Juan Carlos Nava Rojas

Expediente 1090/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1090/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
27/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Nava Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    IX.- Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciséis de julio del año en curso (foja 20)... se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México, mediante el cual en atención al oficio 1028/2018, rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano y oficio decretada en auto de catorce de julio último (fojas 05 a 11)...

  3. Principal

    IV.- Téngase por recibido el escrito de cuenta, por el cual Gerardo Efraín Sámano González, apoderado legal del quejoso Francisco Javier Garduño Ruiz, desahoga la vista que le fue otorgada por auto de cuatro de julio del año en curso (fojas 95 y 96), emitiendo las manifestaciones que a su derecho convienen respecto del cumplimiento brindado por la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México respecto de la ejecutoria de amparo, en virtud de que mediante auto de veinte de junio de dos mil dieciocho dictó auto de requerimiento de pago hasta por la cantidad de $2,540,141.84 (dos millones quinientos cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 84/100 moneda nacional), en contra del ayuntamiento demandado, para lo cual señaló las quince horas del once de julio de dos mil dieciocho, diligencia que no se llevó a cabo pues el doce de julio de dos mil dieciocho recibió un cheque por la cantidad de $254,014.18 (doscientos cincuenta y cuatro mil catorce pesos 18/100 moneda nacional). Razón por la cual solicita no se tenga por cumplida la sentencia de amparo, toda vez que no se requirió el cumplimiento total del laudo a la parte demandada, así como tampoco se le apercibió con las suspensión temporal de quince días sin goce de sueldo al Presidente Municipal. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, téngase por desahogada la vista dada a la parte quejosa y dése cuenta con dichas manifestaciones al momento de que este Juzgado de Distrito se pronuncie respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta por el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copia certificada del auto de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 101 y 102), dictado en el expediente 917/2010, del que se advierte que la parte demandada exhibió el cheque 0000357 por la cantidad de $254,014.18 (doscientos cincuenta y cuatro mil catorce pesos 18/100 moneda nacional) y dio vista a la aquí quejosa efecto de que dentro del plazo de tres días compareciera a recogerlo; asimismo, dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México; hasta por la cantidad de $2,308,650.67 (dos millones trescientos ocho mil seiscientos cincuenta pesos 67/100 moneda nacional), para lo cual señaló las quince horas del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo dicha diligencia; apercibiendo al Ayuntamiento demandado que de no dar cumplimiento al laudo, se haría acreedor a una multa de quince días de salario base que perciba el servidor público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y en caso de reincidencia aplicaría los siguientes medios de apremio previstos en dicho artículo hasta lograr su cumplimiento; con fundamento en lo establecido en los artículos 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, glósese a los autos para que los efectos le gales a que haya lugar. Ahora bien, vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado Ayuntamiento de Zinacantepec, Estado de México en proveído de cuatro de julio del presente año (foja 95), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 57 a 70); por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Marzo de 2000, Materia Común, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para determinar si en el caso la autoridad responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, se hacen las precisiones siguientes: - Gerardo Efraín Sámano González, apoderado legal del quejoso Francisco Javier Garduño Ruiz,, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO. IV. ACTOS RECLAMADOS: Los actos que se reclaman de la autoridad señalada como responsable, lo es en su doble carácter de ordenadora y ejecutora en el ámbito de sus atribuciones. De la autoridad señalada como responsable, reclamo la violación a los artículos 250, 251, 252 y 256 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en relación con los artículos 940, 945 Y 949 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la primera, cometida en los expediente números 917/2010 y su acumulado 505/2011, en los que a la fecha se ha dictado el acuerdo respecto a la ejecución del laudo, en términos diferentes a lo peticionado a través de escrito presentado en fecha veintinueve de septiembre del año en curso y acordado en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que "según sello asentado en actuaciones fue notificado" por Boletín el día quince de febrero del año en curso, PERO EN REALIDAD FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN LABORAL DE FECHA 28 DE FEBRERO DE ESTA ANUALIDAD, tal y como lo acredito con la impresión del Boletín Laboral de esta última fecha que me permito acompañar, es decir no existe congruencia entre lo asentado en autos y la publicación del Boletín laboral." Mediante sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 57 a 70), se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier Garduño Ruiz, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo y tercero, en la forma y términos expuestos en el último de esta resolución. Mediante proveído de catorce de junio de dos mil dieciocho (fojas 77 y 78) causó la ejecutoria la sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 57 a 70) y se requirió a la responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cumplimiento a la ejecutoria y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acreditaran. Los efectos de la sentencia de amparo fueron que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, dentro del plazo de tres días, posteriores a que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo realizara lo siguiente: - Requiriera nuevamente