Juan Carlos Montañez Cabral

Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
564/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Montañez Cabral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito electrónico remitido por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************; mediante el cual interpone INCIDENTE POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO otorgada dentro del presente asunto mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, así como los diversos 206 y 207, de dicha Ley, SE DESECHA POR NOTARIA IMPROCEDENCIA el incidente propuesto por la autorizada del quejoso. Es así, ya que en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, que previno en el conocimiento de la demanda de amparo, concedió al quejoso la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que: Lo anterior, fue reiterado por este Juzgado en auto de siete de agosto del año en curso: "Cabe señalar, que continua surtiendo los efectos la suspensión de plano decretada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consecuentemente, con fundamento en el artículo 15, párrafo segundo de la Ley de Amparo, resulta innecesario tramitar por separado incidente de suspensión". Ahora, en la audiencia constitucional de veintisiete de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento del presente juicio al haber operado la cesación de efectos del acto reclamado; para lo cual se consideró: "El quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que en la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintitrés), empezaron a formársele ampollas llenas de pus en los costados de sus cicatrices, por lo que teme por la integridad de su brazo ya que sin los cuidados y medicinas sufre un dolor constante. Asimismo, del listado de recomendaciones médicas que anexó el quejoso a su demanda de amparo, se advierte que el médico responsable ********************, estableció como datos de alarma entre otros, la existencia de pus en la herida quirúrgica. Por su parte, las autoridades responsables, en su informe justificado informaron que el veinte de julio del año en curso, el quejoso fue intervenido quirúrgicamente por padecimiento: fractura de humero izquierdo + pseudoartrosis humero + masquelet fase 1. Siguen narrando las autoridades responsables que el veinticinco de julio del año en curso, el doctor ********************, indicó el tratamiento y las recomendaciones a seguir, por lo cual le fue entregado al quejoso el aditamento médico indicado es decir, un inmovilizador de hombro, venda elástica, y una codera. Agregan que el veintiséis de julio del año en curso, el promovente manifestó su deseo de no permanecer en el área de hospital, mencionando que se encontraba en buen estado de salud únicamente haciendo alusión a lo estresante que le genera permanecer en ese espacio, solicitando únicamente material quirúrgico para practicarse la curación en seco, ministrándole los aditamentos necesarios. Agregaron que el dieciséis de agosto del año en curso, le fueron retirados los puntos quirúrgicos de su intervención al quejoso, sin complicación alguna, en donde el médico refirió que se encuentra en buenas condiciones de salud, con herida quirúrgica en proceso de cicatrización, sin datos de infección, en donde además se asentó que no presento alteraciones físicas o mentales y a la fecha cuenta con tratamiento para el trato y cuidado de sus padecimientos. Para demostrar su dicho, las autoridades responsables exhibieron: Nota de evolución, firmada por el medico ********************, de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que recomienda cirugía al quejosa para el veinte de julio del mismo año. Lista de cuidados postoperatorios suscrito por el médico ********************, de fecha veinticinco de julio del año en curso, donde recomienda cita en tres semanas. Escrito firmado por el quejoso, de fecha veintiséis de julio del año en curso donde solicita su alta a su módulo, para que su rehabilitación sea más cómoda únicamente solicitando guantes y gasas para sus curaciones el día de la fecha, ya se aplicó su primea curación y el cambio de vendas y todo marcha bien. Nota medica de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, suscrita por la doctora ********************, donde asentó que el quejoso de cuarenta y dos años de edad, con antecedente de fractura en húmero izquierdo por lesión con arma de fuego; se retiraron los puntos con indicación de alta hospitalaria, sin datos de infección. Vale de medicamento firmado por el quejoso, donde se advierte que recibió Ibuprofeno, Clindamicina y Levofloxacino del mes de julio al mes de agosto. Vale de medicamento, del que se advierte que el quejoso recibió venda elástica, codera e in movilizador de hombro. Documentales públicas a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y con base en la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De lo anterior se sigue que el veinte de julio de dos mil veintitrés, se practicó al quejoso, cirugía por fractura de húmero izquierdo y el dieciséis de agosto siguiente, se le retiraron los puntos de sutura, sin datos de infección y fue dado de alta, otorgándosele los medicamentos y aditamentos especiales para su recuperación, la cual