Juan Carlos Mejía Valencia
Expediente 1054/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2021
Partes del expediente
- Juan Carlos Mejía Valencia
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de cuatro de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia dicho auto ha quedado firme. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
IV.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENE DICE: la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite el juicio de amparo 829/2020-IV y copias certificadas del expediente laboral J.4/610/2017, así como testimonio de resolución pronunciada en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del recurso de queja 30/2021, formado con motivo del recurso de impugnación interpuesto por Olivia Liliana Ortiz Jardón, por propio derecho y en representación de la moral quejosa Centro de Negocios Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se resolvió: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 829/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, promovido por Olivia Liliana Ortiz Jardón, por propio derecho y en representación de la moral quejosa Centro de Negocios Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos indicados en el último considerando de esta ejecutoria." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, acúsese el recibo de estilo al Tribunal revisor y glósense al expediente las actuaciones originales que obran en el cuadernillo de antecedentes. Cumplimiento de la ejecutoria. En cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal de Alzada, de la cual se advierte que ordenó: "a) Deje insubsistente la audiencia constitucional que culminó con el dictado del fallo impugnado. b) Reponga el procedimiento para que, previo a dejar sin efectos el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dicte uno nuevo en el que provea respecto de la ampliación de la demanda de amparo formulada por la parte quejosa y requiera a las autoridades responsables la rendición de su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la legislación reglamentaria de la materia; previos apercibimientos de ley. c) Hecho lo anterior, una vez que se colmen los presupuestos legales, continué con la secuela procesal, en su oportunidad, celebre la audiencia constitucional y resuelva lo que en derecho corresponda." En estas condiciones, en estricto acatamiento a lo decretado por la Superioridad, se deja insubsistente la audiencia constitucional de veinticinco de febrero del año en curso, así como la sentencia de veintiséis de febrero del año en curso, y se deja sin efectos el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, emitidos en el juicio de amparo en que se actúa y se ordena reponer el procedimiento. SE TIENE POR AMPLIADA LA DEMANDA DE LA QUEJOSA Y SE PIDE A LAS AUTORIDADES SU INFORME JUSTIFICADO...
- Principal
IV.- DE CONAFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1054/2021-IV. Fijación del acto reclamado. En el caso de estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 145/2019, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el cual no se acordó favorable su petición respecto de tenerle por justificada su inasistencia a la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte. Desechamiento de demanda. Atento a lo anterior, del análisis de la demanda, esta juzgadora advierte de manera notoria, manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo y atento a las siguientes consideraciones: Del dispositivo legal citado, se advierte que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo indirecto tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar una causal manifiesta e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, en el entendido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, del rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En este orden de ideas, dado que conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, este órgano de control constitucional estima que el juicio de amparo que mediante esta vía se intenta resulta improcedente, en atención a que se surte la causal contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Los artículos citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/20131, estableció que la actual Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece la definición de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, en el sentido de que dichos actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a los derechos sustantivos de las personas, es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual y directa, el libre ejercicio de un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas y que no produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal, que no necesariamente pueda llegar a trascender al resultado del fallo. El propio Pleno del Alto Tribunal, al resolver la diversa contradicción de tesis 14/2015, precisó que no pueden seguir siendo aplicables las tesis y criterios jurisprudenciales que estaban destinados a brindar orientación respecto a la procedencia del amparo indirecto, tratándose de "violaciones procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior", debido a que tales posturas, se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de intelección interpretativa sobre lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación". Afirmó lo precedente, dada la connotación que el legislador aportó en la actual Ley de Amparo, respecto a la expresión "actos de imposible reparación"; de modo que, hacer extensivo dicho concepto de violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el actual texto legal previsto en la fracción V del artículo 107, de la legislación en cita. Para efecto de mayor precisión, cabe destacar que un criterio útil para determinar la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos de imposible reparación dentro de juicio, sustentado por el mismo Pleno del Máximo Tribunal del País3, se basa en la distinción hecha entre derechos sustantivos y derechos adjetivos, siendo los primeros aquellos referentes a la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otros, los cuales, de llegar a transgredirse, su afectación no sería susceptible de repararse, aun en la hipótesis de obtener sentencia favorable en el procedimiento de origen, por haberse consumado irreparablemente una violación a esas prerrogativas inherentes a las personas. Por consiguiente, los actos dentro de juicio el cual inicia con la presentación de la demanda y concluye con la resolución que le pone fin al procedimiento, tienen una ejecución de imposible reparación, únicamente cuando afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales indicados, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. La razón de lo anterior, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no verse vulnerado ningún derecho sustantivo; por esa razón, podrá combatir las resoluciones surgidas durante el trámite del procedimiento, en la vía y forma correspondientes. Precisado lo anterior, no pueden ser considerado como acto de imposible reparación para la parte quejosa el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 145/2019, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el cual no se acordó favorable su petición respecto de tenerle por justificada su inasistencia a la audiencia de conciliación, depuración procesal, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte, pues tal circunstancia se traduce en una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal y los efectos de este tipo son meramente formales y reparables si el afectado obtiene un laudo favorable. De ahí que el acto reclamado sólo se traduce en la continuación de la tramitación del expediente 145/2019, lo cual es de naturaleza procesal, cuyos efectos no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Ilustra lo anterior, la tesis P.LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial y, su Gaceta, registro electrónico 180415, de título, subtitulo y texto siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte el laudo, según sea el caso, y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la promovente en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Ahora, en el presente asunto al quedar asentado que el acto reclamado es una violación de carácter procesal, hay que estar a lo establecido en el numeral 172, fracción XII de la Ley de Amparo, en el sentido de que se tomarán en cuenta como violaciones a las leyes del procedimiento y que afecten las defensas de la parte quejosa, los demás casos análogos a las fracciones que la preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, es evidente que el acto reclamado, no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por los derechos humanos consagrados en la Carta Magna; que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la Ley de Amparo vigente, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirá hasta que se dicte el laudo en la hipótesis que éste sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación, como lo disponen los siguientes artículos: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Por lo anterior, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve xxxxxxxxxx, en su calidad de apoderado de xxxxxxxxxx, contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en la demanda. Autorizados. Ahora bien, en cuanto a la certificación secretarial de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios a los profesionistas que señala en su escrito inicial
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