Juan Carlos Morales Ramón

Expediente 1922/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1922/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Carlos Morales Ramón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes recurrieran la resolución dictada diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 201 a 207), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil dieciocho.********************Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario en funciones del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el Estado de Veracruz, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 1922/2018, que fue enviado para el dictado de la sentencia respectiva, en términos del Acuerdo General 27/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, así como, los órganos jurisdiccionales que lo integran, en concordancia con el oficio STCCNO/852/2018, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.********************Ahora bien, como lo ordena el citado acuerdo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz.********************Acúsese el recibo correspondiente y agréguese al presente asunto el cuaderno de antecedentes formado.********************Notifíquese; y personalmente a las partes.********************Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. Xalapa, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1922/2018, promovido por Juan Carlos Morales Ramón, contra actos del Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y otra autoridad; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 2 a 9), remitido al día siguiente por razón de turno al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Juan Carlos Morales Ramón solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo son, para el presente caso: 1. El PRIMER VISITADOR GENERAL, cargo que es desempeñado por el Licenciado EDUARDO SOSA MÁRQUEZ. 2. La VISITADORA ADJUNTA ADSCRITA A LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL, cargo que es desempeñado por la Licenciada ELVA ARICELA CHÁVEZ MANZO. (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- La RESPUESTA NEGATIVA, respecto a la solicitud de copias certificadas presentadas dentro de la QUEJA 8697/2017-I por parte de la PRIMERA VISITADURÍA GENERAL por medio de la Licenciada ELVA ARICELA CHÁVEZ MANZO, misma que funge como VISITADORA ADJUNTA ADSCRITA A LA PRIMERA VISITADURÍA GENERAL, La respuesta antes referida recayó por medio del acuerdo de fecha 28 veintiocho de Mayo del 2018 dos mil dieciocho, mismo que fue de mi conocimiento el día Lunes 4 cuatro de Junio del 2018 dos mil dieciocho." Segundo. Prevención, admisión y audiencia constitucional. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, ordenó radicar el juicio de amparo en el libro de gobierno con el número 1922/2018, y previno a la parte quejosa, en los términos descritos en dicho auto (fojas 11 a 13). Posteriormente, una vez desahogada la prevención señalada en el párrafo anterior, el cuatro de julio de la presente anualidad, el juez auxiliado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento; posteriormente, por acuerdo de trece de julio del actual, se tuvo como parte tercera interesada a Alberto González Martínez, y se ordenó su emplazamiento, el cual se llevó a cabo al tenor de la diligencia que obra en autos (fojas 27 y 28); finalmente, la celebración de la audiencia constitucional tuvo verificativo el seis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 197). Tercero. Remisión de los autos al órgano auxiliar. Mediante oficio de ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitió los autos a este órgano jurisdiccional a través de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, el que se radicó con el cuaderno auxiliar 427/2018, el quince del citado mes y año. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1º y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto quinto, apartado 4º, y último párrafo, del acuerdo general 3/2013; punto primero del diverso acuerdo 27/2008; y punto primero del acuerdo 37/2008, reformado por el acuerdo 15/2016 de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y de acuerdo con el oficio STCCNO/852/2018 de tres de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de ese Consejo, con sede en la Ciudad de México, en atención a que se auxilia al Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el dictado de la sentencia en el presente juicio. SEGUNDO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, en relación con los artículos 18 y 19 de la ley de la materia. Se sostiene lo anterior, toda vez que de las constancias de autos se advierte que, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto que reclama el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 2 vuelta). Por tanto, el plazo referido transcurrió del cinco al veinticinco de junio de la presente anualidad, descontando los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del mes y año en comento, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que, si el escrito de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se concluye que se promovió dentro del plazo correspondiente. TERCERO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de garantías, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Atento a lo anterior, del escrito inicial de demanda y constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama, lo siguiente: ? El acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, dentro de la queja 8697/2017, en el cual se dio respuesta negativa a su solicitud de copias. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado a la Visitadora Adjunta B, adscrita a la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, consistente en la negativa de expedir copias dentro de la queja 8697/2017-I, pues al rendir su informe con justificación negó tal circunstancia (fojas 29 a 32). Máxime lo anterior, que de las constancias de autos se aprecia que, quien emitió el acto aquí reclamado fue el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, de ahí que, al no aportar la parte quejosa prueba idónea para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, consecuentemente, se estima que el acto reclamado es inexistente. En esas condiciones, acorde con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee respecto del citado acto reclamado a la Visitadora Adjunta B, adscrita a la Primera Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Lo anterior, con apoyo en, por su sentido ilustrativo, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS.". QUINTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (fojas 29 a 32), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que adjuntó a su informe con justificación, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, pues se trata de los documentos relativos a los autos de los que emana el acto impugnado, por lo que así deberá tenerse para todos los efectos legales