cumple en su Módulo asignado. Por tanto, es evidente que la omisión de brindar medicinas, atención médica y los cuidados postoperatorios que necesitó, y que fueron requeridos por el especialista que realizó su operación, han cesado, en razón a que el quejoso fue restituido en el goce de su derecho a recibir la atención médica requerida, tan es así que le fueron retirados los puntos de sutura, no presentó infección y fue dado de alta, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica del impetrante, pues al haberse otorgado los medicamentos e implementos indicados por el médico responsable, se le restituyó en el pleno goce del derecho de salud y seguridad social violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de los actos reclamados". Por su parte, la autorizada del quejoso en su escrito incidental por defecto en el cumplimiento de la suspensión, sostiene: 1.- Actualmente, las autoridades responsables siguen negando la atención médica que necesita el quejoso. 2.- Nunca le dieron las medicinas recetadas por su médico y que aparecen en la primera receta. 3.- Ahora las autoridades responsables se niegan también a proporcionar al quejoso las medicinas de su nueva receta. 4.- Se generó un orificio de unos centímetros en una de sus heridas y está lleno de pus, situación que las autoridades responsables se niegan a tender. Además, la promovente exhibió una receta emitida el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, este juzgado estima que el presente incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano, carece de materia y debe declararse improcedente, en virtud de que en autos del presente juicio de amparo quedó demostrado que la omisión de brindar medicinas, atención médica y los cuidados postoperatorios que necesitó el quejoso han cesado, en razón a que fue restituido en el goce de su derecho a recibir la atención médica requerida, tan es así que le fueron retirados los puntos de sutura, no presentó infección y fue dado de alta. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, 206 y 208 de dicha Ley, SE DESECHA POR NOTARIA IMPROCEDENCIA el incidente propuesto por la autorizada del quejoso. Apoya lo anterior, por identidad jurídica la tesis: "SUSPENSION PROVISIONAL, CUANDO ES IMPROCEDENTE LA QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCION DE LA. Si el quejoso interpone queja ante el Juez de Distrito, por falta de cumplimiento de la suspensión provisional; y en la misma fecha se niega la suspensión definitiva, sin que conste que se haya interpuesto el recurso de revisión, si bien el recurrente tuvo derecho de que no se ejecutara provisionalmente el acto reclamado, cesó tal derecho al negársele la suspensión definitiva; en otros términos, mediante la negativa de la suspensión definitiva, quedó sin efecto la provisional; por lo que, jurídicamente, no existen daños o perjuicios susceptibles de reparación, y la queja carece de materia y debe declararse improcedente. Suponiendo que el recurso de revisión contra la resolución que negó la suspensión definitiva, haya sido interpuesto directamente ante la Suprema Corte de Justicia y que por haber remitido el Juez de Distrito los autos originales del incidente de suspensión, por vía de informe justificado, con motivo de la queja que contra él se promovió, a la Suprema Corte de Justicia, y que las actuaciones relativas al mencionado recurso de revisión, obren en el duplicado del incidente de suspensión, aun en tal supuesto, debe tenerse en consideración que al resolver la Corte el citado recurso de revisión, puede confirmar la negativa de la suspensión o revocarla y concederla. En el primer caso, quedará ejecutoriadamente establecido, que el querellante no tuvo derecho a la suspensión definitiva; por lo cual, ningún agravio puede ocasionarle la violación de la suspensión provisional. En el segundo caso, conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo, deben restituirse las cosas al estado que guardaban en la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, es decir, sin tener por ejecutado el acto reclamado, reparándose en esa forma el agravio que pudiera haberse ocasionado al querellante, con la violación de la suspensión provisional. En ambos casos la queja es improcedente por falta de materia". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro electrónico del SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán a las once horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, licenciada Esthela Pedroza Díaz, asistida de la licenciada Iliana Guzmán Cárcamo, Secretaria que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 564/2023, promovido por ******************** por propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN" en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente, pese a haber sido debidamente citadas. Acto continuo, la Secretaria hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto admisorio de quince de agosto de dos mil veintitrés. