Juan Carlos Martinez Morales

Expediente 1253/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1253/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Juan Carlos Martinez Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se haya hecho uso de ese derecho; con fundamento en los numerales 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es destruible, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Entrega de oficio. Finalmente, reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega del oficio, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que se ordenó el archivo definitivo del citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original y el duplicado son destruibles, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, la secretaria de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de veinticuatro de los actuales, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso auto de ocho de agosto pasado y se tuvieron como inexistentes las autoridades señaladas por la parte quejosa en su escrito constitucional. Sobreseimiento. Ahora bien, queda de manifiesto que en el juicio no hay autoridades señaladas como responsables, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente y por tratar el tema que se analiza, la jurisprudencia VI.2o. J/205, visible a página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece lo siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Asimismo, tiene aplicación el criterio de tesis número 2a. CLXIV/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Iocalizable en la página 113, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, Novena época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Sin que este juzgado se encuentre facultado para subsanar la omisión apuntada, toda vez que como ya quedó precisado, la parte quejosa tuvo la oportunidad de aclarar sus denominaciones; además, la designación de autoridades responsables es una carga que pesa sobre la peticionaria del amparo, como se deduce del numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo y, su incumplimiento, no es subsanable en suplencia de la queja pues ésta se constriñe con arreglo al artículo 79 del propio ordenamiento jurídico, en relación con los conceptos de violación o con los agravios que se hagan valer en los recursos que establece dicho cuerpo normativo, más no respecto de los demás requisitos de escrito de demanda, entre los cuales destacan la designación de la autoridad o autoridades responsables a cargo de la promovente del amparo. Apoya esta consideración el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 45, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo VII, mayo de 1991, que dice lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISIÓN DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARÁCTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos". Así como la diversa tesis 2ª.LV/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, junio de 1995, Novena época, página 236, que a continuación se transcribe: "QUEJA, SUPLENCIA DE LA. NO COMPRENDE LA DESIGNACION DE AUTORIDADES RESPONSABLES. La facultad de suplir la deficiencia de la queja conferida por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, sólo puede válidamente ejercitarse sobre la exposición de los conceptos de violación o de los agravios, en aquellos casos en que, a su vez, se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, pero no autoriza al juez a sustituirse al quejoso en el señalamiento de las autoridades responsables". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para este juicio. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese el oficio signado por la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta que dejó a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad reclamada, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con su contenido, para que acuda a la oficina de la autoridad que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda. Requerimiento. Ahora bien, al advertirse que la autoridad responsable no acreditó el primer efecto del fallo protector, con base en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase al Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la resolución con la que ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejoso, lo dispuesto en el artículo 54 fracción II, inciso 1), 55, 169 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal 2020. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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