Juan Carlos Murillo Hernández
Expediente 2382/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2382/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/12/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos Murillo Hernández
Actuaciones
- Principal
se requiere a autoridad por cumplimiento al fallo protector
- Principal
Visto el oficio de cuenta que signa la Presidenta de la Junta Número Diecisiete de la Federal Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y, en atención a su contenido, se le tiene en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no adjuntó las constancias que refiere en el oficio de cuenta, con las que pretende cumplir con el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase dicha autoridad, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que sea notificada del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector e informe a este Juzgado de Distrito el mismo; o, en su caso, las acciones necesarias que lleva a cabo, tendentes a cumplir de manera satisfactoria el fallo protector, con las que se restituya a la parte quejosa los derechos humanos violados, por los que se le concedió la protección constitucional; apercíbasele que, de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS NUEVE HORAS DEL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL AUTO DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Zapopan, Jalisco, a seis de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio que signa, la Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido judicial del Estado de Jalisco, y atento a su contenido, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en autos (folio 109); por tanto, agréguese a los autos el comunicado de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, revisados que fueron los presentes autos, y en particular las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVII, de la ley de amparo, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] --- XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. - - - Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" (Lo puesto en negritas es propio). De la interpretación gramatical del dispositivo legal transcrito se advierte, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, la parte quejosa José Antonio Huerta Aguas, por su propio derecho y en representación de su menor hijo Santiago Huerta Rivera, reclamó de la autoridad responsable lo siguiente. El proveído dictado el ocho de julio de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio civil sumario 1068/2019 del índice del Juzgado Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en especificó la parte, en la que la autoridad no admitió la media provisional solicitada, consistente en la guarda y custodia provisional, así como la restitución del menor quejoso. La omisión de la autoridad responsable de decretar que al aquí quejoso, corresponde la guarda y custodia provisional de su menor hijo, así como la omisión de su restitución. Ahora bien, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante oficio 6889/2019 (folios 100 a 108), relativas al juicio de origen 1068/2019, así como las que se tienen por recibidas en esta fecha, que en su calidad de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su precepto 2°, se advierte en lo que aquí interesa lo siguiente. a) Que con fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia conciliatoria en el juicio 1068/2019, del que derivan los actos reclamos, en la que las partes celebraron un convenio judicial, al tenor de las clausulas siguientes. b) Que en resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en su proposición primera, se aprobó y se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada el convenio celebrado en autos por Elizabeth Alejandra Rivera Oceguera y José Antonio Huerta Aguas, condenándose a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar; asimismo, dejó sin efectos el régimen de convivencia fijado como medida provisional. Asimismo, por diverso oficio número A-7096/2019, la responsable, informó que al haberse elevado a categoría de sentencia ejecutoria el convenio celebrado en autos, implica que la resolución de veintitrés de octubre del actual, encuentra firme o que ha causado estado. De la anterior narración de constancias se desprende que las partes en el juicio de origen 1068/2019, celebraron un convenio, que se elevó a la categoría de sentencia ejecutoria, en el que pactaron entre otras cosas, en su cláusula segunda, que la guarda y custodia definitiva del menor Santiago Huerta Rivera, estará a cargo de su madre Elizabeth Alejandra Rivera Oceguera, conservando ambos la patria potestad. Custodia que es materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. En esas condiciones es claro que el acto reclamado que le fue atribuido a la autoridad responsable, quedó superado por el convenio judicial celebrado en autos el expediente 1068/2019, con fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, y elevado a la categoría de sentencia ejecutoria mediante resolución de veintitrés de octubre del actual, lo cual fue emitido con posterioridad a la presentación de la demanda. Por tanto, debe decirse que sin lugar a dudas, en el juicio de amparo en que se actúa, se generó un cambio de situación jurídica, lo que conlleva a que no pueda decidirse lo planteado por la quejosa en este juicio de amparo, sin afectar la nueva situación jurídica. En consecuencia, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." (Novena Época, Registro: 199808, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: 2a. CXI/96, Página: 219) En tales condiciones, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que se sobresee, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de haber sobrevenido la causa de improcedencia precisada. Máxime que la causa de improcedencia que se advierte, es notoria, manifiesta e indudable, y con ninguna prueba puede desvirtuarse. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: La jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronto, completa e imparcial". (Registro 184572; Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue aprobada en sesión privada de catorce de Febrero de dos mil tres, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En virtud de lo antes expuesto, no se podrá llevar la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DOCE HORAS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 111). Notifíquese personalmente.
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