Juan Carlos Morua Pérez

Expediente 821/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
821/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Morua Pérez
  • Lic. Perla Yanet Márquez Rodríguez, Asistente de Despacho Judicial, encargada de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene al Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, remitiendo copia certificada del acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se le tiene informando a este juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedo registrado como recurso de queja 197/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, signado por el Licenciado ******************** defensor de los aquí quejosos, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Atento a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado en el presente juicio de amparo, en el cual se desechó la demanda presentada por la parte quejosa. Asimismo, se le tiene expresando los agravios que en su concepto le causa el proveído recurrido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato al Tribunal de Alzada, el escrito original del recurso de queja, copia certificada de la determinación recurrida, el informe sobre la materia de la queja, así como copia certificada de las constancias que resulten pertinentes para resolver dicho medio de impugnación. Por consiguiente, conforme a lo señalado en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la parte quejosa; y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de agosto de diciembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta, se tiene al defensor de los quejosos Juan Carlos Morua Pérez, Juan Pablo Ortizlira, Jesús Antonio Ávila Granillo y Lluvia Anaid Cabanillas Burciaga, presentando demanda de amparo contra actos que reclama al Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 821/2023-VII-A. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado; toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la Ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la Ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del Juicio, ya que a nada jurídicamente practico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaria a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados lo siguiente: "ACTO RECLAMADO I. La omisión de acordar de conformidad en el auto de fecha 14 de agosto de la presente anualidad, ante las autoridades señaladas como responsables, consistente en, solicitar el auxilio judicial para notificar y requerir a un testigo para su desahogo como medio de prueba, sobre la causa penal 304/2021 del índice del tribunal señalado como autoridad responsable. II. La omisión de acordar de conformidad, en el auto de fecha 22 de agosto de la presente anualidad, ante las autoridades señaladas como responsables, consistente en, solicitar el auxilio judicial para notificar y requerir a un testigo para su desahogo como medio de prueba, sobre la causa penal 304/2021 del índice del tribunal señalado como autoridad responsable." Sobre el particular, conviene mencionar que en el caso que nos ocupa los actos que impugnan de inconstitucional, no son de aquéllos a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, por lo que, no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el diverso numeral 109 de la ley de la materia. Establecido lo anterior, es dable indicar que en relación a los actos señalados, consistentes en la negativa de los acuerdos impugnados al solicitar el auxilio judicial para notificar y requerir a un testigo para su desahogo como medio de prueba, dentro de la causa penal 304/2021, se actualiza de manera manifiesta e indudable, de la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, y 61, fracción XVIII, en relación al 113, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones, a saber: Los impetrantes de protección, no cumplieron con el principio de definitividad, porque (previo a acudir al juicio de amparo) no agotaron el medio de defensa ordinario previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de los actos reclamados, mediante lo cual, las situaciones de hecho que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable pudieron resolverse, modificarse o anularse. Al respecto, el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, 61, fracción XVIII, y 113, de la Ley de Amparo, disponen por su orden: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." Ley de amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". (Énfasis añadido) "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Acorde con lo preceptuado en los dispositivos jurídicos ut supra, se concluye que en el caso, los solicitantes del amparo no agotaron el principio de definitividad y ello actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia referida, pues previo a la presentación de la demanda de amparo, se debió agotar el recurso de apelación, en los términos que establece el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que precisa: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) XI. Las que excluyan algún medio de prueba." (Énfasis añadido) De lo dispuesto en el precepto jurídico de ut supra, se advierte con meridiana claridad que en los asuntos del sistema penal acusatorio, los imputados y (sus defensores) pueden impugnar ante el tribunal de alzada, las determinaciones emitidas por el juez de control en etapa intermedia que impliquen "exclusión", "no admisión" o "desechamiento" de medios de prueba, a través del recurso de apelación. En la medida que, para una mejor comprensión del verbo excluir, atentos a lo precisado en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se define de la siguiente forma: 1. tr. Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba o prescindir de él o de ello. Excluir a alguien de una junta o comunidad.Excluir una partida de la cuenta. 2. tr. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo. Los datos excluyen ese supuesto. 3. prnl. Dicho de dos cosas: Ser incompatibles. 4. prnl. Dicho de una persona: Dejar de formar parte de algo voluntariamente. Entonces, de acuerdo con la definición dada a conocer, el término utilizado como exclusión, no sólo debe comprenderse en el aspecto conceptual y doctrinal que opera en torno a la hipótesis de ilicitud de un dato, medio o prueba, cuando éste fue obtenido con violación a derechos fundamentales, pues en el contexto de la redacción del precepto a estudio, gramaticalmente significa: descartar, rechazar o la acción de repulsar algo; lo cual, para el aspecto procesal-probatorio, debe entenderse como la "no admisión o desechamiento de un medio de prueba". Por ende, la no admisión de medios de prueba en los términos solicitados por el peticionario, implica que conlleva a excluir la posibilidad de desahogar tales elementos de convicción en el juicio, requiere que el órgano jurisdiccional en segunda instancia, revise la legalidad de las determinaciones que al respecto emita el juez de control. Consecuentemente, es claro que respecto al acto en análisis, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y, entonces, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad, púes se pone de manifiesto la existencia de un recurso ordinario, diseñado para resolver lo conducente a la posible vulneración de derechos fundamentales de las partes ante la "no admisión de medios de prueba en etapa intermedia." En esa tesitura, este órgano de control constitucional concluye que, conforme al artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los asuntos del sistema penal acusatorio, las partes pueden interponer el recurso de apelación ante el tribunal de alzada, contra las determinaciones emitidas por el juzgado de control en etapa intermedia, que impliquen "exclusión", de medios de prueba en los términos solicitados. A tal efecto, sin necesidad de efectuar mayor interpretación, basta con atender los sinónimos de la palabra exclusión que, en el contexto procesal-probatorio, implican rechazo de medios de prueba, a través de su "no admisión" o "desechamiento". En consecuencia, contra la exclusión, no admisión o desechamiento de medios de pruebas en etapa intermedia, procede el recurso de apelación previsto en dicho numeral, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 447, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 297, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, apoya al punto determinado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página 902, tomo XV, Mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así las cosas, al tenor de las consideraciones plasmadas se concluye que en el caso a estudio se actualiza, en forma notoria y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, en relación al ordinal 113, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con los dispuesto en los artículos 112 y 113, de dicha legislación. Por otro lado, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Bolson de Mapimi número 6818, de esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene a los licenciados Luis Carlos Leyva Núñez, Juan Pablo Gastellum Martínez y Miguel Gutiérrez Navarro toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, asimismo, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados Tania Libertad Gastellum Martinez, José Álvaro García Vásquez y Graciela Martinez Alcaraz. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se autoriza el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, relativo al juicio de amparo que nos ocupa, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los usuarios "jpgastellum" y "Dominiolegal"; en virtud de ello, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expedientes, que realice el alta respectiva en dicho sistema, para los efectos legales procedentes. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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