Juan Carlos Moreno Alarcón

Expediente 1323/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1323/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Moreno Alarcón

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por lo que, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Asimismo, como lo peticiona la parte quejosa, practíquense las notificaciones vía electrónica, de conformidad con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia. No pasa inadvertido que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo, en su escrito de demanda solicitó expresamente que las mismas le sean realizadas vía electrónica, por lo tanto, como ya se acordó en párrafos anteriores, las notificaciones se le harán por ese medio. Respecto al número de teléfono y correo que proporciona, será considerado como herramienta de contacto en caso de considerarse necesario. Del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama de Marco César Mendoza Serrano, Magistrado por Ministerio de Ley de la Primera Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad: - El acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 2206/23-03-01-4, en el que atribuyó la calidad de confidencial y reservada a la documentación que exhibió la autoridad demandada Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su escrito de contestación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto legal, se advierte que en el caso concreto, se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la disposición constitucional transcrita se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreparable. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: a) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, b) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Así, para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese caso ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. Lo anterior encuentra apoyo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, registro: 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese tenor, como se anticipó, se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En efecto, el acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente 2206/23-03-01-4, en el que atribuyó la calidad de confidencial y reservada a la documentación que exhibió la autoridad demandada Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera, en su escrito de contestación, no genera una afectación a los derechos sustantivos del amparista, pues versa sobre un derecho meramente adjetivo o procesal, sobre todo porque la decisión asumida por la autoridad responsable de calificar como confidencial y reservada la documentación, no deja sin defensa a la quejosa, quien puede controvertir lo contestado por la demandada y obtener una sentencia favorable a sus intereses, ya que no implica que se deje de analizar en la sentencia que se dicte, la acción intentada por el actor. Así, si la sentencia que se dicte en el controvertido de origen le resulta favorable, la afectación que pudo resentir el ahora quejoso, dada la determinación de la Sala responsable de calificar como confidencial y reservada a la documentación que exhibió la autoridad demandada, desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adverso a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en el artículo 170, fracción I, y 172 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo.

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