Juan Carlos Merodio Martínez
Expediente 187/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Juan Carlos Merodio Martínez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
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SE SOBRESEE ANTES DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...SE DEJA SIN EFECTOS EL DIA Y HORA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL....
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CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, EN VIRTUD DEL CITATORIO DE VEINTIUNO DE LOS CORRIENTES, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, luego dada la voluminosidad de las constancias que anexa la autoridad responsable al oficio de cuenta, fórmese legajo de pruebas, por separado en un tomo, mismo que se encuentra debidamente sellado, foliado y rubricado, con la certificación correspondiente en la parte posterior del tomo; por ende quien esto juzga considera que no ha lugar a colocar en el entresello de este juzgado en cada una de las fojas dado a que las mismas se encuentran certificadas por la autoridad responsable y por tanto a dichas documentales este juzgador federal les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama el quejoso Juan Carlos Merino Martínez, es la omisión de la autoridad responsable de girar oficio a la Dirección General del Trabajo, para que designe un perito valuador, quien deberá de aceptar y protestar el cargo, y exhibir el avalúo correspondiente, omisión que señala acontece desde el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia número P./J. 40/2000, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Registro 192,097, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, toda vez que de las constancias remitidas como anexo al informe justificado se advierte que el trece de febrero de dos mil dieciocho, la junta responsable giró oficio a la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, a fin de en el auxilio de las labores de dicha junta designe un perito valuador a la parte actora dentro del juicio laboral J.1/330/2015, mismo que fue recibido en esa misma fecha; según el sello de acuse de recibido (foja 116 legajo de pruebas). En consecuencia, este juzgador federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. En efecto, en el caso que nos ocupa, mediante escrito recibido en Oficialía de Partes Común, el dos de febrero del año en curso, Juan Carlos Merino Martínez, acudió en demanda de amparo, en el cual, conforme al análisis de la demanda peticiona que se le concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable dicte el auto en el que ordene girar de nueva cuenta oficio al área de peritos a fin de que se designe perito valuador. Se insiste, el acto reclamado del que se duele el quejoso es la abstención de la junta responsable de girar el oficio correspondiente a fin de que se designe perito valuador, siendo que, como se advirtió, de las constancias que remite la autoridad responsable, el trece de febrero del año en curso, giró oficio a la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, a fin de en el auxilio a sus labores de dicha junta designe un perito valuador a la parte actora dentro del juicio laboral J.1/330/2015, es por ello que el acto reclamado ha cesado en sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. CL/97, asentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente". En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el trece de febrero actual, se giró oficio a la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, a fin de que en auxilio de las labores de dicha junta se designe un perito valuador a la parte actora dentro del juicio laboral J.1/330/2015, aquí quejoso Juan Carlos Merino Martínez, quien se encuentra restituido en su derecho violentado toda vez que se ha realizado el actuar de las responsable que por esta vía reclamó; de ahí que al haber cesado omisión que reclamó el peticionario de amparo, lógico es, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto. Por lo que, es inconcuso que en este caso, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las nueve horas con treinta y tres minutos del siete de marzo de dos mil diecisiete. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes Notifíquese.
- Principal
SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS... PIDASE INFORME JUSTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE...SE APERCIBE A LA PARTE QUEJOSA QUE EN CASO DE QUE LA DENOMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ SEÑALADA POR EL MISMO, SEA INCORRECTA O BIEN SEA INEXISTENTE, SE DEJARA DE TENER COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL PRESENTE ASUNTO A LA MISMA...SE SEÑALA DÍA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...
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