procedentes. SEXTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio constitucional, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...". En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 17, visible en la página 12, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Tomo VI, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De la correlación de la jurisprudencia y el numeral transcritos, se advierte que para que un acto pueda considerarse como derivado de otro consentido, es necesario que se reúna el siguiente requisito:  Que entre el acto reclamado y el que se estime consentido, exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera actuación de la autoridad responsable. Por lo que se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, si se interpone contra un acto que derive de otro que se consintió, tácitamente por no haberse promovido el amparo dentro del plazo legal. Así, es de señalarse que por acto consentido tácitamente, debe entenderse aquél que no se impugnó en los términos que para tal efecto fijan las leyes respectivas, mediante los recursos que procedan o directamente mediante amparo si no hay que agotar alguno. Para constatar la operancia de la causa de improcedencia, resulta necesario tener en cuenta los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, a los que nos remitiremos para lo que aquí interesa: 1. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (foja 86), la parte quejosa solicitó en la queja 8697/2017-I de su índice, seis juegos de copias del informe rendido por el policía primero, así como copia de los documentos que fueron adjuntadas al referido informe, entre ellos el acta de accidente vial folio 685255. 2. Mediante acuerdo dictado el cinco de abril de dos mil dieciocho, notificado a la parte quejosa el veintitrés del mes y año en cita, el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, le hizo saber que no era procedente su solicitud de copias, virtud a que en el expediente de queja 8697/2017-I, existe información de carácter confidencial (foja 87). 3. Luego, por escrito presentado ante la autoridad responsable el veinticuatro de mayo de la presente anualidad (foja 167), la parte quejosa solicitó nuevamente seis juegos de copias de todo lo actuado dentro del expediente de queja, incluyendo el informe rendido por el policía primero, así como de los documentos que fueron adjuntados al referido informe, entre ellos el acta de accidente vial folio 685255. 4. Posteriormente, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, dictó acuerdo en el que en lo que interesa proveyó lo siguiente: "(.) Al respecto, se le informa a Juan Carlos Morales Ramón, que debe estarse al contenido del acuerdo del 5 de abril de 2018, el cual le fue notificado el 23 del mismo mes y año en su domicilio." (foja 169). La resolución señalada en el punto anterior, constituye el acto reclamado en el presente asunto. Luego, de los antecedentes fácticos de los actos reclamados, se desprende que mediante auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, el Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, proveyó que no era procedente su solicitud de copias, virtud a que, en el expediente de queja 8697/2017-I, existía información de carácter confidencial. Asimismo, reiterada la petición en comento, en proveído de veintiocho de mayo de la presente anualidad, la autoridad responsable acordó que la parte quejosa debía estarse al contenido del auto de cinco de abril de dos mil dieciocho. En consecuencia, se tiene que sí la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad responsable le informó que debía estarse al contenido de un diverso auto, en el que se le negó la expedición de las copias que solicitaba; el presente juicio resulta improcedente, toda vez que en la resolución combatida solo se reiteró lo que ya se le había proveído y notificado anteriormente (acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho), lo cual fue tácitamente consentido por el solicitante de amparo, pues no se advierte lo haya combatido con los medios legales a su alcance. En ese orden de ideas, no resulta dable reclamar el citado acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, sin haberse previamente reclamado el anterior (cinco de abril de la presente anualidad), por tanto, resulta improcedente el amparo indirecto como aquí se pretende, porque el proveído impugnado es un acto derivado de otro consentido; es decir, cuenta habida que la parte quejosa el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, ya tenía conocimiento que no era procedente solicitar copias de la información requerida, lo que no se evidencia se haya recurrido, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el invocado artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. Sustenta las consideraciones anteriores, por identidad de razones, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 971, Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada. Así como la tesis III.1o.A.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". En conclusión, al haber quedado demostrado que el acto reclamado, deriva de otro previo que la parte quejosa consintió tácitamente al no haberlo impugnado, es válido concluir que el presente juicio de amparo contra el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, es improcedente. Por tanto, se debe sobreseer en el presente juicio de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme, de acuerdo con la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Común, correspondiente a la Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, cabe precisar que no representa obstáculo a la determinación adoptada, el que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, en razón de que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este órgano jurisdiccional está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, leíble en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Común, correspondiente a la Octava Época, de rubro: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA". Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Morales Ramón, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y los motivos expuestos en los considerandos CUARTO y SEXTO de este fallo. Notifíquese personalmente por conducto del Juzgado de origen; procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno auxiliar 427/2018 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma el licenciado Ismael Arroniz Palacios, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el Estado de Veracruz, autorizado mediante oficio CCJ/ST/3663/2018 por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del citado consejo, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; hasta hoy diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante el licenciado Misaed Armando García Cortés, secretario con quien actúa. Doy fe.

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