Juan Carlos Ortiz Villegas

Expediente 928/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
928/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ortiz Villegas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en la instancia constitucional que nos ocupa, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Se notifica a los defensores del quejoso por medio de lista acuerdo de 10 de octubre de 2019 que dice: Tijuana, Baja California, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciado dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en la instancia constitucional que nos ocupa, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívense los autos como asunto totalmente concluido. Sin que se oponga a la anterior determinación, el que no obre en autos el acuse de recibo del oficio por el que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, respecto de la resolución constitucional que el día de hoy causa ejecutoria; en virtud que, se estima que con ello no se causa ningún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, dado que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio en que se actúa, es decir sobrevino un obstáculo jurídico o de hecho que impidió la decisión del fondo de la controversia planteada, tal como lo prevé el artículo 65 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, si el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la Ley de la Materia, es el medio de impugnación que debe hacerse valer para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial número XX.J/74, visible en la página 84, del Tomo 83, Noviembre de 1994, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, del Tomo II, Diciembre 1995, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EL TRIBUNAL EMISOR DE LA SENTENCIA RECLAMADA". Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Primero del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del once de octubre de dos mil veintidós. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, en cumplimiento al punto Vigésimo del mismo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el mencionado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, en el entendido que la fecha probable para tal efecto será a partir del trece de abril de dos mil diecinueve. Finalmente, de autos se obtiene que mediante proveído de once de septiembre del año en curso, se tuvo al Juez de Control Especializado en Ejecución del Partido Judicial de Tecate, remitiendo un disco compacto, el cual se registró en el libro auxiliar correspondiente, bajo el número 133/2019. En ese tenor, en virtud que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, resulta innecesario el resguardo del referido dispositivo digital en el recinto judicial que alberga este Juzgado de Distrito; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase a la brevedad posible, a la autoridad mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante la Secretaria Gianna Paola Dalle Mese Partida, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    se advierte que no le fue posible al actuario judicial de la adscripción notificar de manera personal y directa al agraviado, toda vez que el veintidós de agosto pasado, fue ordenada su libertad, en virtud que no obra constancia e la notificación a los defensores públicos Nidia Marcela Vera López y Gabriel Rodríguez López, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción para que notifique de manera personal a los profesionistas en comento.

  4. Principal

    Se notifica al quejoso por medio del lista el auto de 11 de septiembre de 2019 que dice: Tijuana, Baja California, once de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate y Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, así como las constancias que a los mismos acompañan. Sin que pase inadvertido que mediante proveído de veintinueve de agosto pasado, se haya tenido por recibido el informe justificado del Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitido vía telegráfica. Ahora atendiendo el contenido de los informes justificados y constancias que a los mismos acompañan las autoridades responsables Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate y Director de Ejecución de Penas y Beneficios Preliberacionales del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se advierte que en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dentro del expediente de ejecución 103/2018, se resolvió el beneficio preliberacional solicitado por el quejoso, en el que se determinó conceder el beneficio de remisión parcial de la pena y se ordenó la inmediata libertad del hoy quejoso. Ahora, en el presente asunto, el quejoso señaló como acto reclamado, el siguiente: "V ACTO RECLAMADO: El Acto Reclamado Vulnera el derecho humano de legalidad consagrado En Nuestra carta Magna en Virtud de que El quejoso a solicitado A dichas Autoridades Los Estudios de Personalidad Pertinentes para un beneficio de Libertad Anticipada en la Modalidad de Remisión Parcial de la pena y Fecha para una Audiencia Pública." (sic). Así, del análisis de los informes justificados y constancias que a los mismos se acompañan, mismos que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2° de la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, ambos de la ley de la materia, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ello, dado que las causas de improcedencia, son un presupuesto procesal de orden público, que deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve , aplicable por identidad, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Para una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, se impone realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia que se invoca. En primer término, conviene destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Por su parte, la fracción V, del artículo 63, sitúa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, de la interpretación armónica de la causal de improcedencia detallada en párrafos precedentes, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. A esa conclusión arribó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a./J. 59/99 , que al rubro y texto expresa: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Las reflexiones expuestas, llevan al convencimiento de que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que de las constancias que integran el presente sumario, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud que la parte quejosa reclama, en lo substancial, la omisión de las autoridades responsables en resolver el beneficio de preliberación solicitado. Luego, de las constancias que la autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, acompañó a su informe justificado, se desprende en lo que aquí interesa, que en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia para resolver el beneficio preliberacional solicitado por el sentenciado dentro del expediente de ejecución 103/2018, en que se determinó concederle el beneficio de remisión parcial de la pena y ordenó la inmediata libertad del hoy quejoso. Lo que se corrobora con el contenido del disco compacto remitido por el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tecate, Medio de prueba que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Así como, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De lo anterior, se sigue que efectivamente han cesado los efectos del acto reclamado, puesto que al haberse concedido el beneficio de remisión parcial de la pena y ordenado la inmediata libertad del quejo, es inconcuso que se creó un situación que definitivamente destruyó la que dio motivo a la promoción del presente juicio de amparo, al haberse repuesto al quejoso en el goce de su derecho fundamental transgredido, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. En consecuencia, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos de los actos que por esta instancia constitucional se duele el impetrante, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, ya que no están surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así las cosas, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en el fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la citada ley. Resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclama la parte quejosa, han cesado en sus efectos; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante su tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que la ociosa tramitación del repetido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Asimismo, es importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se decreta el sobreseimiento dictado, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto las causas de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a) , del rubro "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintiocho minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Comuníquese lo anterior a las partes en el presente juicio de amparo y háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Finalmente, por lo que hace al disco compacto relativo a las audiencias de seis y veinte de junio de dos mil dieciocho y veintidós de agosto de dos mil diecinueve, celebradas dentro del expediente de ejecución 103/2018, procédase a su guarda y custodia en la caja de valores de este Juzgado, a fin de evitar su deterioro. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante la Secretaria Gianna Paola Dalle Mese Partida, quien autoriza y da fe.

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