Juan Carlos Padilla Cruz
Expediente 865/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 865/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Padilla Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
ista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término concedido a las partes para manifestaran lo que a su interés conviniere respecto del cumplimiento dado al fallo protector; lo cual no aconteció. Para estar en posibilidad de pronunciarse, debe considerarse lo siguiente: 1. Sentido y efectos. El veintinueve de septiembre del año en curso, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a ..., contra actos del Juez Trigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, cuyos efectos fueron: a) Dejara sin efectos la resolución reclamada; y, b) En su lugar, de manera fundada y motivada, dictara otra en que considerara que el Código adjetivo civil no establece que deba de reservarse la apelación presentada en un juicio, siguiendo los lineamientos precisados. 2. Auto que requirió el cumplimiento. El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la sentencia de amparo causó ejecutoria y se requirió al Juez responsable para cumplir el fallo protector dentro de tres días, bajo apercibimiento de una medida de apremio en caso de no hacerlo, sin perjuicio de proceder en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. 3. Forma de cumplimiento. En acatamiento al fallo protector la autoridad responsable realizó lo siguiente: El veinticuatro de noviembre del presente año, dejó insubsistente la resolución reclamada y admitió a trámite al medio de impugnación interpuesto en efecto devolutivo, dando vista a los codemandados incidentistas por el término de tres días, para producir su contestación; transcurrido dicho término, ordenó remitir el cuaderno de constancias a la Sala Familiar en turno, para su substanciación De lo hasta aquí narrado se advierte que se cumplió con el fallo protector, porque el Juez responsable ajustó su proceder a los lineamientos contenidos en la ejecutoria que concedió el amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías constitucionales que estimó violadas en su perjuicio, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional declara que se ha cumplido la sentencia de mérito sin excesos o defectos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
Agréguese el oficio del Juez responsable, por medio del cual remite copia certificada de lo actuado en cumplimiento al fallo protector, en consecuencia se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo, el suscrito resolverá sobre el acatamiento de la sentencia con base en los elementos y datos que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LOS TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente auto informe sobre el cumplimiento que dé a la resolución de referencia, remitiendo copia certificada de las constancias respectivas con las que lo acrediten, en las que se advierta el nombre y firma de los servidores públicos que intervinieron en su emisión, así como el sello de publicación debidamente requisitado, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se leimpondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización. Amén que de no acatar lo señalado, se procederá en términos del artículo 192 párrafo segundo del ordenamiento legal citado. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 865/2023, promovido por ***** contra actos del Juez Trigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad citada por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Este Juzgado Federal admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló parte tercera interesada; y requirió informe justificado. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvo por rendido el informe justificado; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. Auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitido en el ***** del índice del Juzgado Trigésimo Primero Familiar de esta Ciudad, donde se reservó a proveer sobre el recurso de apelación intentado contra el auto de quince junio de esta anualidad (en el cual inadmitió el incidente de remoción de albacea) hasta en tanto se cumplimentara la notificación del codemandado incidentista *****. TERCERO. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El tres de diciembre de dos mil dieciocho, se inició juicio testamentario de *****; proceso que se admitió el siete de ese mes y año. II. En audiencia de dos de septiembre de dos mil diecinueve, se designó como albaceas mancomunados a ****. III. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, **** promovieron incidente de remoción de albaceas; el cual se admitió el treinta de ese mes y año, por lo que ordenó la notificación de *****. IV. El doce de junio de dos mil veintitrés, **** promovió nuevamente incidente de remoción de albacea; el cual fue inadmitido el quince del mes y anualidad en cita, bajo el argumento de que ya hay un diverso proceso en trámite que resolverá lo conducente a su petición. V. Inconforme **** interpuso recurso de apelación; el cual en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, el a quo ordenó reservarlo hasta en tanto se notificara a ******. Esta actuación constituye el acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se violaron los derechos consagrados en los artículos 1 y 17 Constitucionales, en razón de que: a. El artículo 17 constitucional abarca la exigencia de que toda persona sujeta a la jurisdicción del estado se le administre justicia por los tribunales independientes, imparciales y previamente establecidos, los cuales deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. a.1. Este derecho implica que toda persona debe contar con un recurso eficaz y sencillo contra violaciones a sus derechos humanos, así que para que los medios de impugnación sean accesibles para las personas, es necesario que los requerimientos de procedencia estén regulados de tal forma que brinden certeza y seguridad jurídica. a.2. No basta la existencia de tribunales o procedimientos formales, ni la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que además debe garantizarse que esos recursos sean efectivos, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer el mecanismo de disenso para que pueda ser restituido su derecho fundamental violado. b. El debido proceso como derecho complejo e instrumental busca que la libertad y demás derechos de las personas no se vean afectados arbitrariamente ante la ausencia, insuficiencia o deficiencia de un juicio justo. b.1. Así, las formalidades esenciales del procedimiento constituyen el mínimo de garantías que debe tener una persona cuya esfera jurídica se pretenda modificar mediante la actividad positiva del Estado. Los conceptos de violación expresados son fundados, aunque suplidos en su deficiencia al advertirse una violación manifiesta de la ley, en términos de la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA POR VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; de lo que se infiere que por tal violación debe entenderse aquella actuación de la autoridad que de manera evidente, clara y palpable, ponga de manifiesto su indebido proceder frente a la obligación que le impone el texto legal que se estima infringido; de tal forma que a fin de poder determinar si dicha violación se cometió, resulta necesario analizar si de manera completamente clara y expresa, la citada obligación es impuesta a la autoridad responsable por el texto del precepto de donde se hace depender la infracción de la ley, pues de no estimarse así, es decir, si categóricamente no lo señala de ese modo, sino que aquélla se obtiene a base de complicadas interpretaciones, entonces, el hecho de que la autoridad de instancia hubiese procedido de manera diversa, no puede traducirse en que manifiestamente haya infringido la ley que rige el acto, ni conlleva al juzgador constitucional a suplir la deficiencia de la queja, apoyándose en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo." El artículo 16 constitucional, en la parte conducente, dispone: "Artículo. 