Juan Carlos Parra Martínez

Expediente 6/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 48 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
6/2017
Año
2017
Actuaciones
48
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Parra Martínez
  • Juez de Control de la Cuarta Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 6/2017-3, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se concedió la suspensión provisional, y en una parte se negó y en otra se concedió la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados, conforme al párrafo segundo de la fracción III del punto vigésimo primero del referido acuerdo, es depurable (con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación). Conforme al acuerdo citado, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo general señalado en este propio auto. Notifíquese. (3)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos el oficio y anexo, provenientes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 755/2018-3, el cual quedó registrado en aquel juzgado con el número 356/2018-I. Sin que sea el caso de remitir el acuse respectivo, en razón a lo expuesto en el oficio de cuenta. Hágase la anotación correspondiente en el libro de exhortos y despachos. En consecuencia, se tiene por notificado al tercero interesado L.M.L., por conducto de los licenciados Lucina Liliana Morales, Ericka Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, en su carácter de asesores jurídicos adscritos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, del proveído de veinticinco de junio del año actual (fojas 1014 y 1015, tomo II), lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. (3)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexos que acompaña, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 498/2018-3, del índice de este juzgado, registrado en ese órgano jurisdiccional con el número de exhorto 277/2018-IV, orden 280/2018. Acúsese recibo vía fax, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de exhortos y despachos. Por tanto, téngase por notificado al tercero interesado L.M.L., del proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 958 a 962 del tomo II). Notifíquese. (3)

