Juan Carlos Miguel Churon

Expediente 720/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Miguel Churon

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el termino de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el dieciséis de mayo del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada por Adrián Jiménez Ascencio, en representación de Juan Carlos Miguel Chorón, dieciocho al veinticuatro del presente mes y año, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegraran materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto la parte quejosa no presentó ni exhibió documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante acuerdo de once de abril del presente año, se requirió a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación que se le hiciera, remitiera copia certificada de las constancias con las cuales acreditara el cumplimiento al fallo protector; sin que a la fecha lo hiciera, no obstante que haya sido notificada el dieciocho de abril del presente año, por así advertirse de la constancia de notificación correspondiente. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por los ordinales 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IX, del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; reformado por el diverso Acuerdo General 7/2022, publicado el dieciocho de abril del presente año, que posibilita a los órganos jurisdiccionales a fijar los plazos que permita a la responsable a dar cumplimiento a sus mandatos, a fin de garantizar la salud pública de la colectividad, requiérase de nueva cuenta a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, remita copia certificadas de las constancias con las cuales acredite el cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa Armando Carlos Acuña y Construcciones Lizar, sociedad anónima de capital variable, para los siguientes efectos: ".SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida es para efecto que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco: Deje insubsistente todo lo actuado en el expediente laboral 4947/2012 de su índice, a partir de las diligencias de notificación y emplazamiento de los quejosos Armando Carlos Acuña y Construcciones Lizar, sociedad anónima de capital variable, así como todas las actuaciones posteriores, inclusive el laudo dictado el veintisiete de octubre de dos mil quince; dejando a la parte actora expeditos sus derechos para instar la continuación y conclusión del juicio tocante a dicha peticionaria. b) Ordene de nueva cuenta la notificación y emplazamiento de Armando Carlos Acuña y Construcciones Lizar, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado o representante legal, en estricta observancia de los preceptos aplicables al caso". Con el apercibimiento a la autoridad responsable, que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, se hará efectiva la medida de apremio establecida en proveído de once de abril del presente año, esto es, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. No obstante lo anterior, si finalizado el lapso que les fue otorgado, éstas no efectúan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se continuará con el trámite respectivo, previsto en la Ley de Amparo y el Acuerdo 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo de cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, aplique los apercibimientos referidos. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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