Juan Carlos Moreno Anaya
Expediente 2/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2019
Partes del expediente
- Juan Carlos Moreno Anaya
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso***, desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de tres de enero del año en curso (fojas 27-30), toda vez que compareció a ratificar el escrito presentado el nueve del mes y año en curso, ante la oficialía de partes de este juzgado (foja 35). DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. I. Así, analizada la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Los artículos mencionados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primer precepto transcrito prevé que el juicio de amparo no procede cuando tal consecuencia resulte de alguna disposición de la ley. El segundo numeral prevé la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Asimismo, prevé que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. Entonces, de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario (contrario sensu), se deduce que el juicio de amparo será improcedente: 1. Contra actos emitidos en ejecución de sentencia que no constituyan la última resolución dictada en los procedimientos respectivos. 2. Contra actos dictados en procedimientos de remate, que no constituyan la resolución en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. El sentido de la fracción IV del precepto 107 en comento, radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibirse la promoción de amparos contra las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se evita la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que ahí se pronuncie, en virtud de que el perjuicio contra el ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento respectivo o bien, la del procedimiento de ejecución en que se declare cumplida o no cumplida la sentencia. Ahora bien, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el expediente ***, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por***, en contra del aquí quejoso, en la que se resolvió declarar improcedente el incidente de nulidad de actuaciones (notificación de diez de septiembre de dos mil dieciocho), promovido ***, y declaró firme para todos los efectos legales correspondientes, la diligencia de diez de septiembre del citado año, relativa al acuerdo por el cual se ordena requerir a la parte demandada -aquí quejoso- para que en el plazo de tres días otorgue la escritura del bien inmueble rematado, adjudicado y detallado en la diligencia de remate de treinta de mayo de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgador la otorgará en su rebeldía. Al respecto, conviene narrar de manera breve los antecedentes del juicio de origen: 1. Mediante acuerdo de once de marzo de dos mil quince, se aprobó el convenio celebrado entre las partes actora y demandada, elevándose a categoría de cosa juzgada (foja 73 del tomo anexo). 2. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el aquí quejoso** interpuso incidente de nulidad de actuaciones, respecto de la notificación de diez de septiembre de dos mil dieciocho, relativa al proveído de veinticinco de junio de la misma anualidad, por el que se requiere a la parte demandada -aquí quejoso- para que en el plazo de tres días otorgue la escritura del bien inmueble rematado, adjudicado y detallado en la diligencia de remate de treinta de mayo de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento de no hacerlo, el juzgador la otorgará en su rebeldía (fojas 1 a la 10 del cuadernillo del tomo anexo). 3. El juez responsable, al resolver la resolución reclamada, declaró improcedente el incidente de nulidad, por lo que declaró firme la notificación realizada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se notificó al demandado el contenido del acuerdo de veinticinco de junio de la citada anualidad (fojas 129 a 134 del tomo anexo). De lo anterior, se advierte que el aquí quejoso es parte demandada en el juicio de origen y que la resolución reclamada fue emitida en el periodo de ejecución de sentencia y no goza de autonomía propia y destacada, antes bien, es acto concomitante al procedimiento mismo de ejecución, cuyo objeto es el cumplimiento del fallo, contra los cuales, el amparo indirecto sólo procederá cuando se emita la última resolución dictada en ese trámite. En relación con lo anterior, se puntualiza que conforme a la interpretación gramatical del numeral 107, fracción IV, de la legislación invocada, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, y de que será hasta que se decrete alguna de esas determinaciones cuando se esté ante la última resolución pronunciada en ese procedimiento de ejecución, impugnable en todos caso a través del juicio constitucional. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la jurisprudencia con registro 2011474, identificada como 13/2016, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, abril de 2016, tomo II, materia común, página 1066, del tenor: Lo anterior así, pues en la ejecutoria de donde derivó la jurisprudencia en cita, se concluyó de la siguiente manera: "82. De acuerdo a lo razonado, esta Primera Sala concluye que el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, debe leerse en el sentido de que la última resolución del remate, constituye aquella que ordena la escrituración o bien la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, de ahí que resulta indistinto se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate". Así, conforme a lo considerado por el Alto Tribunal, el auto que ordena la escrituración del inmueble rematado, no lo constituye aquel en el que se le requiere por la entrega de tal documento, porque en él simplemente no se ordena la escrituración, sino que ello se realiza una vez que se incumple con el requerimiento aludido. Expuesto lo anterior, analizadas las constancias del juicio de origen, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza, al encontrarse el procedimiento generador del acto reclamado en vías de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen, concretamente en la etapa de remate; al derivar la notificación cuestionada, de un acuerdo por el cual se ordena requerir a la parte demandada -aquí quejoso- para que en el plazo de tres días otorgue la escritura del bien inmueble rematado, adjudicado y detallado en la diligencia