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" Para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Además, cabe distinguir entre la falta de fundamentación y de motivación y, la indebida fundamentación y motivación, pues por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya la resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado; mientras que la diversa hipótesis se actualiza, cuando en el acto reclamado sí se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y sí se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar el acto, pero no corresponden al caso concreto objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicadas en el propio acto. En el caso, en el acto reclamado se determinó lo siguiente: "A sus autos el escrito de **** escrito de agravios y copias de traslado que se acompañan. Resérvese de proveer una vez que se cumplimente la notificación personal ordenada al codemandado incidentista **** en auto de fecha treinta de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles. Por otra parte, se previene al promovente para que en lo sucesito promueva con los datos correctos, toda vez que su escrito lo dirige a la (sic) juicio principal y no al incidente en que se actúa, apercibido que en caso de no hacerlo no se acordaran sus promociones bajo su más estricta responsabilidad, con fundamento en el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles. Notifíquese." Lo anterior se considera desapegado a la Constitución, porque no hay precepto legal que disponga que se deben de reservar los recursos cuando una de las partes aun no este notificada del inicio de un proceso, esto es, que imponga la necesidad de esperar a que los contendientes en un incidente se les emplace para que los medios de impugnación puedan tener el curso que la ley prevé. Ello, no obstante que la autoridad citara los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, los cuales, contrario a lo que la autoridad afirma en el acto reclamado, no prevé que sea necesario esperar a que una de las partes en el proceso sea emplazada para que los medios de impugnación tomen su cauce legal y se pronuncie sobre ellos, pues esos preceptos de forma textual disponen: "ARTICULO 55. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por este Código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciarse las normas del procedimiento. Para el caso que no se hubiese logrado un avenimiento en la audiencia previa, el Juez y el conciliador estarán facultados para intentarlo en todo tiempo, antes de que se dicte la sentencia definitiva, pudiendo aplicar las reglas y principios generalmente aceptados, en la mediación y en la conciliación. Asimismo, los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán informar a los particulares sobre las características y ventajas de la mediación, para alcanzar una solución económica, rápida y satisfactoria de sus controversias. *Si en constancia de autos el Juez advirtiere que el asunto es susceptible de solucionarse a través de la mediación, el juez exhortará a las partes a que acudan al procedimiento de mediación a que se refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, e intenten, a través de dicho procedimiento, llegar a un acuerdo que ponga fin a la controversia. El juez podrá decretar la suspensión del juicio hasta por el término de dos meses con los efectos previstos por la propia Ley de Justicia Alternativa, a partir de que las partes le informen que han iniciado el procedimiento de mediación correspondiente. En el caso de que las partes logren la construcción de un acuerdo por medio del procedimiento de mediación, lo harán del conocimiento del Juez quien decretará la conclusión del procedimiento y lo archivará como corresponda. En caso de que las partes una vez recibida la pre-mediación no hubieren aceptado el procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera posible llegar a un acuerdo dentro del plazo señalado, lo harán saber al Juez del conocimiento para que dicte el proveído que corresponda y continúe la sustanciación del procedimiento." "ARTICULO 81. Todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." Es decir, en esos preceptos establece, por lo que ve al primero, que para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles de esta entidad, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos, ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificar o renunciarse las normas del procedimiento; así como las consecuencias de llegar a un avenimiento en la audiencia previa y lo relativo al procedimiento de mediación. Relativo al segundo, prevé que todas las resoluciones sean decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Y no como lo interpreta la autoridad, lo que se traduce en una indebida fundamentación, pues parte de un supuesto que no está previsto en la norma que rige su actuar. Aunado a que, el precepto 693 de la legislación civil aplicable es el que en realidad prevé al trámite y determinaciones que deben emitirse al presentar un recurso de apelación, dispone que al presentarse el medio de impugnación el juez la admitirá sin substanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando el juzgador en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo. *Asimismo, el juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última apelación admitida y las subsecuentes hasta la apelación de que se trate, incluyéndose todos los documentos que las partes hayan exhibido desde el escrito inicial de demanda y durante la tramitación del juicio, hasta la etapa en que se encuentre; sin que de su interpretación se advierta la disposición que afirmó la autoridad en el acto reclamado relativa a que se debe reservar el recurso hasta en tanto las partes contendientes en el proceso de encuentren emplazadas. En consecuencia, ante lo fundado de los conceptos de violación, es inconcuso que se conculca en su perjuicio la garantía de fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 Constitucional, por lo que es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje sin efectos la resolución reclamada; y, b) En su lugar, de manera fundada y motivada, dicte otra en que considere que el Código adjetivo civil no establece que deba de reservarse la apelación presentada en un juicio, por lo motivos expuestos en este fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ****** contra actos del Juez Trigésimo Primero Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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