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Asimismo, se cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 Cps Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán Niega con manifestaciones 2 Responsable de Área Médica del Centro Federal De Readaptación Social Número 17 Cps Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán. Niega con manifestaciones De igual forma, se hace constar que la parte quejosa no manifestó si se oponía o no, a que se publiquen sus datos personales. Por otra parte, la secretaria HACE CONSTAR que ha concluido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada recurriera el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, únicamente respecto de la autoridad responsable Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; sin que lo haya hecho; plazo que transcurrió del veintidós al veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, sin computar los días que mediaron previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, pues fue notificado el dieciocho de agosto del mismo año. De igual forma, se hace constar que no se recibió escrito alguno tendente a combatir dicho acuerdo, lo cual se constató en el libro de correspondencia que se lleva en la Oficialía de Partes de este juzgado. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, tómense en consideración los informes justificados de las autoridades responsables, relacionados en el cuadro que se ilustró, para los efectos legales a que haya lugar. En atención a que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con lo anterior se cierra esta etapa y se ordena la apertura de periodo probatorio. Abierta la etapa probatoria: La Secretaria hace constar que el quejoso ofertó como pruebas las siguientes: Lista de cuidados postoperatorios suscrito por el médico Erick Alejandro Pérez Ceballos. Copia simple de la receta médica de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, firmada por el médico Erick Alejandro Pérez Ceballos. Asimismo, las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán y el responsable del Área Médica de dicho Centro, ofrecieron como prueba copia certificada de las documentales siguientes: Nota de evolución, firmada por el medico Rodolfo Sánchez Ayala. Lista de cuidados postoperatorios suscrito por el médico Erick Alejandro Pérez Ceballos. Escrito firmado por el quejoso. Nota medica de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vale de medicamento firmado por el quejoso. Al efecto la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas con antelación; a las demás partes, se les tiene por perdido su derecho para ofrecer pruebas, al no haberlas presentado por escrito, previo a esta audiencia, ni haber comparecido a la misma a exhibirlas, con lo que se cierra la etapa probatoria. Se ordena la apertura de la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: La Secretaria certifica que únicamente fueron formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. Al efecto la Jueza acuerda: Con la certificación anterior téngase por formulados los alegatos que hizo valer el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y, por perdido el derecho de las demás partes para formularlos al no haberlos presentado por escrito, cerrándose así este período. La Jueza: Con lo anterior, se consideran agotadas las etapas procesales de la audiencia constitucional, y se procede a dictar resolución. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 564/2023, que promovió ******************** por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN" en Buenavista Tomatlán, Michoacán y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, ******************** promovió demanda de amparo, contra actos de autoridad que hizo consistir: "III.- Autoridades Responsables: a).- Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán. b).- Responsable del área médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán. c).- Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Acto Reclamado: a).- La omisión del Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 y del responsable del área médica de brindarme la atención médica y los cuidados postoperatorios que necesito, y que fueron requeridos por el especialista que realizó mi operación, el doctor Erick Alejandro Pérez Ceballos, Presidente de traumatología y ortopedia (Ced prof: 12333636) del Nuevo Hospital Civil Dr. Miguel Silva en Morelia. Estos cuidados postoperatorios consisten en la lista establecida y firmada por este doctor, y que se adjunta a este escrito. b).- La omisión del Director del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 y del responsable del área médica de brindarme las medicinas postoperatorias que necesito, que fueron recetadas por el mismo especialista y que mi familia compró y entregó a la administración de mi reclusorio. c).