Juan Carlos Murillo López

Expediente 814/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
814/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
28/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Murillo López
  • Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO SE INTERPUSO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE ESTABLECE QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL... ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR LO QUE SE FIJA FECHA PROBABLE PARA SU DESTRUCCIÓN. SE ESTABLECE FECHA PARA LA TRANSFERENCIA A LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA....

  2. Principal

    SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...

  3. Principal

    Visto el pedimento de cuenta firmado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; y atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones a las que se contrae en el mismo, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; respecto a las copias certificadas que solicita de la sentencia, dígasele que una vez que ésta se dicte e insista en su petición se acordará lo que en derecho corresponda.

  4. Incidental

    Agréguense a los autos los oficios firmados por las autoridades responsables mediante los cuales rinden informe justificado; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicitan, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, alleguen al presente juicio de amparo las constancias a que se refieren en los oficios que se atienden. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se les tiene designando como delegados a los profesionales que refieren en sus oficios, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Agréguense a los autos los oficios firmados por las autoridades responsables mediante los cuales rinden informe justificado; en consecuencia, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En relación con la prórroga que solicitan, no es procedente acordar de conformidad, por virtud de que su concesión es potestativa y no obligatoria para el que suscribe, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; además, al haberse reclamado la constitucionalidad del Reglamento de Transporte Público para el Municipio de Tijuana, Baja California, su existencia no se encuentra sujeta a prueba, al constituir un hecho notorio, por encontrase publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; sin embargo, queda expedito su derecho para de considerarlo conveniente, alleguen al presente juicio de amparo las constancias a que se refieren en los oficios que se atienden. Encuentra sustento a la anterior consideración la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto rezan: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por último, se les tiene designando como delegados a los profesionales que refieren en sus oficios, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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