Juan Carlos Oliver Pérez

Expediente 868/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
868/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Oliver Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de julio de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de ocho de julio de la presente anualidad, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y en específico atento al informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como a las constancias que remitió como apoyo a su informe de ley se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual, da lugar a sobreseer en el presente juicio de garantías. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Juan Carlos Oliver Pérez, se desprende que acude a esta instancia constitucional a inconformarse esencialmente de la falta de dictado respecto de la acumulación planteada en el expediente laboral D-5/75/2018, por parte de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La autoridad responsable: Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 28), manifestó que no era cierto el acto reclamado, en virtud de que el seis de junio de dos mil diecinueve, se dictó la interlocutoria relativa al incidente de acumulación planteado por la demandada, mismo que la junta responsable había reservado el veintiuno de marzo del año actual, dentro del juicio laboral D-5/75/2018, en la cual se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO.- SE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE ACUMULACIÓN planteado por la demandada en el principal BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DE Puebla (sic), ello en términos del considerando respectivo. SEGUNDO.- Para la continuación del procedimiento en el principal estese a lo acordado en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO.- Agréguese a los autos copia autorizada de la presente resolución al diverso expediente número D-5/62/2018 para los efectos legales procedentes. ." (fojas 49 a 51). Lo anterior, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto transcrito infiere entre otras cuestiones que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado o, bien, cuando crea o, constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera, que por esa nueva situación se restituya a la parte que solicita el amparo en el goce de la garantía violada. Para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado; por consiguiente, se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL el presente juicio, respecto del acto reclamado; en consecuencia, se dejan sin efecto las diez horas con once minutos del treinta y uno de julio del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, resultando por ende innecesario esperar a que transcurra la vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable pues hacerlo, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y en específico atento al informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, así como a las constancias que remitió como apoyo a su informe de ley se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual, da lugar a sobreseer en el presente juicio de garantías. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda promovida por Juan Carlos Oliver Pérez, se desprende que acude a esta instancia constitucional a inconformarse esencialmente de la falta de dictado respecto de la acumulación planteada en el expediente laboral D-5/75/2018, por parte de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. La autoridad responsable: Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado (foja 28), manifestó que no era cierto el acto reclamado, en virtud de que el seis de junio de dos mil diecinueve, se dictó la interlocutoria relativa al incidente de acumulación planteado por la demandada, mismo que la junta responsable había reservado el veintiuno de marzo del año actual, dentro del juicio laboral D-5/75/2018, en la cual se resolvió lo siguiente: ".PRIMERO.- SE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE ACUMULACIÓN planteado por la demandada en el principal BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA DE Puebla (sic), ello en términos del considerando respectivo. SEGUNDO.- Para la continuación del procedimiento en el principal estese a lo acordado en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO.- Agréguese a los autos copia autorizada de la presente resolución al diverso expediente número D-5/62/2018 para los efectos legales procedentes. ." (fojas 49 a 51). Lo anterior, tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El precepto transcrito infiere entre otras cuestiones que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado o, bien, cuando crea o, constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera, que por esa nueva situación se restituya a la parte que solicita el amparo en el goce de la garantía violada. Para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado; por consiguiente, se ha restituido a la parte quejosa, en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL el presente juicio, respecto del acto reclamado; en consecuencia, se dejan sin efecto las diez horas con once minutos del treinta y uno de julio del año en curso, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente asunto, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, resultando por ende innecesario esperar a que transcurra la vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable pues hacerlo, en nada cambiaría el sentido de la presente determinación. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    INFORME JUSTIFICADO Incorpórese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, sin perjuicio de hacer relación de su contenido en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele designando como Delegada de su parte en términos del artículo 9° de la Ley de la Materia a la persona que menciona en su informe de cuenta. En esa tesitura, es evidente que aún no transcurren los ocho días que deben mediar para que las partes de considerarlo, se impongan de su contenido. DIFERIMIENTO En consecuencia, para no causar alguna violación al procedimiento, difiérase la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFICACIÓN POR LISTA Finalmente, tomando en consideración que hasta la data en que se actúa, las tercero interesadas Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como el Sindicato Independiente de Trabajadores No Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, no han señalado domicilio en esta población o, en la ciudad de Puebla, a efecto de recibir las notificaciones que a ella correspondan, no obstante encontrarse debidamente emplazadas para tal efecto, tal y como se desprende de autos (fojas 19 y 25); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en su contra mediante auto de veinticuatro de mayo y cinco de junio, ambos del año en curso, ordenándose que las notificaciones que a dichas partes incumban, se realicen por medio de lista de acuerdos que se publique en este juzgado, así como las subsecuentes, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

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