Juan Carlos Medina Aguilar
Expediente 556/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán
- Juan Carlos Medina Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el cual se le devolvió el toca I-162/2018 así como el juicio ordinario civil 681/2014 y se le informó que la sentencia pronunciada en el presente juicio causó ejecutoria. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues transcurrió del veintidós de marzo al cuatro de abril del presente año, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente no se exhibió garantía alguna dentro del incidente de suspensión respectivo y no obran documentos originales dentro del presente sumario. Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 556/2018 y su acumulado 556/2018, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución emitida en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Por último, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y devuélvase las constancias remitidas por la autoridad responsable al momento de rendir su informe de ley por ser innecesaria su permanencia en este juzgado. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica al quejoso por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
RESULTANDO: Primero. Presentación de las demandas. Mediante escritos presentados el veinticinco de junio y el once de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán y en el buzón judicial de dicha oficina, con sede en esta ciudad, Juan Carlos Medina Aguilar, promovió amparo indirecto en los términos siguientes (fojas 2 a 15 y 78 a 122): "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el C. MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA CIVIL, DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio bien conocido en la Calzada La Huerta número 400 cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad de Morelia, Michoacán (en el Palacio del Supremo Tribunal de Justicia ce Estado de Michoacán.) IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama LA RESOLUCIÓN DE FECHA 1° UNO DE JUNNIO DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO, pronunciada por la Autoridad Aquí señalada como Responsable y que dictó dentro del Toca Civil número I-162/2018, formado con motivo del recurso de apelación que interpuse en contra del Acuerdo de fecha 11 ONCE de ABRIL del año 2018 dos mil dieciocho dictado por el C. Juez Séptimo de los Civil de este Distrito Judicial dentro del Juicio Ordinario Civil número 681/2014 que sobre Reivindicación de Inmueble promoví frente a la C. CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ; en el que se cometen flagrantes violaciones a los artículos que citaremos. (.).". "(.) II.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- El C. MAGISTRADO de la CUARTA SALA CIVIL, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con domicilio bien conocido en la Calzada La Huerta número 400 cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid de esta ciudad de Morelia, Michoacán (Palacio del Supremo Tribunal de Justicia ce Estado de Michoacán.) IV.- EL ACTO RECLAMADO.- Consiste en la Sentencia pronunciada por la Autoridad aquí señalada como Responsable con fecha 19 diecinueve de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho en curso dentro del Toca número I-264/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el suscrito JUAN CARLOS MEDINA AGUILAR, en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que resolvió el Incidente de liquidación, regulación y pago de gastos y costas, dentro del juicio ordinario civil número 681/2014, que sobre reivindicación de inmueble promoví y toro frente a CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ; en la que se cometen Flagrantes Violaciones a los Artículos que citaremos. (.).". Actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de los juicios de amparo. 1. Juicio de amparo 556/2018. Por auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, este juzgado desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 556/2018, por considerar que previo a la presentación de éste, debía promoverse el recurso de revocación contra el auto de uno de junio de dos mil dieciocho emitido dentro del toca civil número I-162/2018, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el que se determinó inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Séptimo de Primea Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 681/2014, sobre reivindicación de inmueble (fojas 16 a 24). Derivado de lo anterior, mediante escrito recibido en oficialía de partes de este juzgado, el quejoso Juan Carlos Medina Aguilar, interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho en el que se desechó la demanda que nos ocupa (fojas 25 a 29); recurso del cual tuvo conocimiento el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad y, registró con el número de queja civil 117/2018 (foja 34). Posteriormente, en ejecutoria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, dicho tribunal de alzada declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa y revocó el acuerdo citado en el párrafo que antecede, virtud a que el acto reclamado en la presente instancia se trata de una resolución dictada en grado de apelación (fojas 38 a 44); por lo que, en fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 45 a 48); se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 49); y, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable. En acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se reconoció a Cinthya Janitzin Tinoco Pérez, el carácter de parte tercera interesada (foja 57), la cual se emplazó el veinticuatro del mes y año en comento, por medio de su apoderada Maricela Solís Gutiérrez (foja 64). 