Juan Carlos Meza Davila

Expediente 418/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
418/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Juan Carlos Meza Davila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se negó el amparo, y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió como complemento de su informe justificado, solicitando el acuse de recibo al tratarse de constancias originales

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 214/2019, orden 291/2019. Háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), téngase por legalmente notificado al impetrante de la sentencia emitida en el presente sumario.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, el juicio de amparo indirecto 418/2019-IV-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnada al Juzgado Decimoquinto; Juan Carlos Meza Dávila solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Previa aclaración, el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el veintinueve de marzo siguiente, se declaró incompetente para conocer de la demanda. SEGUNDO. Radicación del asunto. Una vez que se turnó a este órgano jurisdiccional la demanda de amparo, por auto de dos de abril siguiente, se avocó al conocimiento y se admitió el escrito constitucional. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar respecto del comunicado SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el que se ordenó el traslado del aquí quejoso; así como de la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, como acto la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho. En consecuencia, por ocurso de dieciséis de mayo siguiente, el defensor público del quejoso amplió su demanda respecto de las citadas. Posteriormente, seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto que se reclama consiste en el traslado de un reo atribuido a autoridad jurisdiccional, cuya ejecución comenzó a efectuarse dentro de la jurisdicción donde se ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, a criterio de quien hoy resuelve se considera que el quejoso reclama, lo siguiente: a) Del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la orden de traslado de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018. b) Del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México la emisión del oficio 23221A000/***/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en el que comunicó a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México la autorización del traslado aludido. c) De la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, en la que convalidó el traslado del quejoso +++++++++ del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. d) Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho CPS -Coahuila, con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila la ejecución del acto reclamado. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen en el ámbito de sus facultades. Lo anterior se corrobora con el expediente de ejecución 99/2018, así como los oficios SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 y oficio 232210021/SG/***/2018 de seis de noviembre de dos mil dieciocho, que respectivamente remitieron la Juez y las autoridades administrativas, a las que se les concede valor probatorio, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias remitidas, se advierten los antecedentes siguientes: Mediante sentencia definitiva once de julio de dos mil ocho, se condenó al quejoso +++++++++++ por el delito de homicidio y portación de arma de fuego, en la que se le impuso una pena de prisión de veinte años seis meses. Dicha determinación fue modificada en apelación en cuanto a la cuantificación de la reparación del daño. Mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana autorizó el egreso de varios internos, entre ellos del quejoso Juan Carlos Dávila Meza del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. A través del diverso oficio 23221A000/***/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México comunicó a la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México la autorización del traslado aludido. Mediante oficio 232210021/SG/***/2018 de seis de noviembre de dos mil dieciocho, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México solicitó a la Juez de Ejecución de Sentencias de esa municipalidad, la convalidación del traslado emitido. En proveído de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez de Ejecución en Tenancingo, Estado de México dio inicio al procedimiento de mérito y solicitó el expediente criminológico del quejoso; así, seguidas las formalidades de ley, el doce de diciembre de dos mil dieciocho convalidó el traslado de mérito. La anterior determinación se le notificó al accionante constitucional en el centro de reclusión el veinte de febrero de dos mil diecinueve. Siendo el estado procesal que guarda el presente asunto. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el precepto legal 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, quien hoy resuelve, de oficio, advierte la actualización de la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado, consistente en la orden de traslado de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 a través del cual se autorizó el egreso del interno ++++++++++(aquí quejoso), entre otros, del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. La aludida porción normativa dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el citado precepto prevé la improcedencia del juicio de amparo, por cesación de efectos, y a este respecto es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso (sustitución procesal), se actualiza cuando los efectos del acto cesan, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste, recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esa nueva determinación, y no la anterior, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. De las constancias de autos, se advierte que la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, el doce de diciembre de dos mil dieciocho convalidó el traslado del aquí quejoso +++++, del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. En ese sentido, se advierte que la determinación dictada por la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, sustituyó procesalmente el traslado ordenado mediante el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018, de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la autoridad Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; en consecuencia, los efectos de éste han cesado. Robustece lo anterior, la tesis aislada I.9o.P.167 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2507, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2015278, que dice ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo anterior, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de la orden de traslado de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del cual se autorizó el egreso del interno +++++++(aquí quejoso), del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila, con apoyo en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. SEXTO. Conceptos de violación y fijación de la litis. Al no existir diversa causa de improcedencia que analizar, se procede al estudio del fondo del asunto, únicamente respecto de la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, por el cual la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México convalidó el traslado del aquí quejoso. El quejoso adujo que se vulneran sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 16 y 18 de la Constitución ya que la orden de traslado es ilegal, al no existir mandamiento escrito emitido por autoridad competente, puesto que tiene derecho a compurgar la pena de prisión dentro del centro penitenciario más cercano a su domicilio, dado que los diversos cambios de los cuales ha sido objeto han generado que se haya alejado de su familia, pues se debe cumplir con la finalidad primordial de la reinserción a través del fortalecimiento de los lazos familiares, por lo que el traslado consumado impide que sus familiares puedan visitarlo por ser de bajos recursos económicos. Estima que no se siguieron las formalidades del procedimiento a fin de brindarle seguridad jurídica, ya que al haberse emitido de manera arbitraria la orden de traslado sin fundamentación ni motivación, y sin explicarle el motivo por el cuál fue trasladado generó una vulneración a sus derechos fundamentales dado que se encuentra privado de la libertad. Considera que el acto reclamado es ilegal dado que la autoridad administrativa no es la competente para emitir una determinación de tal naturaleza, puesto que actualmente corresponde a los Jueces de Ejecución de Sentencias, con motivo de la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil dieciocho. A la luz de los conceptos de violación recién señalados, se establece que la litis versa en determinar si la orden de traslado se encuentra ajustada a derecho. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto de la determinación de doce de diciembre de dos mil dieciocho. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, aunque para su análisis deban suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, con independencia de que el sentido de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo favorezca o no sus pretensiones. Dicho razonamiento, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J.26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, Novena Época, registro 170008, del siguiente rubro y texto: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. El primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. De lo anterior se colige que las autoridades sólo pueden emitir actos para los cuales están facultadas, puesto que si emiten una determinación en contravención a tal disposición constitucional, es claro que no puede producir ningún efecto jurídico respecto de aquellos individuos contra quienes se dicte. Dicho precepto exige que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundamentado y motivado, lo cual significa que se ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y que se deben señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto; es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así, el artículo 16 constitucional, en su párrafo primero, consagra el derecho fundamental de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en su actuar, lo que significa que cada uno de sus actos se debe sustentar en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para autorizar determinado acto, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, siempre y cuando expresen las circunstancias y modalidades del caso particular por las que consideran que sus determinaciones encuadran dentro del marco establecido por la ley. Ambos deberes, tienen que ser acatados por toda autoridad judicial que realiza actos de molestia y privativos en el ámbito de