Juan Carlos Narro Flores

Expediente 1271/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1271/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
30/09/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Narro Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; treinta de septiembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Juan Carlos Narro Flores, dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, por el cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales procedentes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, los anexos que adjuntó en alcance de su informe justificado, consistentes en dos tomos de copias certificadas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el contenido de la razón de seis de septiembre dos mil dieciséis, mediante la cual el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la parte tercero interesada, el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, por la razón expresada en ella. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." En consecuencia, como lo dispone el numeral 27 inciso c) de la Ley de Amparo, notifíquese a la tercero interesada, por lista la determinación de treinta y uno de agosto del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe. (Auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.) En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, hace del conocimiento la existencia de causal de improcedencia por haber cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso Juan Carlos Narro Flores, y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 1003/2015. Ahora, en el presente juicio el quejoso reclama: El auto, decreto, mandato u orden judicial por el cual se ordena un descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento), de sus ingresos derivado del expediente 1003/2015, cuyos datos desconoce en razón de que no ha sido emplazado a este procedimiento. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el doce de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, en la fase relativa a la revisión de medidas provisionales, en la que el Juez responsable atendiendo las manifestaciones de las partes, ratificó la medida provisional de la pensión alimenticia decretada a favor de la tercero interesada en este juicio de amparo. Asimismo en contra de dicha determinación el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido por el juez de origen, quién después de escuchar a las partes declaró improcedente dicho medio de impugnación. Por lo que este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Bajo dicha premisa, se aprecia que el acto reclamado que se hace consistir en la orden judicial dictada por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, por la cual se ordena un descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento), de sus ingresos derivado del expediente 1003/2015, y cuyos datos desconoce en razón de que no fue emplazado a dicho juicio, en el se decretó de manera provisional a favor de las menores Daniela y Paulina de apellidos Narro Arguelles, una pensión alimenticia equivalente al cuarenta y cinco por ciento de las percepciones que percibe el quejoso. Sin embargo, los artículos 5.50 y 5.58 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, señalan lo siguiente: "Artículo 5.50. La audiencia inicial comprenderá: I. Enunciación de la litis; II. Fase conciliatoria; III. Fase de depuración procesal. IV. Admisión y preparación de pruebas; y V. Revisión de medidas provisionales." "Artículo 5.58. Las medidas provisionales serán revisadas, a través del análisis conjunto de lo manifestado por las partes y las documentales exhibidas. El juez determinará las que perdurarán durante la tramitación del proceso, y sólo podrán ser modificadas en sentencia definitiva." De dichos preceptos legales se desprende que las medidas provisionales que se dicten pueden ser revisadas de oficio o a petición de parte en la audiencia inicial. De los antecedentes narrados se desprende que el doce de agosto de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia inicial en el expediente 1003/2015, del que deriva el acto reclamado en el presente sumario constitucional, en la que en la etapa relativa a la revisión de medidas provisionales el Juez responsable atendiendo las manifestaciones de las partes, dejó subsistente la medida decretada en relación a alimentos, por lo que el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido por ese juzgado, y una vez que se dio vista a la contraparte, lo declaró improcedente. Por tanto, es de concluirse que el acto que reclama en la presente instancia constitucional quedó substituido procesalmente con las determinaciones de doce de agosto de dos mil dieciséis, por tanto, debe estimarse que cesaron los efectos del aludido acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis por un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, recayendo una nueva determinación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en la nueva determinación, la cual viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles las razones que la autoridad haya tenido para resolver en la forma en como lo hizo. Por tanto, es claro que la determinación del juez responsable que decidió ese medio de defensa, sustituyó procesalmente la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos. Ahora, si bien solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado, cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce; sin embargo, esta situación es completamente diferente a la que se analiza, en virtud de que la validez o insubsistencia de la determinación que aquí se reclama, ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en el medio por el cual se puede lograr su modificación o revocación, que viene a sustituir procesalmente al anterior; razón por cual, es evidente que han cesado los efectos del primero de los actos reclamados, consistente en el proveído de dos de octubre dos mil quince, en lo relativo a la medida provisional de alimentos y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia que contempla la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII-Mayo 1997, visible en la página 133, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo." También tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI-Marzo 1997, visible en la página 198; que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 63, de la Ley de amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se deja insubsistente la fecha señalada para celebrarse el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis a las diez horas con treinta y cinco minutos. