Juan Carlos Mena Martínez

Expediente 161/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
161/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2016

Partes del expediente

  • Juan Carlos Mena Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 en relación con el diverso numeral 97 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, envíese al archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento al artículo vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es DESTRUIBLE, al haberse desechado la demanda. El presente expediente no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, manifiesta que no pudo llevar a cabo la notificación al aquí quejoso del auto de dos de los actuales, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en su libelo constitucional (foja 2), ubicado en *******************, por las circunstancias a que alude en su razón actuarial (foja 20). En tales condiciones, toda vez que en el presente sumario constitucional el domicilio señalado por la parte quejosa resulta inexacto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito a este Juzgado Federal, notificar al quejoso el auto de dos de los actuales, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, hasta en tanto designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    Notifícación personal.

  4. Principal

    CONSTANCIA. Como está ordenado en cuatro de marzo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de dos de marzo del año en curso, que señala: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***************, contra actos del Juez Primero Menor Mixto de la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 161/2016-VIII; y, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así las cosas, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo y en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Atento a lo anterior, en el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con el diverso 107 , fracción V, ambos de la Ley en cita, éste último interpretado en sentido contrario. En efecto, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, se refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Carta Magna. En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro del juicio que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 107 fracción V de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera excepcional procede el amparo indirecto tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Actualmente el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, en recientes criterios jurisprudenciales, ha determinado como actos de imposible reparación aquellos que: 1) afectan directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales (verbigracia: la libertad, integridad personal, propiedad), ya que la afectación no podría repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; y 2) a los actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior, de manera exorbitante (por equiparación a aquéllos), lo que acaece cuando por su naturaleza procesal depende la suerte de todo el juicio común, bien porque se asegure la continuación de su trámite o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o inútil de un procedimiento. Ahora, al analizar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de cinco de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el juicio *************, del índice del Juzgado Primero Menor Civil de Salamanca, Guanajuato, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, y confirmó el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que, respecto a la prueba confesional ofrecida por el actor natural (aquí quejoso) a cargo del demandado original, no ordenó su desahogo de manera personal y directa, sino a través de su mandatario judicial. Sin embargo, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata. Se afirma lo anterior, dado que su única consecuencia es que se desahogue la prueba confesional a cargo del mandatario judicial del demandado natural, y se continúe con el procedimiento natural, hasta el dictado de la sentencia definitiva, que de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto jamás hubiese existido. Por ello, el acto aquí reclamado puede no trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener sentencia favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Ahora, suponiendo sin conceder, que el sentido afectatorio del acto reclamado trascienda de tal forma a la sentencia que se dicte en esa instancia y sea contraria a los intereses del peticionario de garantías, éste tiene posibilidad de señalar dicha situación como violación a las leyes del procedimiento al momento de promover el juicio de amparo directo correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 171, 172, fracción III, y 174 de la Ley de Amparo vigente. Ello es así, en virtud de que el eventual perjuicio que pudiera ocasionar la responsable al quejoso al admitir la prueba confesional en la forma en que lo hizo, será hasta la valoración de la misma en la sentencia definitiva, y de considerar, el promovente, que con esa forma de admitir la confesional a cargo del demandado natural, se le causó un agravio que trascendió al resultado del fallo, dicha actuación la puede combatir en el amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva, en los términos establecidos en el párrafo anterior. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate el impetrante, está relacionado con el recurso de revocación interpuesto contra el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis dictado en el expediente ***********, por el Juez Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, en el que, aduce el quejoso, no se admitió la prueba confesional ofrecida de su parte en los términos propuestos, pues, señala que la responsable no citó de manera personal y directa al demandado original a absolver posiciones, sino a través de su mandatario jurídico, por lo que, se concluye que dicho actuar constituye un acto que, en dado caso, afectaría derechos adjetivos que no trascienden en grado predominante o superior y que tampoco afectan los derechos fundamentales que tutela la constitución. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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