los derechos que tienen los gobernados. No se excluyen uno del otro, sino que por el contrario, deben coexistir en el escrito en el cual se plasma el acto de afectación, resaltando que su expresión debe adecuarse entre sí, es decir, no basta que se motive, sino que los cuerpos jurídicos y las normas precisas que se están aplicando al caso concreto deben corresponder a las razones, motivos, circunstancias especiales o causas inmediatas que motivaron a la autoridad a realizar el acto de molestia, siendo imprescindible que se plasmen en el escrito que se dirige al gobernado. En esa tesitura, para que una autoridad cumpla con los extremos del párrafo primero del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógico jurídicos que la condujeron a la conclusión de una cuestión concreta. Entonces, el acto reclamado debe cumplir con los siguientes lineamientos: 1. Que se exprese por escrito, contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; mientras que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza; y; 2. Que provenga de autoridad competente; y 3. Que los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Así, el primero de los presupuestos mencionados, implica la certeza de que el afectado pueda conocer de qué autoridad proviene el acto, la que se adquiere con la firma de quien lo emitió, requisito que origina una relación directa entre lo expresado en el escrito y su emisor y que desde luego implica que el firmante acepta expresamente el contenido de la resolución, lo cual cabalmente cumple el acto reclamado, pues se advierte la firma del funcionario judicial que la emitió, siendo la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. De igual forma, el segundo de los requisitos, consiste en que el acto provenga de autoridad habilitada constitucional o legalmente y que tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo; el que igualmente se encuentra satisfecho, ya que la determinación judicial que se combate, fue emitida por la juez antes indicada, atento a que ante esta autoridad se solicitó la emisión de la resolución en la que se convalidara y declarara procedente el traslado del hoy quejoso a diverso centro preventivo; de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 102, 104 bis, quinto párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 81 del Código Penal del Estado de México; 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México; y, 5 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Estado de México. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2012, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2001968, bajo el rubro y texto siguientes: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Respecto del último requisito de legalidad, se advierte que, contrario a lo manifestado por el quejoso, de las constancias que integran el expediente de ejecución de sentencia 99/2018, y del propio acto reclamado se advierte que la juez responsable sí fundó y motivó la causa de su proceder, pues expuso los motivos por los cuales determinó procedente convalidar el traslado del impetrante de amparo, al diverso Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. Ahora, el artículo 18 constitucional, en lo que interesa refiere: Artículo 18. [.] Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Dicha disposición constitucional, establece la posibilidad de que un sentenciado pueda compurgar la pena de prisión impuesta, en un centro de reclusión cercano a su domicilio, pero no aplicará en dos casos de excepción, que son: a) En caso de que haya sido sentenciado por el delito de Delincuencia organizada; b) Cuando requiera el interno medidas especiales de seguridad. Bajo ese parámetro, la Jueza de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, de manera correcta refirió que la excepción a la regla marcada con el inciso b), resultó la procedente a efecto de resolver sobre la petición de convalidar el traslado del quejoso del centro penitenciario de Tenancingo, Estado de México, al diverso Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila, en razón a que ese supuesto fue el que sirvió de base para realizar el traslado del hoy quejoso. Esto es así, pues esa excepción fue la que dio la pauta para determinar que el sentenciado, no obstante al derecho que pudiera tener de cumplir su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, pudiera ser recluido en un centro carcelario distinto, por requerir de medidas especiales de seguridad. Bajo ese tenor, la jueza de ejecución procedió a analizar si el traslado del quejoso +++++++, obedeció a medidas de seguridad, tal y como lo expuso la autoridad administrativa penitenciaria, y si esa determinación fue la correcta, por requerir o no el sentenciado de medidas especiales de seguridad. En ese orden de ideas, tomó en consideración lo expuesto por la autoridad penitenciaria federal, quien al solicitar la convalidación y calificación legal del traslado, expuso que el traslado del quejoso era necesario porque éste requería de medidas especiales de seguridad. Y, determinó que sí se encontraba acreditado que el sentenciado, requería contar en su internamiento para la compurga de la pena que se le impuso, de medidas especiales de seguridad, en razón al comportamiento que presentaba, pues conforme a los estudios del Comité Técnico remitidos por la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México, le fue informado que se trataba de una persona que presentó indicadores