Juan Carlos Otilio Pretelin Ferman
Expediente 460/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juan Carlos Otilio Pretelin Ferman
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede de la que advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 10/12/22 11:23:32 Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el treinta de junio de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.32.39.32.38.33.37.38 10/12/22 11:23:32 reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista ..
- Principal
RADICACIÓN: Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 460/2021-IV. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso omitió cumplir el principio de definitividad, al no combatir el acto reclamado mediante el recurso denominado petición administrativa, previsto en el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual se debe agotar previo a acudir al juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión...En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de definitividad que obliga a que, previo a instar el amparo, se hagan valer y agoten los medios de defensa o recursos ordinarios que prevea la ley del acto reclamado; de lo contrario, el juicio en cuestión será improcedente. En ese tenor, como un primer punto, debe precisarse que del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1, se aprecia que su objeto es establecer las 1 "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. La Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema procesal acusatorio y tiene como propósito el lograr un sistema jurídico uniforme, sobre la base de una política criminal coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, que evite espacios de impunidad y el consecuente descrédito del sistema de ejecución de sanciones y de reinserción social. En suma, la finalidad de la citada ley es la transformación del sistema penitenciario, entre otros, a través de mecanismos eficientes que logren la reinserción social del sentenciado y la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Cabe acotar, que cuando la ley en comento, se refiere a condición de internamiento, es cualquier medio o acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley." limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación, y desde luego, que los traslados se ven inmersos al respecto, pues no dejan de ser también una cuestión de internamiento en sentido amplio...En ese orden, prosigue precisar que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece del título cuarto denominado "Del Procedimiento de Ejecución" en la parte correspondiente a su capítulo III relativo al "Procedimiento Administrativo", un mecanismo de control mediante el cual una persona privada de su libertad, sea en su carácter de procesada o sentenciada, tiene el derecho de reclamar, entre otras, omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, esto es, cualquier omisión que impida que la persona interna tenga, una vida digna, y segura dentro del centro de reinserción social. Ese mecanismo debe regirse por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, proporcionalidad y reinserción social, como lo establece el precepto 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal...En esas condiciones, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, el quejoso debió observar el principio de definitividad porque en contra del acto reclamado (orden de traslado y su ejecución) la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial efectivo, por virtud del cual es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto de la procedencia de su traslado...En ese orden de ideas, se DESECHA la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia. Se aprecia que similar criterio sostuvieron el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 284/2019, de su índice; así como en la resolución emitida dentro del expediente de queja 38/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del referido Circuito; resoluciones que se tienen a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al encontrarse almacenada y capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)...
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