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, el oficio mediante el cual, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remite copia certificada de constancia de notificación a la parte quejosa del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, hace del conocimiento la existencia de causal de improcedencia por haber cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso Juan Carlos Narro Flores, y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 1003/2015. Ahora, en el presente juicio el quejoso reclama: El auto, decreto, mandato u orden judicial por el cual se ordena un descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento), de sus ingresos derivado del expediente 1003/2015, cuyos datos desconoce en razón de que no ha sido emplazado a este procedimiento. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el doce de agosto del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 5.50 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, en la fase relativa a la revisión de medidas provisionales, en la que el Juez responsable atendiendo las manifestaciones de las partes, ratificó la medida provisional de la pensión alimenticia decretada a favor de la tercero interesada en este juicio de amparo. Asimismo en contra de dicha determinación el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido por el juez de origen, quién después de escuchar a las partes declaró improcedente dicho medio de impugnación. Por lo que este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Bajo dicha premisa, se aprecia que el acto reclamado que se hace consistir en la orden judicial dictada por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, por la cual se ordena un descuento del 45% (cuarenta y cinco por ciento), de sus ingresos derivado del expediente 1003/2015, y cuyos datos desconoce en razón de que no fue emplazado a dicho juicio, en el se decretó de manera provisional a favor de las menores Daniela y Paulina de apellidos Narro Arguelles, una pensión alimenticia equivalente al cuarenta y cinco por ciento de las percepciones que percibe el quejoso. Sin embargo, los artículos 5.50 y 5.58 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, señalan lo siguiente: "Artículo 5.50. La audiencia inicial comprenderá: I. Enunciación de la litis; II. Fase conciliatoria; III. Fase de depuración procesal. IV. Admisión y preparación de pruebas; y V. Revisión de medidas provisionales." "Artículo 5.58. Las medidas provisionales serán revisadas, a través del análisis conjunto de lo manifestado por las partes y las documentales exhibidas. El juez determinará las que perdurarán durante la tramitación del proceso, y sólo podrán ser modificadas en sentencia definitiva." De dichos preceptos legales se desprende que las medidas provisionales que se dicten pueden ser revisadas de oficio o a petición de parte en la audiencia inicial. De los antecedentes narrados se desprende que el doce de agosto de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia inicial en el expediente 1003/2015, del que deriva el acto reclamado en el presente sumario constitucional, en la que en la etapa relativa a la revisión de medidas provisionales el Juez responsable atendiendo las manifestaciones de las partes, dejó subsistente la medida decretada en relación a alimentos, por lo que el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido por ese juzgado, y una vez que se dio vista a la contraparte, lo declaró improcedente. Por tanto, es de concluirse que el acto que reclama en la presente instancia constitucional quedó substituido procesalmente con las determinaciones de doce de agosto de dos mil dieciséis, por tanto, debe estimarse que cesaron los efectos del aludido acto reclamado. Lo anterior es así, toda vez que cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis por un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, recayendo una nueva determinación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en la nueva determinación, la cual viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles las razones que la autoridad haya tenido para resolver en la forma en como lo hizo. Por tanto, es claro que la determinación del juez responsable que decidió ese medio de defensa, sustituyó procesalmente la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos. Ahora, si bien solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado, cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce; sin embargo, esta situación es completamente diferente a la que se analiza, en virtud de que la validez o insubsistencia de la determinación que aquí se reclama, ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en el medio por el cual se puede lograr su modificación o revocación, que viene a sustituir procesalmente al anterior; razón por cual, es evidente que han cesado los efectos del primero de los actos reclamados, consistente en el proveído de dos de octubre dos mil quince, en lo relativo a la medida provisional de alimentos y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia que contempla la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII-Mayo 1997, visible en la página 133, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo." También tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI-Marzo 1997, visible en la página 198; que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." En las condiciones apuntadas, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 63, de la Ley de amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por lo anteriormente expuesto, se deja insubsistente la fecha señalada para celebrarse el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis a las diez horas con treinta y cinco minutos. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.

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