Juan Carlos Morín Lomas

Expediente 121/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
121/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Morín Lomas
  • Juan Carlos Morín Lomas y Otros.
  • Nereida Portillo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de abril de dos mil dieciocho. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió para las partes el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en tales condiciones, se declara que ese auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE 06 DE MAFRZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, EN EL QUE DETERMINÓ:Visto el estado de los presentes autos, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XX [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Lo anterior es así, ya que en el presente juicio de amparo los quejosos Juan Carlos Morín Lomas y Nereida Portillo Rodríguez, a través de Luis Gerardo Meraz Coronado, reclamaron del Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especialiada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos; Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos con Detenidos; y del Coordinador Regional de la Policía Estatal de Investigación Zona Norte "la detención del directo quejoso y la ejecución de dicha orden, puesto que lo tienen detenido e incomunicado, siendo víctima de malos tratos en las CELDAS DEL EDIFICIO DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO ZONA NORTE, UBICADO EN EJE JUAN GABRIEL Y ASERRADEROS DE ESTA CIUDAD POR LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA DEL ESTADO.". Por lo que, el veinte de febrero del dos mil dieciocho, los quejosos ratificaron la demanda y señalaron que no fueron torturados. Por otra parte, al rendir sus informes justificados las autoridades señaladas como responsables manifestaron que no era cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación y malos tratos, e hicieron del conocimiento a este juzgador que los citados impetrantes de garantías fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Detenidos a las seis horas con cinco minutos del diecinueve de febrero del dos mil ocho, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al parecer probables responsables en la Comisión del delito de Robo Agravado (de vehículo automotor) en grado de tentativa; y mediante oficio UCD-8403/2018 de veintiuno de febrero del año en curso, fueron puestos en libertad durante la investigación; remitiendo en apoyo a sus informes copias certificadas de la carpeta de investigación y del citado acuerdo de libertad de los quejosos Juan Carlos Morín Lomas y Nereida Portillo Rodríguez . Documentos anteriores, que ponen de manifiesto que al haberse quedado sin efectos la detención de los garantistas, por la puesta en libertad, es evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados a las autoridades responsables, mismos que dieron motivo a la solicitud de amparo. De tal manera que la nueva situación jurídica en que se encuentran los amparistas destruyó el acto que dio motivo a la solicitud de amparo, reponiéndolos en el goce de sus derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad o autoridades que lo emitieron dejó de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que ameriten ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo que, se concluye, como se indicó en párrafos precedentes, es improcedente el presente juicio de amparo por haber cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2ª. /J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro y texto literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio conforme a lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la Jurisprudencia número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386, que señala: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía, en ausencia del Fiscal de Distrito en la Zona Norte, así como del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, y del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en investigación de Delitos de Robo de Vehículos, todos con residencia en esta ciudad, con los que se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; informes que también deberán ser relacionados en el momento de llevar a cabo la audiencia constitucional.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se declara que no existe materia para decretar la suspensión definitiva a favor de los quejosos ********************, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables aludidas, por las razones precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria.

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