de remate de treinta de mayo de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento de no hacerlo, el juzgador la otorgará en su rebeldía. Ello es así, pues en la especie la notificación cuestionada en la resolución reclamada no deriva de esa actuación que constituye la última resolución en el procedimiento de remate, a saber, la que contenga la determinación de otorgamiento de escrituras como acto definitivo, sino el auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en el que se requirió a la demandada la entrega de la escritura relativa, que como se dijo con antelación, no constituye el último acto de ejecución, en tanto que en tal auto no se decidió sobre su otorgamiento, sino que quedó pendiente su otorgamiento en caso de que no se verificara de manera voluntaria por parte de la demandada, esto es, el requerimiento contenido en el auto citado aún no constituye un acto definitivo, pues quedaba la opción del demandado de cumplirlo o no, y luego, ante el incumplimiento decidir sobre su otorgamiento en su rebeldía, que en caso a estudio no ha sucedido, pues no existe el auto que decida en definitiva la ejecución del procedimiento de remate, en el que en forma definitiva se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación del inmueble rematado. De ahí que el acto que por esta vía se combate no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución de sentencia emitido en el juicio de origen. Con base a lo anterior, se afirma que el acto reclamado no es de los previstos por el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues el numeral de mérito acota la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados fuera de juicio o en su ejecución mediante los cuales la responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para llevar a cabo el cumplimiento u ordene el archivo definitivo del expediente; y en los procedimientos de remate, como acontece en el caso concreto, cuando en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, cuando se reclaman actos dictados en la etapa de la ejecución, como sucede en la especie, no procede la acción constitucional en su contra, ya que la intención del legislador, contenida en el citado numeral, es que las sentencias y los laudos firmes sean cumplidos sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en la fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Improcedencia que se actualiza en relación con el acto reclamado en este juicio, en virtud de que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, concretamente en el procedimiento de remate. Además, como se precisó, el acto reclamado no guarda autonomía propia y destacada en relación al procedimiento de ejecución de sentencia, para que sea procedente el amparo biinstancial, en virtud de que tiene como efecto procurar el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen y, por tanto, ello implica que el acto reclamado está vinculado con el procedimiento de ejecución de la sentencia cuyo cumplimiento se pretende. Aunado a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado tampoco es un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, para que pueda ser procedente el amparo indirecto, pues no se afectan materialmente derechos sustantivos protegidos por la Carta Magna o los instrumentos internacionales ratificados, como pueden ser, verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la dignidad humana, la propiedad, la posesión, etcétera, ni tampoco se ve truncado el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, pues no se impide lograr el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, como se advierte de las constancias originales del juicio ejecutivo mercantil 10/2015, que se tienen a la vista en este momento, se reitera, la notificación que pretende invalidarse a través del incidente de nulidad de notificaciones, versa sobre proveído en el que se realizó un requerimiento personal al quejoso para que cumpliera voluntariamente con la sentencia considerada firme y definitiva (la cual, ya causó ejecutoria); por tanto, sí tiene como finalidad directa e inmediata la ejecución de la sentencia dictada en el juicio natural. Desde otra perspectiva, en contraposición a lo expuesto por el quejoso, los actos reclamados no son de imposible reparación, en virtud de que no afectan derechos fundamentales sustantivos propiamente, pues no se está cuantificando la condena, no se ordenó la adjudicación, sino que se le requirió para que voluntariamente entregara la escritura correspondiente. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, sostuvo que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material de derechos sustantivos, ya que éstos se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que, sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado, no solo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. El propio Tribunal Constitucional, a fin de delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones, a saber: 1) que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso, la interlocutoria reclamada no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales, sino que solamente afecta derechos procesales o adjetivos, susceptibles de reclamarse en el amparo indirecto, que en su caso, se promueva contra la última resolución emitida en la fase de ejecución de sentencia, la cual será aquella en la que se haga efectivo el apercibimiento decretado al quejoso y se ordene la escrituración en rebeldía por parte del juez responsable donde el solicitante del amparo, podrá reclamar las violaciones que se hubieran cometido durante ese procedimiento que pretende combatir en esta oportunidad. DOCUMENTOS Devuélvase a la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en original del expediente ***(un tomo); así como el documento base de la acción consistente en original de un pagaré por la cantidad de $***l). dejándose copia certificada del convenio judicial de transacción de pago; auto de dos de abril de dos mil catorce; auto de veinticinco de junio de dos mil dieciocho; notificación de diez de septiembre de dos mil dieciocho; y resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de la citada anualidad; actuaciones relativas al citado juicio de origen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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