criminológicos con una adaptabilidad al exterior e interior baja, con índice de riesgo social e institucional alto, pero con un pronóstico de reincidencia probable, lo que llevaba a la conclusión de que requería medidas especiales de seguridad. Además especificó que el quejoso ha sido trasladado a diversos centros penitenciarios en razón de las medidas de seguridad dentro del Estado de México, aunado a que contaba con treinta y cuatro correctivos disciplinarios, por cometer faltas de respeto, golpear a otros internos, intoxicación, extorsionar a otros internos, sobornos al personal de vigilancia, posesión de algunos narcóticos, riña, entre otros. Por lo anterior y, atendiendo al reporte de la Directora del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México; en el que obra el perfil delictivo que se acompañó, observó que Juan Carlos Meza Dávila, está considerado como una persona con capacidad criminal alta y con adaptabilidad social baja. Resultando lo anterior, en su conjunto, un riesgo institucional, pues dada su facilidad de asociarse en grupos de personas negativas, se encontraba latente el riesgo en la seguridad y gobernabilidad del Centro Penitenciario en que se encontraba interno; por lo que estimó justificada la necesidad de que el sentenciado fuera internado en un centro de mayor seguridad para su contención y atención técnica especializada que favoreciera su reinserción social. De ahí lo infundado de los conceptos de violación, en que el quejoso argumenta falta de fundamentación, motivación y violación a los artículos 18 y 21 constitucionales. Además, se estima que la determinación que ordena el traslado definitivo del quejoso, fue en beneficio de éste, pues al llevarse a cabo la orden, desde luego, no implica un retroceso en el tratamiento técnico progresivo que se le aplica, con motivo del tratamiento de reinserción a la sociedad, debido a que el objeto del mismo es que precisamente se le permita generar las condiciones óptimas para lograr el acercamiento hacía el núcleo de reinserción. Por otro lado, la Juez responsable, al convalidar la orden de traslado contenida en el oficio administrativo SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018, de cinco de noviembre de dos mil dieciocho; aprovechó la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo cual resulta correcto por entrar en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y ser aplicable a todos los procedimientos de ejecución, conforme al criterio jurisprudencial I.2o.P. J/3 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, p. 3157, Décima Época, con registro 2016366, que dice: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CON EXCEPCIÓN DE LOS NUMERALES CITADOS EN LOS DOS PRIMEROS PÁRRAFOS DE SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO (CUYA VIGENCIA DEPENDE DE LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA DE LAS CONDICIONANTES QUE EL PROPIO PRECEPTO ESTABLECE), ENTRÓ EN VIGOR A NIVEL NACIONAL A PARTIR DEL 17 DE JUNIO DE 2016, Y SU APLICABILIDAD NO DEPENDE DEL SISTEMA MIXTO O ACUSATORIO BAJO EL QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA. De acuerdo con el artículo primero transitorio, párrafo inicial, de la ley mencionada, entró en vigor a partir del 17 de junio de 2016, con excepción de los numerales citados en los dos primeros párrafos de su segundo precepto transitorio, cuya vigencia quedó supeditada hasta que se emita la declaratoria para el inicio de vigencia de la norma indicada, o transcurran las fechas señaladas expresamente en el último artículo en cita. En otro aspecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal recoge el sistema acusatorio penal; empero, su eficacia no es limitativa a las personas que fueron condenadas con posterioridad a su vigencia, ni está condicionada al sistema judicial en el que ello ocurrió, pues con independencia de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia penal, la ley busca homologar el marco normativo aplicable a los individuos que se encuentran privados de su libertad y a la ejecución de sentencias; máxime que de una interpretación literal de su artículo tercero transitorio, se advierte que con la entrada en vigor de la norma aludida quedaron abrogadas la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social y las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, por lo que los procedimientos iniciados con anterioridad, seguirán su trámite de acuerdo con los ordenamientos vigentes en ese momento, en el entendido de que esos procedimientos no se refieren a los sistemas penales en que surgieron los procesos (mixto o acusatorio), sino única y exclusivamente a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de ejecución penal en general, realizadas al Juez de ejecución con base en las legislaciones vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional aludida. Por ende, ésta se encuentra vigente sin importar si el quejoso fue sentenciado conforme al anterior sistema o el actual acusatorio. Dicha legislación dispone lo siguiente: Artículo 49. Previsión general Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional. Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución. Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Como se observa, la Ley Nacional de Ejecución divide los traslados en voluntarios e involuntarios. Así, conforme al artículo 21 constitucional, cuyo lineamiento dispone que la imposición de las penas, su modificación y duración sean exclusivas de la autoridad judicial; es factible establecer tres maneras de ordenar un traslado involuntario de acuerdo con la urgencia para decretarlo, a saber. 