Juan Carlos Muñoz Martínez

Expediente 230/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
230/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Muñoz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio que remite la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto, mediante el cual acusa recibo del expediente que le fue remitido para conocer de la demanda de amparo directo en contra del laudo dictado por la autoridad responsable.

  3. Principal

    De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó el desechamiento de la demanda; por lo que, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por otra parte, en atención a lo acordado en proveído de veintinueve de abril de dos mil veinte, se ordena remitir los autos originales del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, a efecto de que este en aptitud de conocer sobre la demanda de amparo directo en contra del laudo dictado por la autoridad responsable. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno que en resumen dice: "De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no cumplió la prevención formulada en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el plazo concedido para tal efecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento inserto y se tiene únicamente como autoridad responsable a la señalada en la demanda. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como tales: El emplazamiento al juicio laboral ****** del índice de la de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, sus efectos y consecuencias el laudo dictado en dicho procedimiento. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Juan Carlos Muñoz Martínez por conducto de su apoderado Daniel Aarón Quiroz Zavala, personalidad que acredita con copia certificada de la escritura pública ocho mil quinientos treinta y nueve de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante fe de notario público noventa y tres de esta ciudad, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se materializa la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, pues el quejoso fue omiso en señalar a la autoridad responsable ejecutora... El artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que establece se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la ley de la materia, prevé en la fracción III, del artículo 5, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que al no haber sido llamadas es jurídicamente imposible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Ahora, el quejoso señaló inicialmente como autoridad responsable a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad; sin embargo, como se desprende de los capítulos relativos a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación de la demanda; y, en atención a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, dentro del amparo en revisión 25-2020, quien tiene el carácter de autoridad responsable es aquella que ejecutó materialmente la diligencia de emplazamiento, esto es, el actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato. De ahí que se formulara la prevención a efecto que la parte quejosa señalara a dicha autoridad como responsable, sin que lo hiciera, no obstante haber sido debidamente notificada. En esta tesitura, ante la omisión del peticionario en señalar a la referida autoridad como responsable que ejecutó materialmente el acto reclamado, existe imposibilidad para analizar el emplazamiento reclamado, pues no podría válidamente resolverse sobre la legalidad del acto controvertido cuando la citada autoridad no fue llamada a juicio para defender la constitucionalidad de su actuación. Sin que este órgano de control constitucional pueda sustituir la voluntad del promovente, dado que el juicio de amparo procede únicamente a petición de parte, máxime si en el caso, como se destacó, en forma oportuna se dio la posibilidad al quejoso de aclarar su demanda en cuanto a la referida autoridad, sin que lo hubiere hecho; por consiguiente, no puede abordarse de manera oficiosa su análisis, ya que el señalamiento de las autoridades responsables y los actos reclamados únicamente corresponde al peticionario, conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al operar la hipótesis de improcedencia anunciada, se impone desechar la demanda, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que cause estado esta determinación, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, a efecto de que se pronuncie respecto del laudo reclamado..."

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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