  4. Principal

    Por este medio se notifica a las víctimas terceras interesadas: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexos que acompaña, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto número 297/2018-3, del índice de este juzgado, registrado en ese órgano jurisdiccional con el número de exhorto 243/2018. Acúsese recibo vía fax, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de exhortos y despachos. Por tanto, téngase por notificado al tercero interesado L.M.L., de los proveídos de diecinueve de abril y tres de mayo de dos mil dieciocho (fojas 891, 892 y 936 del tomo II). Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de diecinueve de abril del año actual (foja 891 y 892 del tomo II), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que alguna de las partes hubiere desahogado la vista de mérito; por tanto, este juzgador procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: I. Que en sentencia terminada de engrosar el nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 824 a 837 del tomo II), este órgano jurisdiccional resolvió el presente juicio de amparo 6/2017-3, en el que por un lado se sobreseyó, y por otro se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso Juan Carlos Parra Martínez, respecto de los actos reclamados al Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, y Encargado del Despacho del Centro de Ejecución de Sanciones, ambos con residencia en esta ciudad, para el efecto de que la autoridad citada en primer lugar realizara lo siguiente: "[.]  Deje insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso. En el entendido de que con lo anterior, quedarán sin efectos los actos emitidos dentro de la audiencia inicial a partir de la determinación relativa a la vinculación a proceso, es decir, la medida cautelar y su ejecución.  Reponga el procedimiento a efecto de que una vez cerrado el debate respecto de la vinculación a proceso, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la que señale si con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, se acreditan los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, debiendo exponer las razones por las que en su opinión se acrediten o no todas y cada una de las hipótesis señaladas por el fiscal investigador, inclusive la relativa al inciso b) fracción I del artículo 9 de la aludida legislación, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera".  Asimismo, analice en forma lógica, congruente y completa los argumentos vertidos por la defensa en torno al alcance convictivo de los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público, los cuales, según se dijo, la defensa los estima insuficientes para la acreditación del hecho con apariencia de delito respecto del cual se formuló la imputación. [.]." II. Por auto de diez de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio, al no haber sido recurrida por las partes, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector (fojas 870 a 872 del tomo II). III. Luego, por auto de diecinueve de abril del año actual (fojas 891 y 892), se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de un análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable por oficio 586/2018 (fojas 880 a 889), los cuales obran en autos y a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2, se advierte que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, por las razones que a continuación se exponen. De conformidad con lo resuelto en la mencionada ejecutoria, la autoridad responsable estaba obligada a realizar los siguientes actos: 1. Dejar insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso. En el entendido de que con lo anterior, quedarían sin efectos los actos emitidos dentro de la audiencia inicial a partir de la determinación relativa a la vinculación a proceso, es decir, la medida cautelar y su ejecución. 2. Reponer el procedimiento a efecto de que una vez cerrado el debate respecto de la vinculación a proceso, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, en la que señalara si con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, se acreditaban los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, debiendo exponer las razones por las que en su opinión se acreditan o no todas y cada una de las hipótesis señaladas por el fiscal investigador, inclusive la relativa al inciso b) fracción I del artículo 9 de la aludida legislación, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera". 3. Asimismo, analizar en forma lógica, congruente y completa los argumentos vertidos por la defensa en torno al alcance convictivo de los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público, los cuales, según se dijo, la defensa los estima insuficientes para la acreditación del hecho con apariencia de delito respecto del cual se formuló la imputación. Con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector se desprende lo siguiente: a) Se dejó insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso. b) En fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial dentro de la carpeta administrativa CP/0121/2016, en la cual una vez cerrado el debate respecto de la vinculación a proceso solicitada por el agente del Ministerio Público, el juez de control responsable con plenitud de jurisdicción, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso Juan Carlos Parra Martínez; y por consecuencia, ordenó su inmediata libertad (fojas 884 a 888 del tomo II). Con lo anterior se acredita el cumplimiento dado a los puntos "1", "2" y "3" de los efectos de la concesión del amparo, pues se desprende que el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial de esta ciudad, realizó lo siguiente. o Dejó insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso. o Repuso el procedimiento hasta la etapa en la que cerró el debate respecto de la vinculación a proceso, y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que determinó que con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, no se acreditan los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, exponiendo las razones por las que en su opinión no se acreditaban las hipótesis señaladas por el fiscal investigador. o Asimismo, analizó en forma lógica, congruente y completa los argumentos vertidos por la defensa en torno al alcance convictivo de los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público, concluyendo que son insuficientes para la acreditación del hecho con apariencia de delito respecto del cual se formuló la imputación. De ahí que si los efectos de la concesión del amparo fueron para que el juez responsable (i) dejara insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso; (ii) repusiera el procedimiento a efecto de que una vez cerrado el debate respecto de la vinculación a proceso, con plenitud de jurisdicción dictara una nueva resolución, en la que señalara si con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, se acreditaban los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, debiendo exponer las razones por las que en su opinión se acreditan o no todas y cada una de las hipótesis señaladas por el fiscal investigador, inclusive la relativa al inciso b) fracción I del artículo 9 de la aludida legislación, referente a que el activo del delito "detenga en calidad de rehén a una persona y amenace con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera"; (iii) asimismo, analizara en forma lógica, congruente y completa los argumentos vertidos por la defensa en torno al alcance convictivo de los datos de prueba proporcionados por el Ministerio Público, los cuales, según se dijo, la defensa los estima insuficientes para la acreditación del hecho con apariencia de delito respecto del cual se formuló la imputación; y en acatamiento a dichos lineamientos, la autoridad responsable dejó insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso; asimismo, repuso el procedimiento hasta la etapa en la que cerró el debate respecto de la vinculación a proceso y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que determinó que con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, no se acreditan los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, es inconcuso que el fallo protector se encuentra cumplido. Cabe destacar que en la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional dentro del presente asunto, no se estableció directriz alguna en torno a la solicitud de vinculación a proceso del quejoso ni lineamiento alguno en torno a la valoración de los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público, sino que, por el contrario se otorgó al Juez de Control de la Cuarta Región Judicial de esta ciudad, libertad de jurisdicción; de ahí que, la conclusión a la que arribó es meramente emitida en ejercicio de su función jurisdiccional. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues juez de control responsable no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que como se le ordenó dejó insubsistente la audiencia inicial celebrada el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, dentro de la carpeta procesal CP/121/2016, a partir del dictado de la determinación relativa al auto de vinculación a proceso; asimismo, repuso el procedimiento hasta la etapa en la que cerró el debate respecto de la vinculación a proceso y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la que determinó que con los datos de prueba que le fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, no se acreditaban los hechos que la ley señala como delito por los que se formuló la imputación, a saber, el delito de secuestro agravado previsto en el artículo 9, fracción I, incisos a) y b) y 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; tampoco se aprecia defecto, porque la autoridad cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, pues dejó sin efecto la audiencia inicial en los términos que se le precisó, continuó de nueva cuenta con la audiencia inicial en la etapa en la que cerró el debate respecto a la solicitud de vinculación a proceso y con libertad de jurisdicción resolvió lo relativo a dicha petición. Con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido. En otro aspecto, tomando en cuenta que mediante proveído de seis de noviembre de dos mi diecisiete (foja 791 del tomo II), se ordenó que las notificaciones que deban realizarse en el presente juicio al tercero interesado L.M.L., le fueran practicadas por medio de exhorto en el domicilio ubicado en calle Porfirio Díaz, número mil cuatrocientos veinticinco (1425) sur, colonia San Pío X, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; en tal virtud, con apoyo en los artículos 26, fracción I, incisos a) y c), y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el numeral 298, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de acuerdo a su artículo 2°, así como el Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal, cuyo artículo 107, refiere que el uso de las firmas electrónicas vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, sustituyen a las firmas autógrafas al producir los mismos efectos jurídicos, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda: 1. Se constituya en las instalaciones que ocupa la Delegación Nuevo León de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ubicada en calle Porfirio Díaz, número 1425 Sur, colonia San Pio X, en la ciudad de Monterrey; 2. Notifique personalmente el presente proveído al tercero interesado L.M.L., por conducto de cualquiera de sus representantes especiales licenciados Lucina Liliana Morales, Ericka Natalia Jaime Moreno y Omar Vladimir Hinojosa Mascorro, Jefes de Departamento en funciones de Asesores Jurídicos Federales. Con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza al juez exhortado, para el caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles para que el actuario de su adscripción pueda llevar a cabo la notificación de mérito. Notifíquese personalmente (por lista a los terceros interesados L.J.S., C.A.L.T. y O.A.M., y por exhorto al tercero L.M.L.)

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