Juan Carlos Ochoa Castillo

Expediente 472/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
472/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Ochoa Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que de la certificación que antecede asentada por la secretaria, se advierte que a la fecha ha concluido el término que la Ley concede a las partes para recurrir (sin que lo hayan hecho) el auto emitido en el presente juicio de amparo el seis de julio de la anualidad que corre, en el cual se decretó el sobreseimiento, en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte que mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Quinto, Sexto y Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta Ciudad de Celaya, el primero de junio de dos mil dieciocho, y turnado a este Juzgado el mismo día, ***, promovió demanda de amparo contra los actos que reclamó del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad; por violaciones a los derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actos que hizo consistir en la omisión de emitir y notificar la resolución a la solicitud de transmisión de derechos, ingresada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, registrada bajo el número de expediente ***. En consecuencia de ello, mediante proveído de cuatro de junio del presente año, se admitió la demanda de amparo contra actos de la autoridad antes señalada, y se solicitó su informe justificado. Ahora bien, en la especie se advierte el advenimiento de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Lo anterior, se arriba al analizar los antecedentes del acto reclamado, y al estudio realizado a las constancias que el Representante Legal de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado. En efecto, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, de dar respuesta a la solicitud de transmisión de derechos parcial y definitiva con relocalización, respecto del Título de Concesión ***, registrada bajo el número de expediente ***, así como la notificación de resolución al citado promovente. Sin embargo, de las constancias que anexó a su informe justificado la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, se advierte que en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número B00.910.00.1/000225, dio contestación a la solicitud presentada por el ahora quejoso el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada de dicho oficio (fojas 23 a 27), la cual fue notificada personalmente a la parte quejosa el dos de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado en esta vía YA CESÓ EN SUS EFECTOS. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para surtirse la causal de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento de que dio contestación a la solicitud presentada por el ahora quejoso el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, así como su notificación a la parte quejosa; de modo tal, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, abril de 1988, visible en la página 242, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, lo cual trae como corolario decretar el sobreseimiento en el mismo, acorde con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Además, no causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la Cesación de Efectos, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada por auto de quince de junio de la anualidad que corre, para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba programada para las nueve horas con ocho minutos del seis de julio del presente año. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 472/2018 promovido por ****, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta que suscribe la licenciada ***, en su carácter de autorizada del quejoso ***, y en atención a su contenido, téngasele por aclarando que el domicilio correcto para oír y recibir notificaciones, es el ubicado en calle *** en esta ciudad; en atención a su contenido, agréguese a los autos el escrito de cuenta y téngase como nuevo domicilio el antes señalado, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por el licenciado Juan José Juárez Rubio, en suplencia por ausencia y en representación legal del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia.

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