Juan Carlos Ortega Prados
Expediente 65/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 65/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Juan Carlos Ortega Prados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercera interesada a fin de que interpusieran recurso de inconformidad contra el proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial.
- Principal
(CITATORIO Y AVISO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio dejado a la parte tercero interesada el veinticinco del mes y año en curso recibido en su domicilio, y el aviso fijado a la quejosa en esa misma fecha; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de julio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuse que ampara la notificación del oficio 12187 del índice de este órgano jurisdiccional, dirigido a la Agente del Ministerio Público Wendy Marisol Lizarraga Pacheco, con residencia en Mahahual, Quintana Roo, a la que corresponde la pieza postal MN534296705MX. No obstante, toda vez que aún no ha sido entregada a este Juzgado la citada pieza postal, dígase a la oficiante que continúa vigente el apercibimiento formulado en proveído de once de julio de esta anualidad, para el caso de que en el término concedido, no haga entrega de la pieza postal en cuestión, la cual es necesaria para la debida integración de los presentes autos. Hágase del conocimiento el presente proveído a la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el presente asunto, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Juan Carlos Ortega Prados (fojas 108 a 118), para el efecto de que el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia, hiciera lo siguiente: "A) Deje insubsistente la determinación contenida en oficio 230/2016 de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. B) Con libertad de jurisdicción, dicte otra, la cual podrá ser en el mismo o en diverso sentido que la anterior, pero deberá subsanar los vicios formales que la afectaron, atento a los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16, Constitucionales.". II. Por auto de treinta y uno de mayo del presente año, la sentencia en comento causó ejecutoria (fojas 139 a 140), y se requirió el cumplimiento de la misma al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia. III. El tres de junio del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio 1590/2016 signado por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal (foja 144), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento el contenido del acuerdo de dos de junio del presente año, dictado en la carpeta auxiliar 119/2015 de su índice, en cumplimiento al fallo protector. Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedido por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". IV. Por acuerdo de seis de junio de dos mil dieciséis (fojas 145 a 146), se dio vista a las partes para que en el término de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, informado por la responsable, haciendo uso de ese derecho únicamente el quejoso. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado por el cual se concedió el amparo, este órgano jurisdiccional determinó que la autoridad responsable no cumplió con los requisitos de fundamentación, motivación y exhaustividad, que deben contener las resoluciones judiciales, vulnerando la garantía de legalidad contemplada en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, ante la falta de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener; así como del principio de exhaustividad. Por ello, se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, adscrito a los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia: A) Dejara insubsistente la determinación contenida en oficio 230/2016 de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. B) Con libertad de jurisdicción, dictara otra, la cual podría ser en el mismo o en diverso sentido que la anterior, pero debería subsanar los vicios formales que la afectaron, atento a los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16, Constitucionales. Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por la autoridad responsable, se advierte que el Juez responsable satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: En relación al inciso A), en el acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis inmerso en el oficio 1590/2016 dejó insubsistente la determinación contenida en oficio 230/2016 de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, lo que realizó del modo siguiente: ".se deja INSUBSISTENTE la Resolución de Presentación ante este Juzgado del ciudadano JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS por medio de la Fuerza Pública a las TRECE HORAS del CINCO DE FEBRERO del año en curso, dictada en el oficio 230/2016 dirigido al Secretario de Seguridad Pública Estatal, y en contra del ahora quejoso JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS, fecha (sic) veintiocho de enero de dos mil dieciséis". Por lo que hace al inciso B), la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción dictó otra resolución, en diverso sentido que la anterior, subsanando los vicios formales que la afectaron, atento a los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16, Constitucionales, de la siguiente manera: ".Y con plenitud de jurisdicción se procede a resolver de nueva cuenta tomando en consideración: Que en proveído de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, se señalaron las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, para que tuviere verificativo la AUDIENCIA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN solicitada por la