólo tiene una sospecha o temor de ser investigado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 95/2022 (11a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, libro 17, Tomo III, Materias(s): Común, Penal, Undécima Época, registro 2025272, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2022, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la ley de la materia; el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, en consecuencia, con apoyo en el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de la demanda de amparo. Se toma nota del correo electrónico proporcionado por el impetrante, como medio de notificación no procesal. AUTORIZADOS. Tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, se tiene a los nombrados Abdías de Jesús Coto Marthen, Pedro Rivera García, Juan José Coto Marthen, Bonifacio Coto Marthen y Ulises Rojas Coba, como autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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