Juan Carlos Morales

Expediente 974/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
974/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo sin medio de impugnación interpuesto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado a recoger los documentos que en original exhibió, dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que, de no hacerlo, tendrán el mismo destino que el expediente principa

  2. Principal

    Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense los informes justificados que rinden las autoridades responsables Director y Jefa de grupo de Servicios Técnicos de la Oficina de Control y Prestaciones Económicas, ambos del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad. Téngaseles señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los que mencionan en sus libelos de mérito. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 del mismo ordenamiento legal, se tiene por ofrecida y desahogada la documental que anexa la segunda de las autoridades así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, dada su naturaleza. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les autoriza el uso de medios electrónicos como son cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias de cuenta remitidas por la Jefa de grupo de Servicios Técnicos de la Oficina de Control y Prestaciones Económicas del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 21, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de dar respuesta a las solicitudes presentadas por el quejoso ********************el diecinueve de abril y nueve de mayo, ambas de dos mil veintitrés, en las que pidió el pago del monto correcto de su pensión de invalidez definitiva; ahora, del informe justificado rendido por la Jefa de grupo de Servicios Técnicos de la Oficina de Control y Prestaciones Económicas del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 21, se advierte que mediante oficio número ******************** de veintiocho de septiembre del año en curso, se atendieron las referidas solicitudes, para quedar como sigue: En el citado oficio, la autoridad responsable determinó que derivado del incremento del 11% (artículo 14 transitorio Ley del Seguro Social vigente) el pago de diferencias de la pensión del quejoso sería aplicado a la nómina de proceso del mes de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, remitió copia certificada de la constancia de notificación respectiva de veintinueve de septiembre actual, en la que obra la firma de recibido del impetrante. A dichas constancias se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de dar respuesta a las solicitudes presentadas por el quejoso el diecinueve de abril y nueve de mayo, ambas de dos mil veintitrés, en las que pidió el pago del monto correcto de su pensión de invalidez definitiva; pues, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber sido atendidas las referidas solicitudes mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el cual le fue notificado el veintinueve siguiente. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos, y por ello el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Sin que en el caso, haya lugar a dar vista con la contestación de la autoridad responsable a la parte quejosa, a efecto de una posible ampliación de demanda, pues el acto reclamado deriva de un procedimiento de pensión, en contra del cual resulta improcedente dicha ampliación de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la 2a./J. 66/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y contenido, siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Se ordena generación de versión pública. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente resolución, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. V. Requerimiento a autoridades responsables y demás partes. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberán acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibidas que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se les impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, del referido ordenamiento legal. De igual manera, con la obligación que impone el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables, así como a las demás partes, que deberán informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión, lo anterior de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal al promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. VI. Vista al representante social adscrito. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la ley de la materia. En cumplimiento a la determinación asumida el diecinueve de enero de esta anualidad en el cuaderno de varios 1/2023, en los términos ahí precisados, todas las notificaciones de carácter personal dirigidas a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, realícensele de manera electrónica al usuario que proporcionó para tal efecto; asimismo, otórguesele acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo. VII. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. VIII. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar la medida suspensional, al no haber sido solicitada. IX. Pruebas. De igual manera, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza la documental que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. X. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que los nombres de usuario ********************y******************** se encuentran registrados en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio al únicamente al primer nombre de usuario que proporcionó, esto es, ********************, lo anterior, a efecto de dar certeza jurídica a dichas notificaciones y estar en condiciones de computar los plazos legales dentro del presente asunto. Se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, en los términos anteriormente apuntados. En la misma inteligencia, téngasele señalando como domicilio físico, solo para el caso de que exista alguna imposibilidad de practicar las notificaciones de manera electrónica, el ubicado en ******************** de esta ciudad, lo anterior, a efecto de dar prioridad a los medios electrónicos de comunicación. Asimismo, designa como autorizados en términos amplios del artículo 12 a ********************y********************, en virtud de que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, al resto de las personas que menciona en su ocurso, por así haberlo solicitado. De igual forma, téngasele proporcionando números telefónicos y cuentas de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. XI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XII. Se exhorta y se requiere a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. XIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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