2. Juicio de amparo 875/2018. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 123 a 126); se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 129); y, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable. En auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se reconoció a Cinthya Janitzin Tinoco Pérez, el carácter de parte tercera interesada (fojas 133 y 134), la cual se emplazó por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado el treinta y uno del mes y año en comento (fojas 135 a 137). 3. Acumulación del juicio de amparo 875/2018, al diverso 556/2018. Por acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado de oficio decretó la acumulación de la demanda de amparo 875/2018, al diverso 556/2018, por ser éste el que se recibió en primer término, virtud a que existe conexidad entre ambos asuntos puesto que los actos reclamados tienen su origen en el juicio ordinario civil 681/2014, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, así como por haber identidad jurídica entre la autoridad señalada como responsable en los citados controvertidos, por lo que se ordenó integrar ambos juicios en un solo expediente (fojas 141 a 143). Finalmente, en proveído de once de diciembre del año próximo pasado, se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo a las once horas con diez minutos del ocho de enero de dos mil diecinueve, con el resultado consignado en el acta que antecede (foja 152); y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados por Juan Carlos Medina Aguilar, contra el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad, consisten en: 1. El acuerdo emitido el uno de junio de dos mil dieciocho dentro del toca I-162/2018, que determinó no avocarse al conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto de once de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario civil 681/2014, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió el aquí quejoso, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual se declararon firmes los avalúos presentados por los peritos designados en el citado controvertido respecto del bien inmueble materia de la litis y como valor del mismo la cantidad de $3,098,000.00 tres millones noventa y ocho mil pesos moneda nacional; y, 2. La resolución pronunciada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el toca I-264/2018, en la que se declararon inoperantes e infundados los motivos de disenso expresados por el inconforme -aquí quejoso-, al interponer el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria sustentada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante la cual determinó procedente el incidente de liquidación, regulación y pago de gastos y costas, promovido por Maricela Solís Gutiérrez, apoderada de la demandada Cinthya Janitzin Tinoco Pérez y, confirmó ésta. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir sus informes justificados (fojas 56 y 131) manifestó que son ciertos los actos que se le reclaman. Por tanto, se tiene la certeza de la existencia de los mismos, lo que se corrobora con los testimonios de los tocas I-162/2018 y I-264/2018, que adjuntó a sus informes el magistrado responsable y obran en dos tomos de prueba por separado, documentales que adquieren valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 830, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, registro: 1002815, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados, por ser preferente su estudio, se analiza en primer lugar la improcedencia del juicio, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse antes de abordar el fondo del asunto, pues de actualizarse alguna hipótesis del diverso precepto 61 del mismo ordenamiento, deberá sobreseerse en el juicio constitucional sin juzgar la legalidad de los actos reclamados y mucho menos atender a los conceptos de violación; ello, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Ahora bien, mediante escrito recibido en este juzgado el uno de marzo del año en curso, el quejoso Juan Carlos Medina Aguilar, informó a este juzgado que llegó a un arreglo con su contra parte Cinthya Janitzin Tinoco Pérez, respecto de los gastos y costas a que se fue condenado dentro del juicio ordinario civil 681/2014, lo cual acreditó con el acuse de recibo del líbelo presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en el que se aprecia lo siguiente: "(.) La suscrita CINTHYA JANITZIN TINOCO PÉREZ, CON LA CANTIDAD TOTAL DE $180,000.00 ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N. ME DOY POR PAGADA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES que Reclame en el Incidente de Liquidación y Regulación de pago de gastos y costas judiciales