- La omisión de incumplir con sus obligaciones de garantizar a las personas privadas de la libertad el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución [.]" Asimismo, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad los antecedentes del caso y señaló que se violan en su perjuicio los derechos humanos y sus garantías que contemplan los artículos 1, 4 segundo, tercero y quinto, 6 segundo párrafo, 16, 17 y 18 segundo párrafo, 19 último párrafo y 22 primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, recibió y radicó la demanda con el número 1039/2023, concedió la suspensión de plano del acto reclamado y determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo al considerar que el acto reclamado a las autoridades responsables que dirigen dicho Centro Federal, conllevan una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. TERCERO. Ratificación de demanda, admisión, trámite y audiencia constitucional. En auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Octavo de Distrito, radicó la demanda de amparo con el número 564/2023, se precisó que continuaba surtiendo los efectos la suspensión de plano decretada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se mandó ratificar por el quejoso la demanda de amparo. En auto de quince de agosto del dos mil veintitrés, por una parte se admitió a trámite la demanda, y por otra se desechó respecto del acto reclamado a la Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; además, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS MICHOACÁN" en Buenavista Tomatlán, Michoacán donde se encuentra interno el quejoso, lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que Juan Carlos Montañez Cabral reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" y del Responsable del área médica de dicho Centro: a) La omisión de brindar atención médica y los cuidados postoperatorios que necesita, y que fueron requeridos por el especialista que realizó su operación, el doctor Erick Alejandro Pérez Ceballos, Presidente de traumatologia y ortopedia (Ced prof: 12333636) del Nuevo Hospital Civil Dr. Miguel Silva en Morelia. Estos cuidados postoperatorios consisten en la lista establecida y firmada por este doctor, y que se adjunta a la demanda. b) La omisión de brindarle las medicinas postoperatorias que necesita, que fueron recetadas por el mismo especialista y que su familia compró y entregó a la administración de mi reclusorio. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Precisados los actos reclamados, procede determinar su existencia o inexistencia, acorde a la jurisprudencia del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS.". Las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pues aducen que el quejoso cuenta con estado de salud estable, y no en estado precario de salud, ya que se puede establecer que su vida no se encuentra en peligro. Sin embargo en atención a la naturaleza del acto reclamado por el que se admitió la demanda de amparo, el estudio de la violación constitucional alegada, implica no solo la atención por parte el médico respectivo sino la entrega y suministro del medicamento adecuado correspondientes. En esas condiciones, la negativa que hacen las autoridades responsables de la existencia del acto reclamado queda desvirtuada y será materia del fondo del juicio determinar si la atención médica otorgada es oportuna, suficiente y adecuada para los padecimientos que presenta; lo anterior con base en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. SI EL QUEJOSO INTERNO RECLAMA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROPORCIONARLA, Y ÉSTA, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA PRESTÓ, AUNQUE CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. Cuando en el juicio de amparo el acto reclamado por un interno en un centro federal de readaptación social consiste en la negativa u omisión de la autoridad responsable de proporcionarle atención médica y ésta, al rendir su informe justificado, exhibe diversas constancias para acreditar que se proporcionó al recluso el servicio médico, aunque con posterioridad a la presentación de la demanda, no debe sobreseerse en el juicio por estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), pues de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", para actualizar esa causa de improcedencia no basta que la autoridad deje de afectar al quejoso, sino que los efectos del acto reclamado deben desaparecer total e incondicionalmente, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado. Desde esa perspectiva, es necesario realizar un estudio de fondo para determinar si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste el acto reclamado, ya que estimar lo contrario, implicaría dejar al quejoso en estado de indefensión, al no poder decidirse si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada, lo que debió analizarse con base en los estándares internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad". En vista de lo anterior, queda desvirtuada la negativa de los actos reclamados y por ende, resulta infundada la causa de sobreseimiento que invocan las autoridades responsables, con base en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, habida cuenta que como ya se precisó, la negativa del acto reclamado se encuentra desvirtuada. