Juan Carlos Méndez López
Expediente 1105/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Carlos Méndez López
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 1105/2016 promovido por Juan Carlos Méndez López NOTIFÍQUESE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, toda vez que en el diverso juicio de amparo 1259/2015 del índice de este juzgado, por acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, se tuvo al Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informando que el veintisiete de junio último, resolvió la consulta relativa al conocimiento de ese asunto y de los que de él derivaron (dentro de ellos este expediente), en el sentido de que corresponde a este órgano jurisdiccional seguir en su conocimiento al actualizarse la hipótesis regulada en la fracción VIII del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince; por tanto, se continúa con el trámite del presente asunto; lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Asimismo, dado que en diverso acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil quince y a través de la oficina de correspondencia común que nos presta auxilio, se había declinado la competencia por turno al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, para conocer de este asunto (misma que no aceptó y por ello se planteó la consulta antes referida); por tanto, mediante oficio hágase lo anterior del conocimiento de la citada oficina de correspondencia, a fin de que efectúe la compensación correspondiente en el turno de los asuntos. Por otra parte, toda vez que el cuaderno devuelto, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este expediente, por lo que se ordena su destrucción. En virtud de lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, y toda vez que de autos no se advierte que a la fecha la tercera interesada Rosa Elena Rodríguez Ricárdez, haya cumplido con el requerimiento que se le formuló en auto de veinte de octubre de dos mil quince, esto es, señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le hagan por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto subsane dicha omisión. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis número II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 1058, del Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta suscrito por el promovente del amparo Juan Carlos Méndez López, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de seis de julio actual, manifiesta que el documento exhibido en escrito de cuatro del actual, constituye el original del nombramiento que lo ampara como Secretario del Comité Directivo de la Colonia Vista del Valle de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; así mismo, exhibe el original del acta de asamblea general de fecha dos de marzo de dos mil catorce por la que fue nombrado como Secretario del citado Comité; en tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías, promovida Juan Carlos Méndez López, en su carácter de Secretario integrante del Comité Directivo de la Colonia Vista del Valle, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado; pídase informe justificado a las responsables, quienes deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se solicita, al que deberán acompañar copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad de los actos reclamados, apercibidas que de no rendir el informe o de no acompañar las constancias relativas se les sancionará al dictarse sentencia con multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente del que deriva el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la anexa a su demanda y escritos aclaratorios, mismas que se tiene por desahogadas en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, en cuanto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Así también como lo solicita, cotéjense los documentos originales anexados por la parte quejosa en sus escritos aclaratorios con las copias simples que exhibe y hecho, agréguense estos últimos a los autos para que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno, dejando los originales en la Secretaría de este Juzgado y a su disposición para que le sean devueltos, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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