Juan Carlos Negrete Ayala
Expediente 975/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 975/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Carlos Negrete Ayala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, aún no empezaba a contar el término legal de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra de la determinación de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, que desechó la demanda que dio origen a este asunto, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a las partes. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Vista la certificación que antecede se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve *************, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar en el Estado; anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, bajo el consecutivo 975/2020-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). La parte quejosa señaló como acto reclamado, el desahogo de la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se llevaron a cabo diversas pruebas testimoniales, dentro del incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad, derivado de la controversia familiar 771/2018; ya que la autoridad responsable no acordó antes de celebrar dicha audiencia, el escrito que fue presentado el uno de diciembre de la misma anualidad, en la que autorizó un nuevo domicilio y profesionistas con exclusión de los anteriormente nombrados, así como sus consecuencias legales. Antecedentes. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte lo que a continuación se sintetiza: Dentro del juicio de controversia familiar 771/2018 de la estadística del Juez Primero del Ramo Familiar en el Estado, se promovió un incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad. En dicho incidente, las partes ofrecieron diversos medios de convicción, fijándose el dos de diciembre de dos mil veinte para llevarlos a cabo. El quejoso presentó un escrito ante el Juez responsable el uno de diciembre de la misma anualidad, mediante el cual señaló un nuevo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y autorizó en los términos más amplios del artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de San Luis Potosí, a dos personas, con exclusión de los anteriormente nombrados. La autoridad responsable celebró la audiencia de pruebas el dos de diciembre del año en curso, sin acordar el escrito a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede; siendo hasta el proveído de siete del mismo mes y anualidad que se pronunció respecto al ocurso de que se trata. Esto último constituye el acto reclamado en este asunto. Calificación e hipótesis. Respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Interpretación del marco normativo. De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. De esta manera, los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), que expresa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Las violaciones que se cometan durante un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra el acto definitivo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo a su resultado; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Caso concreto. Como puede apreciarse, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en el desahogo de la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se llevaron a cabo diversas pruebas testimoniales, dentro del incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad, derivado de la controversia familiar 771/2018, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que para que la resolución sea calificada como irreparable, necesitaría producir consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho esencial, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pues dicha determinación únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del quejoso, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses al resolverse el incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva promovido en el juicio de origen. Consideración adicional. No pasan inadvertidas para el suscrito, las manifestaciones que hace el quejoso, respecto a que la responsable lo dejó en estado de indefensión al no acordar su promoción presentada el uno de diciembre del presente año, previo a celebrar la audiencia de dos de ese mismo mes y anualidad, al no poder ser acompañado ni asesorado en esa diligencia; sin embargo, el promovente del amparo estuvo en aptitud de acudir con a la audiencia con quien estaría a cargo de su defensa -anterior representante o por sus nuevos abogados-, sin que se du narrativa de antecedentes se advierta que se le hubiese negado el acceso a su representación, de ahí que no pueda acogerse su alegación tocante a que se le violento su derecho fundamental de adecuada defensa. Máxime, que al celebrarse la diligencia de dos de diciembre de dos mil veinte, aún no se había revocado el nombramiento que ostentaban sus anteriores abogados. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase a la parte quejosa por proporcionando una cuenta de correo electrónico, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo que promueve *************, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar en el Estado; anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, bajo el consecutivo 975/2020-VIII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). La parte quejosa señaló como acto reclamado, el desahogo de la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se llevaron a cabo diversas pruebas testimoniales, dentro del incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad, derivado de la controversia familiar 771/2018; ya que la autoridad responsable no acordó antes de celebrar dicha audiencia, el escrito que fue presentado el uno de diciembre de la misma anualidad, en la que autorizó un nuevo domicilio y profesionistas con exclusión de los anteriormente nombrados, así como sus consecuencias legales. Antecedentes. De los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte lo que a continuación se sintetiza: Dentro del juicio de controversia familiar 771/2018 de la estadística del Juez Primero del Ramo Familiar en el Estado, se promovió un incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad. En dicho incidente, las partes ofrecieron diversos medios de convicción, fijándose el dos de diciembre de dos mil veinte para llevarlos a cabo. El quejoso presentó un escrito ante el Juez responsable el uno de diciembre de la misma anualidad, mediante el cual señaló un nuevo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y autorizó en los términos más amplios del artículo 118 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de San Luis Potosí, a dos personas, con exclusión de los anteriormente nombrados. La autoridad responsable celebró la audiencia de pruebas el dos de diciembre del año en curso, sin acordar el escrito a que se ha hecho referencia en el párrafo que antecede; siendo hasta el proveído de siete del mismo mes y anualidad que se pronunció respecto al ocurso de que se trata. Esto último constituye el acto reclamado en este asunto. Calificación e hipótesis. Respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Interpretación del marco normativo. De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. De esta manera, los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), que expresa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Las violaciones que se cometan durante un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra el acto definitivo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo a su resultado; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Caso concreto. Como puede apreciarse, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, consistente en el desahogo de la audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, en la que se llevaron a cabo diversas pruebas testimoniales, dentro del incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva a favor de una menor de edad, derivado de la controversia familiar 771/2018, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que para que la resolución sea calificada como irreparable, necesitaría producir consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho esencial, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Ello, pues dicha determinación únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del quejoso, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses al resolverse el incidente de otorgamiento de pensión alimenticia definitiva promovido en el juicio de origen. Consideración adicional. No pasan inadvertidas para el suscrito, las manifestaciones que hace el quejoso, respecto a que la responsable lo dejó en estado de indefensión al no acordar su promoción presentada el uno de diciembre del presente año, previo a celebrar la audiencia de dos de ese mismo mes y anualidad, al no poder ser acompañado ni asesorado en esa diligencia; sin embargo, el promovente del amparo estuvo en aptitud de acudir con a la audiencia con quien estaría a cargo de su defensa -anterior representante o por sus nuevos abogados-, sin que se du narrativa de antecedentes se advierta que se le hubiese negado el acceso a su representación, de ahí que no pueda acogerse su alegación tocante a que se le violento su derecho fundamental de adecuada defensa. Máxime, que al celebrarse la diligencia de dos de diciembre de dos mil veinte, aún no se había revocado el nombramiento que ostentaban sus anteriores abogados. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Téngase a la parte quejosa por proporcionando una cuenta de correo electrónico, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notifíquese personalmente."
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