1. Regla general: Cuando sea necesario trasladar a una persona deberá autorizarlo el juez en audiencia pública. Este supuesto debe entenderse en casos regulares en los que no exista urgencia para practicar el traslado (primer párrafo del artículo 51). 2. En casos de emergencia: En casos urgentes, la autoridad penitenciaria podrá solicitar que se fije la audiencia pública para decretar el traslado a través de cualquier medio (artículo 51, segundo párrafo). Nótese que en esta segunda regla, no se faculta a la autoridad penitenciaria para realizar el traslado, sino que se le constriñe a solicitarlo, aunque el juez deberá recibir la solicitud correspondiente por cualquier medio y proveer de inmediato. 3. Casos de estricta excepción: El artículo 52 prevé los siguientes casos de excepción, en los que es posible realizar un traslado mediante resolución administrativa: i. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y iii. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Si se actualizan estos supuestos, deberá notificarse al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien deberá calificarlo o no de legal dentro de cuarenta y ocho. En esta tercera hipótesis, la ley faculta a la autoridad penitenciaria para realizar el traslado sin otorgar audiencia previa al sentenciado y sin que medie autorización judicial. En el caso, el quejoso fue trasladado por orden de una autoridad penitenciaria dependiente del poder ejecutivo, es decir, por el Coordinador General de Centros Federales, en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018, de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, el cual fue convalidado por las razones de hecho y de derecho que previamente han quedado descritas. Por tanto, contrario a lo expuesto por el impetrante de amparo, la convalidación de la orden de traslado, emitida el doce de diciembre de dos mil dieciocho, por la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; sí cumple con los requisitos que exige el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; en la inteligencia que la hipótesis que se actualizó en el presente, lo fue la relativa a la fracción III. Misma, que conforme a la literalidad del propio artículo, no requiere, para su procedencia, de previa garantía de audiencia, precisamente porque se trata de la excepción a la regla genérica, cuyo único requisito para que adquiera legalidad, consiste en que la autoridad administrativa lo notifique al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado y, obtenga dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores, la calificación del mismo. Circunstancia que en el caso concreto aconteció, ya que el traslado administrativo del quejoso se ordenó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, fue notificado el seis siguiente al Juez de Ejecución del Distrito Judicial de Tenancingo y previas formalidades de ley como fue dar vista a la representación social, designarle un defensor al quejoso y solicitar el expediente criminológico, se obtuvo su convalidación, el doce de diciembre de la misma anualidad. Cobra relevancia a lo anterior, la tesis aislada I.5o.P.63 P (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2261, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2016569, del siguiente rubro y texto: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EL JUEZ ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE SU LEGALIDAD EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS. El artículo citado establece que en los supuestos de excepción, la autoridad penitenciaria puede ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificarle al Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado; luego, el Juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En ese sentido, si se toma en cuenta que la institución penitenciaria se encuentra constreñida a exponer las circunstancias especiales y causas inmediatas por las cuales consideró acreditado el supuesto de excepción, es inconcuso que el Juez competente se encuentra legalmente obligado a pronunciarse sobre la legalidad de la orden de traslado en el improrrogable término de cuarenta y ocho horas, con base en las consideraciones expuestas por la autoridad penitenciaria y, en su caso, con las constancias que para tal efecto acompañe a la solicitud respectiva. En ese sentido, resulta infundado que el acto reclamado no haya sido revisado bajo el control judicial, en el que se verificara el respeto a conocer los hechos, audiencia previa, defensa adecuada y recurrir el fallo. De igual manera, no se soslaya que la autoridad responsable hubiere emitido la convalidación del traslado posterior a las cuarenta y horas con las que contaba para hacerlo, sin embargo, con la finalidad de dar certeza a sus actuaciones y a las formalidades del procedimiento, dio vista al ministerio público y al defensor público del impetrante a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del acto reclamado, lo que derivó en la emisión de la convalidación del traslado, por lo que se dio respuesta y atención a lo que peticionó la autoridad administrativa. Como ha quedado establecido en el cuerpo de la presente sentencia; la orden de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/***/2018 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, signada