al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, apercibiéndolo que de no hacerlo se procederá en términos de la fracción III, del 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; es decir, con suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce del sueldo; con lo que se tendría por cumplida. En cumplimiento a lo anterior, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable remitió el oficio que fue registrado con el número de control interno 13047 (foja 84), al cual adjuntó copia certificada del laudo de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), dictado en el juicio laboral 917/2010 y el veintiséis de junio del año en curso (fojas 88 a 90) se tuvo a la autoridad responsable en vías de cumplimiento e informando que señaló las quince horas del once de julio de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; apercibiendo al Ayuntamiento demandado que de no dar cumplimiento al laudo, se haría acreedor en primer término a una multa de quince días de salario base, y en caso de reincidencia la suspensión sin goce de sueldo por el periodo de uno a quince días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Asimismo, apercibió al Ayuntamiento demandado para que en el desarrollo de la diligencia del requerimiento ordenado, daría vista al Ministerio Público para que investigara la posible comisión de hechos delictivos, que pudieran estar relacionados con el incumplimiento a la ejecución del laudo. Sin embargo, la responsable realizó repetidamente los actos realizados en la primera y segunda etapa del procedimiento de ejecución, siendo que en la sentencia de amparo claramente se estableció que dicha autoridad debería requerir nuevamente al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, apercibiéndolo que de no hacerlo procedería en términos de la fracción III, del 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; es decir, se haría acreedor a la suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce de sueldo. Por tanto, por auto de veintiséis de junio del año en curso (fojas 88 a 90), con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, informara a este órgano de control constitucional las gestiones que se encontraba realizando a fin de dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, en auto de cuatro de julio del año en curso (foja 95) se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; el cual fue registrado con el número de control interno 13627 (foja 93), al que anexó copia certificada del auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 94), dictado en el expediente laboral 917/2010; apercibió a la demandada que de no dar cumplimiento al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), procedería en términos de la fracción III, del 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; es decir, se haría acreedor a la suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce de sueldo. Con el referido comunicado y anexo, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días, manifestaran lo que a su derecho conviniera; con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos, en virtud de que el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), en el juicio laboral 917/2010 señaló las quince horas del once de julio de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo y el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 94), apercibió a la demandada que de no dar cumplimiento al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), procedería en términos de la fracción III, del 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; es decir, se haría acreedor a la suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce de sueldo. Respecto a las manifestaciones del quejoso, en torno a que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida en virtud de que recibió un cheque por la cantidad de $254,014.18 (doscientos cincuenta y cuatro mil catorce pesos 18/100 moneda nacional), toda vez que no se requirió el cumplimiento total del laudo a la parte demandada, pues solo le están pagando el diez por ciento de la cantidad de $2,540,141.84 (dos millones quinientos cuarenta mil ciento cuarenta y un pesos 84/100 moneda nacional), a la cual fue condenada la demandada en el laudo dictado en el juicio laboral 917/2010; así como tampoco se le apercibió con las suspensión temporal de quince días sin goce de sueldo al Presidente Municipal. Las mismas se desestiman, en virtud de que los efectos de la sentencia de amparo fueron que requiriera nuevamente al Ayuntamiento demandado el cumplimiento del laudo, apercibiéndolo que de no hacerlo se procedería en términos de la fracción III, del 253 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México; es decir, con suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce del sueldo; con lo que se tendría por cumplida; lo cual realizó , en virtud de que el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), en el juicio laboral 917/2010 señaló las quince horas del once de julio de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la diligencia de requerimiento de pago y embargo y el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 94), apercibió a la demandada que de no dar cumplimiento al auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 85 y 86), se haría acreedor a la suspensión temporal del cargo de uno hasta quince días sin goce de sueldo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de 2009, Novena Época, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    VI.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su dispositivo legal 2º, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual remite copia certificada de las constancias de notificación del dictamen CP/45976/2018, realizada a la parte quejosa, en cumplimiento al fallo protector. En esas condiciones, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con las constancias que obran en autos tendentes al cumplimiento del fallo protector para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable han dado cumplimiento al fallo protector, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito resolverá si la sentencia dictada en autos ha sido cumplida, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

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