Juan Carlos Pastrana Meixueiro
Expediente 79/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Pastrana Meixueiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 79/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. ********************por derecho propio, mediante demanda de amparo presentada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS -OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Director del Área Técnica, Coordinador Médico, ambos del referido centro de internamiento, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca, los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno, le correspondió conocer de la referida demanda, que se registró en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 79/2023; y en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés (fojas 7 - 12), se determinó admitir la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó la designación de un asesor público y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados y a las autoridades responsables que se advierten del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos: Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Coordinador Médico y Encargado de la Dirección Técnica, ambos adscritos al citado Centro Federal de Readaptación Social. La falta de respuesta a las peticiones en que solicitó se le proporcionara atención psiquiátrica y traumatológica. La falta de atención médica especializada en traumatología y psiquiatría. Del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. La falta de trámite al escrito remitido mediante Correos de México, por el cual interpuso controversia judicial derivado de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. La falta de trámite y resolución a la controversia interpuesta mediante escrito depositado en Correos de México, por el cual interpuso controversia judicial derivado de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría. Sin que en este asunto se puedan tomar como actos reclamados el tormento físico o psicológico, pues la lectura de la demanda de amparo, permite advertir que el quejoso no reclama actos derivados de lo dispuesto por el artículo 22 constitucional; pues el tormento que refiere que se le han infringido, deriva de la falta de atención psiquiátrica y traumatológica. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Ejecución, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, consistente en la falta de trámite y resolución a la controversia interpuesta mediante escrito depositado en Correos de México el ocho de enero de dos mil veintitrés, en que se inconformó a causa de la falta de atención médica psiquiátrica y traumatológica (fojas 71 - 72). Pues refirió que la Administración del Centro de Justicia Penal Federal no le turnó alguna petición para ser atendida o para realizar algún pronunciamiento, relacionada con la atención médica que solicitó el quejoso ********************. Lo anterior, ya que si bien dicha petición fue recibida en el Centro de Justicia Penal Federal, el diecisiete de enero del año en curso; sin embargo, fue atendida por el Administrador del referido Centro de Justicia, mediante auto de veintisiete del mismo mes y año, dictado en el procedimiento de ejecución de controversia ********************. En consecuencia, dado que la parte quejosa no demostró en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, por lo que hace al acto reclamado que se precisó en el primer párrafo de este considerando, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Del informe justificado rendido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, se advierte la existencia del acto reclamado consistente en la falta de trámite al escrito remitido mediante Correos de México, por el cual interpuso controversia judicial a causa de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría. Lo anterior, pues si bien en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, atendió al referido escrito suscrito por ******************** o ******************** y formó el expediente de procedimiento de ejecución de controversia ********************; lo cierto es que ello aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De ahí la existencia del referido acto reclamado. Por otra parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a las peticiones en que solicitó atención psiquiátrica y traumatológica; sin embargo, su negativa se desvirtúa y se estima cierto dicho acto, ya que por acuerdo de inicio y resolución de veintisiete de enero del año que transcurre, el Director responsable admitió el escrito suscrito por el quejoso, en la vía de petición administrativa, que registró bajo el número ********************y ordenó dar inicio al procedimiento administrativo en términos de lo establecido en el artículo 111 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; lo que sucedió con posterioridad a la presentación de la demanda (veintiséis de enero de dos mil veintitrés). En cuanto al distinto acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada en traumatología y psiquiatría, también se considera cierto dicho acto, pues aun cuando fue atendido por el médico del centro de internamiento, el veintiocho de enero del año que transcurre; sin embargo, no ha sido atendido por los especialistas en traumatología y psicología, cuya cita se encuentra pendiente de ser asignada, como se advierte de la nota médica de la referida fecha. De ahí la existencia del acto reclamado. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que con respecto al acto atribuido al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, consistente en la falta de trámite al escrito remitido mediante Correos de México, por el cual interpuso controversia judicial a causa de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría; así como al diverso reclamado al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", consistente en la falta de respuesta a las peticiones en que solicitó atención psiquiátrica y traumatológica; se actualiza la actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La aludida causa de improcedencia se actualiza en dos supuestos: 1. El primero por revocación, esto es, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, 2. El segundo por sustitución procesal, que se configura cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto; es decir, que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por su parte, la segunda hipótesis es actualizada cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, el cual estaba en suspenso y cuya firmeza sobreviene con el ulterior acto por el cual fue sustituido (que es la materia del amparo), por ejemplo, la sentencia que decide un recurso; pues, da firmeza y sustituye el auto o resolución que se impugnó en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio constitucional respecto de este último, el amparo resulta improcedente. Ilustra lo anterior, la tesis I.3o.C92K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 165870, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." A efecto de realizar el estudio correspondiente, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que derivan del procedimiento de ejecución de controversia ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; así como de la petición administrativa registrada bajo el número ********************del inventario del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a cuyas copias certificadas se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Amparo por disposición de su artículo 2°, de donde se advierte: 1. Mediante escrito suscrito por ******************** o ********************remitido mediante Correos de México, interpuso controversia judicial a causa de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría (fojas 60 - 63). 2. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, atendió al referido escrito suscrito por ******************** o ******************** y formó el expediente de procedimiento de ejecución de controversia ******************** (fojas 58 - 59). Ordenó remitir el citado ocurso a la Encargada del Despacho y Director Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS-Oaxaca", para que se le diera el trámite previsto en el artículo 109 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y respondieran a la petición formulada; además, ordenó que en caso de que no se hubiere proporcionado a la persona privada de su libertad (quejoso en este juicio), la atención médica y medicamentos requeridos, lo hiciera de inmediato y lo acreditara ante ese Centro de Justicia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. 3. Mediante auto de inicio y resolución de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Director responsable admitió el escrito de petición relacionada con la falta de atención especializada en traumatología, psiquiatría y optometría, suscrito por el quejoso, en la vía de petición administrativa, que registró bajo el número ********************y ordenó dar inicio al procedimiento administrativo en términos de lo establecido en el artículo 111 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (foja 103). 4. El quejoso fue atendido por el médico adscrito al centro de reclusión, el veintiocho de enero del año que transcurre, como se advierte de la "nota médica consulta general", que remitió el Director responsable (foja 111). 5. En proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, ordenó correr traslado a las partes (defensor Público Federal, interno y Fiscalía Federal), con el oficio que envió el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca", al que adjuntó la resolución de petición administrativa ********************, a favor de ******************** o ********************para que se le brindara atención médica y la "nota médica consulta general" de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, a fin de que en el plazo de cinco días hábiles se pronunciaran al respecto; bajo apercibimiento que de no hacerlo se entendería conforme con la atención médica otorgada y se ordenaría su archivo definitivo. Sin que hasta la fecha se haya emitido alguna resolución en el procedimiento de ejecución de controversia. Ahora bien, en el caso particular, el quejoso reclama la falta de trámite al escrito remitido mediante Correos de México, por el cual interpuso controversia judicial a causa de la falta de atención médica especializada en traumatología, optometría y psiquiatría; así como la falta de respuesta a las peticiones en que solicitó atención psiquiátrica y traumatológica. Los antecedentes relatados, permiten advertir que se actualiza el primer supuesto de actualización de la citada causa de improcedencia, ya que las responsables destruyeron en forma total, incondicional y material los efectos del acto (revocación). Lo anterior, ya que el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, atendió al referido escrito suscrito por ******************** o ******************** y formó el expediente de procedimiento de ejecución de controversia ********************; además, en la referida fecha, el Director responsable admitió el escrito de petición suscrito por el quejoso, en la vía de petición administrativa, que registró bajo el número ********************y ordenó dar inicio al procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Luego, toda vez que ello aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de enero de dos mil veintitrés), conduce a establecer que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. En cuanto al diverso acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada en traumatología y psiquiatría, se actualiza la distinta causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, toda vez que se encuentra en trámite el procedimiento de ejecución de controversia ********************, relacionado con la mencionada falta de atención médica. Al efecto el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]" De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se encuentre pendiente de resolver un recurso ordinario ante los tribunales ordinarios, interpuesto por el quejoso en los que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Es pertinente mencionar que existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que estableció que para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en comento, es necesaria la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, con número de registro digital 190665, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Coordinador Médico y Encargado de la Dirección Técnica, ambos adscritos al citado Centro Federal de Readaptación Social, la falta de atención médica especializada en traumatología y psiquiatría, pues refiere que se encuentra interno en dicho centro de reclusión, tiene un problema de pie plano y sufre de ansiedad, delirios de persecución, abstinencia e insomnio. Ahora bien, de las constancias de cuenta, se advierte que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, atendió al escrito suscrito por ******************** o ********************mediante el cual promovió controversia judicial, con motivo de la falta de atención especializada en traumatología, psiquiatría y optometría, formando el expediente de procedimiento de ejecución de controversia ********************. En dicho procedimiento de ejecución de controversia, entre otras cuestiones, ordenó que en caso de que no se hubiere proporcionado a la persona privada de su libertad (quejoso en este juicio), la atención médica y medicamentos requeridos, lo hiciera de inmediato y lo acreditara ante ese Centro de Justicia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. Con motivo de lo anterior, el quejoso fue atendido por el médico adscrito al centro de internamiento, el veintiocho de enero de dos mil veintitrés, quien entre otras cuestiones le diagnosticó probable pie plano, lumbalgia, disminución de agudeza visual y probable trastorno de ansiedad, además, indicó que se encontraba en espera de canalización a traumatología y ortopedia, psicología y optometría, pues las citas ya habían sido solicitadas. .Además, mediante acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, ordenó correr traslado a las partes (defensor Público Federal, interno y Fiscalía Federal), con el oficio que envió el Director General del Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca", al que adjuntó la resolución de petición administrativa ********************, a favor de ******************** o ********************para que se le brindara atención médica y la "nota médica consulta general" de veintiocho de enero de dos mil veintitrés, a fin de que en el plazo de cinco días hábiles manifestaran se pronunciaran al respecto; sin que hasta la fecha se haya emitido alguna resolución en el procedimiento de ejecución de controversia. Bajo ese contexto, el acto reclamado consistente en la falta de atención médica especializada en traumatología y psiquiatría, fue combatida ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, mediante el procedimiento de ejecución de controversia ********************. En ese sentido, se satisfacen los requisitos antes precisados, pues dicho procedimiento de ejecución de controversia constituye la vía idónea de impugnación para conducir a que le sea proporcionado al quejoso la atención médica que necesita, de conformidad con los artículos 9º, fracción II, 34, primer y cuarto párrafos, 76, fracciones II y IV, 116, fracción I y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que disponen: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario [.] II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; [.]" "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. [.] La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. [.]" "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: [.] II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; [.] IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y [.] "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; [.]" "Artículo 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." Bajo esa óptica, la falta de atención especializada en traumatología y psiquiatría, no puede ser analizada en el presente asunto, ya que se encuentra sub júdice a la determinación que se emita en el procedimiento de ejecución de controversia ********************, en que se reclama la falta de respuesta a su petición relacionada con dicha atención médica especializada. Por lo tanto, al actualizarse las citadas causas de improcedencia, conlleva a sobreseer en la presente contienda constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley invocada. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 79/2023, promovido por ********************en términos de los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio que remite el Jefe de departamento PRS "C", en representación del encargado de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", por el cual rinde informe justificado; por tanto, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", por el cual rinde informe justificado; por tanto, con su contenido y anexó dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase ofreciendo como pruebas documentales las que se precisa, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, para dar oportunidad de que las partes se impongan del contenido del presente informe justificado, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.
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