por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, fue convalidada en instancia jurisdiccional, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, en autos del expediente 99/2018, precisamente por el Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México. Autoridad que expuso los motivos de hecho y de derecho que le permitieron calificar de legal el acto administrativo vertido ante su potestad. Ello, al resultar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que -se insiste-, no exige notificación previa para su ejecución. Es aplicable a lo anterior, en la conducente, la tesis aislada II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 1512, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 175111, del rubro y texto siguiente: DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran. Aunado a lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su numeral 52, se encuentra dirigida a todo aquel reo que por delincuencia organizada, medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y salud de la persona privada de su libertad, o riesgo en la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario, deba ser traslado. Por tanto, la norma se encuentra dirigida a toda persona privada de la libertad que se encuentre en la misma situación, por lo que el hecho de que el ahora quejoso sea objeto de traslado, no lo pone en un plano diferenciado con otros reos que por similares circunstancias sean objeto de traslado a diverso centro penitenciario. Máxime que no es una exigencia constitucional que toda diferenciación normativa esté justificada por el legislador, si del texto de la ley se puede advertir la finalidad que persigue la disposición respectiva. Apoya las conclusiones anteriores, la tesis LXXXII/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVII, Junio de 2008, Novena Época, con registro 169439, que versa: PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE. El principio de igualdad tiene un carácter complejo en tanto subyace a toda la estructura constitucional y se encuentra positivizado en múltiples preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituyen sus aplicaciones concretas, tales como los artículos 1o., primer y tercer párrafos, 2o., apartado B, 4o., 13, 14, 17, 31, fracción IV, y 123, apartado A, fracción VII. Esto es, los preceptos constitucionales referidos constituyen normas particulares de igualdad que imponen obligaciones o deberes específicos a los poderes públicos en relación con el principio indicado; sin embargo, tales poderes, en particular el legislador, están vinculados al principio general de igualdad, establecido, entre otros, en el artículo 16 constitucional, en tanto que éste prohíbe actuar con exceso de poder o arbitrariamente. Ahora bien, este principio, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. Así, del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por el otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a establecer diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Consecuentemente, desestimados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por +++++++, contra auto de doce de diciembre de dos mil dieciocho emitido en expediente ***/2018, a través del cual la Juez de Ejecución de Sentencias del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, convalidó su traslado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila. Negativa que se hace extensiva a los actos atribuidos al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y Director del Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila, en atención a que no se combaten por vicios propios, si no en vía de consecuencia. Al caso es de citarse la jurisprudencia VI.2o. J/338, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 69, Núm. 83, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, con registro 209878, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución.. OCTAVO. Notificación de la sentencia vía exhorto. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, Número Dieciocho C.P.S. Coahuila, Estado de Coahuila, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado notifique a ++++++, la presente sentencia en el citado Centro de reclusión, habilitando al Juzgado exhortado para que lleve a cabo lo anterior incluso en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el artículo 21 de la ley de la materia. Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, se faculta al juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Asimismo, se instruye al Secretario y al oficial administrativo adscritos para que adjunten los anexos respectivos al exhorto que derive de la presente determinación para su debida diligencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ++++++++ respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, inciso a), por los motivos precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a +++++++++ contra los actos y autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, incisos b), c) y d), por los motivos expuestos en el penúltimo considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese la comunicación proveniente del Juez Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, por el que devuelve diligenciado el exhorto 186/2019 (orden 252/2019). Háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por debidamente notificado del proveído de uno de julio del año en curso, al quejoso Juan Carlos Meza Dávila.

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