Juan Carlos Medina Martínez
Expediente 716/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juan Carlos Medina Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. AHORA BIEN, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 4205/2016, al que acompaña el original y dos copias de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Medina Martínez, por propio derecho, oficio 995/2016 con el que rinde informe justificado, constancia de emplazamiento a la parte tercera interesada, testimonio de apelación relativo al expediente 487/2015, así como copia autorizada del toca civil 166/2016; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que el quejoso señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III. La autoridad responsable. H. Primera Sala Civil y "Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. - - - "IV. Acto reclamado: la resolución de fecha 31 de mayo de 2016, "dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de "Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil número 166/2016, "resolución que me causa agravios y es violatoria a mis derechos "humanos, mismos que los hago ver (sic) en el capítulo "correspondiente." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dictó resolución en el toca civil 166/2016, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Juan Carlos Medina Martínez, en contra del auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán de Zavala, Hidalgo, en el juicio escrito familiar 487/2015, promovido por Karen Torres Hinojosa, por propio derecho y en representación de su menor hija B.A.M.T., donde se confirmó el auto recurrido por el cual se requirió al ahora quejoso hacer el depósito de pensión alimenticia provisional decretada en diverso auto de veintiuno de agosto de dos mil quince, y además, se ordenó el embargo de bienes suficientes para garantizar el pago de la pensión alimenticia, toda vez que a la fecha de dicho auto recurrido no se había logrado hacer efectiva la citada pensión provisional. Así, en contra de dicha determinación, Juan Carlos Medina Martínez, por propio derecho, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: "I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que "pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, "agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que "cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso "trascendiendo al resultado del fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que "decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al "juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En "materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a "la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u "ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta "Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los "recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por "virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y "resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que "la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre "constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales "relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda "contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación "de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a "proceso ante el órgano jurisdiccional; "II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al "juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando "éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer "conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. "En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad "interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso "administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de "los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito "resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso "administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado "procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de "constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De lo anterior se advierte que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De lo anterior expuesto, se colige que como el acto reclamado en la especie consiste en la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimapán de Zavala, Hidalgo, en el juicio escrito familiar 487/2015, donde se confirmó el citado auto en el cual se requirió al ahora quejoso para hacer el depósito de pensión alimenticia provisional decretada en diverso auto de veintiuno de agosto de dos mil quince, y además, se ordenó el embargo de bienes suficientes para garantizar el pago de la pensión alimenticia; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva, por lo que entonces, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; además, de que en el expediente civil de origen aún no se dicta sentencia definitiva; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
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