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. El quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que en la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de agosto de dos mil veintitrés), empezaron a formársele ampollas llenas de pus en los costados de sus cicatrices, por lo que teme por la integridad de su brazo ya que sin los cuidados y medicinas sufre un dolor constante. Asimismo, del listado de recomendaciones médicas que anexó el quejoso a su demanda de amparo, se advierte que el médico responsable Erick Alejandro Pérez Ceballos, estableció como datos de alarma entre otros, la existencia de pus en la herida quirúrgica. Por su parte, las autoridades responsables, en su informe justificado informaron que el veinte de julio del año en curso, el quejoso fue intervenido quirúrgicamente por padecimiento: fractura de humero izquierdo + pseudoartrosis humero + masquelet fase 1. Siguen narrando las autoridades responsables que el veinticinco de julio del año en curso, el doctor Erick Alejandro Pérez Ceballos, indicó el tratamiento y las recomendaciones a seguir, por lo cual le fue entregado al quejoso el aditamento médico indicado es decir, un inmovilizador de hombro, venda elástica, y una codera. Agregan que el veintiséis de julio del año en curso, el promovente manifestó su deseo de no permanecer en el área de hospital, mencionando que se encontraba en buen estado de salud únicamente haciendo alusión a lo estresante que le genera permanecer en ese espacio, solicitando únicamente material quirúrgico para practicarse la curación en seco, ministrándole los aditamentos necesarios. Agregaron que el dieciséis de agosto del año en curso, le fueron retirados los puntos quirúrgicos de su intervención al quejoso, sin complicación alguna, en donde el médico refirió que se encuentra en buenas condiciones de salud, con herida quirúrgica en proceso de cicatrización, sin datos de infección, en donde además se asentó que no presento alteraciones físicas o mentales y a la fecha cuenta con tratamiento para el trato y cuidado de sus padecimientos. Para demostrar su dicho, las autoridades responsables exhibieron: Nota de evolución, firmada por el medico Rodolfo Sánchez Ayala, de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que recomienda cirugía al quejosa para el veinte de julio del mismo año. Lista de cuidados postoperatorios suscrito por el médico Erick Alejandro Pérez Ceballos, de fecha veinticinco de julio del año en curso, donde recomienda cita en tres semanas. Escrito firmado por el quejoso, de fecha veintiséis de julio del año en curso donde solicita su alta a su módulo, para que su rehabilitación sea más cómoda únicamente solicitando guantes y gasas para sus curaciones el día de la fecha, ya se aplicó su primea curación y el cambio de vendas y todo marcha bien. Nota medica de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, suscrita por la doctora Urbina, donde asentó que el quejoso de cuarenta y dos años de edad, con antecedente de fractura en húmero izquierdo por lesión con arma de fuego; se retiraron los puntos con indicación de alta hospitalaria, sin datos de infección. Vale de medicamento firmado por el quejoso, donde se advierte que recibió Ibuprofeno, Clindamicina y Levofloxacino del mes de julio al mes de agosto. Vale de medicamento, del que se advierte que el quejoso recibió venda elástica, codera e in movilizador de hombro. Documentales públicas a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2°, por tratarse de documento público expedido por autoridad competente en ejercicio de sus funciones y con base en la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO".. De lo anterior se sigue que el veinte de julio de dos mil veintitrés, se practicó al quejoso, cirugía por fractura de húmero izquierdo y el dieciséis de agosto siguiente, se le retiraron los puntos de sutura, sin datos de infección y fue dado de alta, otorgándosele los medicamentos y aditamentos especiales para su recuperación, la cual cumple en su Módulo asignado. Por tanto, es evidente que la omisión de brindar medicinas, atención médica y los cuidados postoperatorios que necesitó, y que fueron requeridos por el especialista que realizó su operación, han cesado, en razón a que el quejoso fue restituido en el goce de su derecho a recibir la atención médica requerida, tan es así que le fueron retirados los puntos de sutura, no presentó infección y fue dado de alta, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieran invadido la esfera jurídica del impetrante, pues al haberse otorgado los medicamentos e implementos indicados por el médico responsable, se le restituyó en el pleno goce del derecho de salud y seguridad social violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de los actos reclamados. Así las cosas, respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a que sus efectos ya no subsisten; en tales condiciones, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 63 fracción V, de la ley de la materia. Apoyan lo anterior las jurisprudencias: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos que reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS Michoacán" y del Responsable del área médica de dicho centro, por los motivos precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el estados de autos que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán y del responsable del Área Médica de dicho Centro, por auto de ocho de septiembre del presente año, se encuentra transcurriendo. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 Cps Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán y del responsable del Área Médica de dicho Centro. Con el informe de referencia y las constancias que anexa, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

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