y a que resultó condenada la parte demandada en la Sentencia Interlocutoria mencionada con antelación; y como consecuencia de ello, el suscrito JUAN CARLOS MEDINA AGUILAR en cuanto parte Co-Actora incidentada, a efecto de dar cumplimiento en su integridad con la Sentencia Interlocutoria citada con anterioridad y con motivo de los (sic) expuesto por la C. CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ EXHIBO ADJUNTO AL PRESENTE ESCRITO LA CANTIDAD DE $180,000.00 ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N. mediante CHEQUE DE CAJA número 0019182, expedido con fecha 27 veintisiete de febrero del presente año 2019 dos mil diecinueve por la Institución de Crédito BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, Sucursal Campestre 5627, de esta ciudad de Morelia, Michoacán, a favor de la C. CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ Y QUE EN ORIGIAL ACOMPAÑO AL PRESENTE. Por ende, al encontrarse plenamente satisfechos mis intereses jurídicos respecto de la Sentencia Interlocutoria de mérito la suscrita CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ, con el carácter indicado, no tengo nada que reclamar en el presente ni en el futuro, ni en ninguna vía en contra de los CC. JUAN CARLOS MEDINA AGUILAR y LUIS ALFONSO MEDINA AGUILAR, en cuanto parte Actora en Juicio. (.).". Posteriormente, mediante oficio 453/2019 de seis de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del referido convenio, de la ratificación del mismo y del auto que sancionó éste, dando por concluido el juicio ordinario civil 681/2014 de su índice, en el que se observa lo siguiente: "Morelia, Michoacán, a 6 seis de marzo del 2019 dos mil diecinueve. Dada la cuenta con el escrito de fecha veintiocho de febrero del año actual y su ratificación, se tiene a CINTHYA JANITZIN TINOCO PEREZ y JUAN CARLOS MEDINA AGUILAR, demandada y actor, exhibiendo el acuerdo de voluntades al que llegaron, por lo que al haber sido ratificado, se eleva a la categoría de cosa juzgada, condenándose a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar por ser la verdad legal en lo que no se oponga a derecho e interés social; lo anterior, sin perjuicio de que si resultaren afectados los derechos de terceros, éstos deberán ser respetados. A su vez, como se pide se ordena levantar el embargo practicado dentro del presente juicio y que fuera realizad en bienes del actor antes mencionado. Ahora bien y por lo que ve al cheque de caja exhibido con el ocurso, el mismo ya fue entregado a la demandada en cita al momento de ratificar el mismo. Dese de baja para fines estadísticos y en su oportunidad envíese al archivo como asunto concluido, ordenándose la devolución de los documentos aportados por las partes, previa identificación y recibo de los mismos se deje en autos para constancia legal. (.).". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de garantías será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En el presente asunto, los actos reclamados consisten en: 1. El acuerdo emitido el uno de junio de dos mil dieciocho dentro del toca I-162/2018, que determinó no avocarse al conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto de once de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario civil 681/2014, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió el aquí quejoso, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual se declararon firmes los avalúos presentados por los peritos designados en el citado controvertido respecto del bien inmueble materia de la litis y como valor del mismo la cantidad de $3,098,000.00 tres millones noventa y ocho mil pesos moneda nacional; y, 2. La resolución pronunciada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el toca I-264/2018, en la que se declararon inoperantes e infundados los motivos de disenso expresados por el inconforme -aquí quejoso-, al interponer el recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria sustentada por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante la cual determinó procedente el incidente de liquidación, regulación y pago de gastos y costas, promovido por Maricela Solís Gutiérrez, apoderada de la demandada Cinthya Janitzin Tinoco Pérez y, confirmó ésta. Por tanto, resulta claro que con el convenio celebrado el veintiocho de febrero del presente año, dentro del juicio ordinario civil 681/2014, mismo que fue elevado a categoría de cosa juzgada en acuerdo de seis de los actuales, del cual el juez de origen anexó copia debidamente certificada al oficio en comento y a la que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia, trajo como consecuencia que los actos reclamados cesaran en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos violados. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de los actos reclamados han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de los actos atribuidos al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Juan Carlos Medina Aguilar, contra los actos reclamados al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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- Juan Carlos Medina Aguilar555/2018
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