Representación Social, mismo acuerdo que se notificó al ciudadano JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS y quien fungía como su defensor, sin que medara apercibimiento alguno en caso de incomparecencia, máxime que aún no se había judicializado la carpeta de investigación MAH/CD/07/00106/12/2015, de la cual emanaba dicha audiencia. Así aun cuando en fecha martes veintiséis de enero del año dos mil dieciséis, en audiencia pública, se hizo constar la inasistencia del imputado JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS, no obstante de encontrarse debidamente notificado de la fecha y hora de la audiencia relativa a la Ratificación de Medidas de Protección, solicitada por la Representación Social, a fin de que dicho imputado sea escuchado y debidamente asesorado por su defensor asista a la audiencia señalada, si bien los numerales 56, 62 y 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que la autoridad jurisdiccional se encuentra facultada para emplear de forma indistinta los medios de apremio, debe ejercerse dicha facultad con apego irrestricto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, partiendo del contenido del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero y tercero: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión". Señalado lo anterior, si bien la orden de presentación no tiene los alcances de una orden de detención, pero implica una afectación a la libertad deambulatoria del gobernado, advirtiendo que no obró apercibimiento alguno en contra de JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS, respecto a las consecuencias de su inasistencia a la audiencia señalada, y tomando en consideración que la fracción II del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula como presupuesto para el dictado de una orden de comparecencia, que se materializa en traer al imputado ante este Juzgado por medio del uso de la fuerza pública, que la inasistencia a audiencia haya sido previa citación y sin causa justificada, no basta con que se haya notificado al imputado JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS de la fecha y hora de la audiencia en la cual se requería su presencia, sino además que su inasistencia fuera sin causa justificada, tomando en consideración el citado precepto legal a favor del imputado, circunstancia que se estima debe aplicarse aun en lo relativo a los medios de apremio contenidos en la fracción II del numeral 104 del citado ordenamiento legal, a fin de salvaguardad la garantía de audiencia del justiciable. Por lo antes expuesto y en virtud de que además en esta fecha, resulta innecesaria ya la comparecencia del imputado JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS a audiencia alguna en relación a la presente carpeta auxiliar 119/2015 en la cual se actúa, en las citadas condiciones no es dable emitir orden de presentación - como medio de apremio - ni orden de comparecencia alguna en contra de JUAN CARLOS ORTEGA PRADOS. [.]". En tal contexto, se tiene al juez responsable dando cumplimiento a lo establecido en la sentencia amparadora, toda vez que realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación contenida en oficio 230/2016 de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; con plenitud de jurisdicción dictó otra resolución, en diverso sentido que la anterior, subsanando los vicios formales que la afectaron, atento a los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16, Constitucionales. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable acató los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo y, por ende, restituyó a la parte quejosa en el derecho fundamental que le había sido vulnerado. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia
- Principal
Se concede a la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir del momento en el que reciba la notificación del presente proveído, a fin de que esté en posibilidad de cumplir con lo requerido, en el entendido que en caso de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince, consistente en una multa.
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama de cuenta remitido por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, mediante el cual señala que en atención al oficio 13965 del índice de este Juzgado Federal acusa recibo del diverso oficio 9153, mismo que contenía transcripción de la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, se precisa que en la comunicación citada en primer término este Órgano Jurisdiccional requirió a la oficiante para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del proveído de veintidós del mes y año en curso, informara la fecha en que hubiere tenido conocimiento del oficio 12187, con el cual se le notificó el acuerdo de seis de junio del año en curso [en el que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector]. En esa virtud, y al no haber atendido la petición de este órgano queda subsistente el requerimiento y apercibimiento formulados a la tercera interesada Agente del Ministerio Público *****, con residencia en Mahahual, Quintana Roo, en el mencionado auto de veintidós del mes en curso. Por otra parte, se concede a la Administradora de Correos de México, con residencia en esta ciudad, una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir del momento en el que reciba la notificación del presente proveído, a fin de que esté en posibilidad de cumplir con lo requerido, en el entendido que en caso de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de veintidós de junio de dos mil quince, consistente en una multa.
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