Juan Carlos Muñoz Vargas
Expediente 1183/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1183/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Muñoz Vargas
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Muñoz Vargas, por propio derecho; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA III. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por *********** por propio derecho, contra actos del Juez Penal de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1183/2021-III. DESECHAMIENTO. Luego, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es menester precisar que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 6/2020, por el cual ordenó la ratificación del dictamen pericial (necropsia), y desestimó el interrogatorio que pretendía formular la parte quejosa contra los peritos que intervinieron en el mismo estudio. El acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 6/2020, mediante el que desechó el recurso de revocación interpuesto contra el similar de veinte previo, en el que se ordenó la ratificación del dictamen pericial (necropsia), y desestimó el interrogatorio que pretendía formular la parte quejosa contra los peritos que intervinieron en el mismo estudio. El auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, pronunciado en la causa penal 6/2020, por el que se inadmitió el recurso de revocación interpuesto contra el acuerdo de veintidós previo, en que se desechó similar medio de impugnación, contra el proveído de veinte del citado mes y año. La notificación de los acuerdos de veintidós y veintiséis de octubre último, emitidos en la causa penal 6/2020. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Debe decirse que respecto de los tres acuerdos reclamados por el quejoso (veinte, veintidós y veintiséis, todos de octubre de dos mil veintiuno), este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". En efecto, conviene precisar que los acuerdos reclamados tienen como origen lo determinado por el juez responsable en relación al perfeccionamiento de la prueba pericial (necropsia), así como la inadmisión de los recursos hechos valer en contra de las determinaciones emitidas al respecto. Así las cosas, debe decirse por principio de cuentas, que dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, no se está en presencia de una determinación cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que si bien pudiera considerarse que se trata de una violación procesal, puede ser reclamable una vez que se dicte la resolución definitiva a través del juicio de amparo directo, toda vez que sus efectos son de carácter meramente formal o intraprocesal y no generan afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, los actos aquí reclamados no tienen efectos de imposible reparación pues no lesiona de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la gobernada tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan como son la libertad, la propiedad o la posesión; como se adelantó, dicha resolución sólo tiene efectos de carácter intraprocesal o formal, que pueden subsanarse por el hecho de obtener una sentencia favorable o absolutoria. Apoya lo anterior el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 133/89, entre las sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, visible en las páginas siete a cincuenta y dos, Tomo VIII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, donde definió lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sustentando que en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; que, por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deducida de la contradicción de tesis 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página once de la Gaceta Número 56 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En esa tesitura, al tratarse de violaciones procesales que podrán ser reparables en caso de obtener sentencia favorable o absolutoria al resolverse la causa penal 6/2020, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio natural; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis IV.3o.111 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 489, del Tomo XV-2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, con número de registro 208717, que establece: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio.". De igual forma se invoca el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos.". Así como la jurisprudencia P./J.6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo respectivo tenor es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto.". En otro orden, respecto del acto reclamado consistente en la notificación de los acuerdos de veintidós y veintiséis de octubre último, emitidos en la causa penal 6/2020, se considera actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de actos definitivos en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia, también por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada." Partiendo de la premisa de que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Ahora bien, el aquí quejoso se encuentra en aptitud de impugnar las notificaciones reclamadas, a través de un recurso efectivo, como es el incidente de nulidad de notificaciones, en términos de lo que disponen los artículo 88 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que rezan: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." "Artículo 98. Solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención de las formalidades La solicitud de declaración de nulidad deberá estar fundada y motivada y presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya invalidación se pretenda. Si el vicio se produjo en una actuación realizada en audiencia y el afectado estuvo presente, deberá presentarse verbalmente antes del término de la misma audiencia. En caso de que el acto declarado nulo se encuentre en los supuestos establecidos en la parte final del artículo 101 de este Código, se ordenará su reposición." Es decir, en los citados preceptos, se establece que las notificaciones realizadas en un procedimiento penal, son susceptibles de declararse nulas, por parte de la autoridad rectora del mismo, para lo cual, la parte afectada, contará para hacerlo valer por escrito, con un plazo de dos días, siguientes a aquel en que haya tenido conocimiento del acto, salvo que la notificación que pretenda impugnar, haya sido realizada en audiencia, pues en ese supuesto, deberá hacerlo en esa misma diligencia. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicios o medios de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos, como en el caso el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en la ley de la materia. Sustenta la anterior consideración, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible a página 128, Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto señalan: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Por todo lo antes expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo indirecto, por actualizarse causas de improcedencia, lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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