Juan Carlos Martinez Juarez

Expediente 94/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
94/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Tesorero del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca
  • Juan Carlos Martinez Juarez
  • Presidenta Municipal de San Jacinto Amilpas, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 94/2022, promovido por ********************, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridades responsables al presidente Municipal, al síndico Municipal, al subdirector de la Policía y al tesorero, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; y como actos reclamados la baja verbal, separación o cese de la que fue objeto como policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, entre otros. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsables a las autoridades referidas con anterioridad. El quejoso denunció la violación del artículo 1, 5, 14, 16 y 123 apartado "B", fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 94/2022; por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ejecutoria de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 167/2022 del índice del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el que repuso el procedimiento. Acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, donde se dejó sin efecto la audiencia constitucional y sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, y se requirió a las partes quejosa y autoridades responsables para que aportaran las constancias pertinentes sobre si a la fecha de presentación de la demanda de amparo origen de este asunto veintisiete de enero de dos mil veintidós, el disidente ********************, continuaba laborando o no como policía en el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, lo que se tuvo por cumplido mediante acuerdos de siete y ocho de marzo de dos mil veintitrés. Proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por recibido el oficio del Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado, por el que en atención a lo solicitado el pasado ocho de marzo, remitió copia certificada del expediente 21/2022 de su índice; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama del presidente Municipal, del síndico Municipal, del subdirector de la Policía y del tesorero, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca; lo siguiente: La baja verbal, separación o cese o despido injustificado de la que fue objeto como policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, de diecisiete de enero de dos mil veintidós. De la que derivan: La nulidad de cualquier escrito finiquito o renuncia que a su nombre pretendan exhibir las responsables para privarlo de sus prestaciones laborales. El pago de tres meses de salario integrado por concepto de indemnización constitucional. El pago de salarios caídos que dejó de percibir. El pago de vacaciones a razón de veinte días por año. El pago de los domingos y días festivos. El pago de la prima vacacional. El pago de aguinaldo. El pago de la prima de antigüedad, correspondiente a cinco años. La nulidad de cualquier documento, finiquito o renuncia que pretenda utilizar el Ayuntamiento Constitucional de San Jacinto Amilpas en perjuicio del suscrito con el fin de evadir su responsabilidad. La inscripción por parte del patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en forma retroactiva a partir del cinco de marzo de dos mil dieciséis. El pago de treinta minutos de tiempo extraordinario durante la jornada desempeñada al servicio del patrón, de lunes a sábado respecto del último año de prestación de servicios. El pago de la media hora a que, en base a la jornada que venía desempeñando al servicio del patrón, para disfrutar del descanso y para tomar alimentos, ya que el patrón nunca nos proporcionó ese beneficio. El pago del salario devengado, correspondiente a la primer quincena del mes de enero de dos mil veintidós y los días dieciséis y diecisiete que no le fueron pagados. El pago de la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos, 00/100, moneda nacional) por concepto de gastos médicos que tuvo que erogar debido a que el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, se negó a proporcionarle las prestaciones de seguridad social desde la fecha de su ingreso al servicio el cinco de marzo de dos mil dieciséis. La devolución de su documentación personal que tiene en su poder el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca. IMPROCEDENCIA. Ahora bien, respecto a los actos reclamados, procede analizar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea invocada por las partes, o bien, alguna que se advierta oficiosamente, pues el tema de la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve estima que respecto a los actos reclamados consistentes en la baja verbal, separación o cese o despido injustificado de que fue objeto el quejoso como policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, presuntamente emitida el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se actualiza la causa de improcedencia prevista en fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo resulta improcedente. En el caso concreto, se actualiza este supuesto, pues, contra la aludida determinación de las autoridades municipales, procede el juicio de nulidad, en términos del artículo 120, fracción IV, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, dice: Artículo. 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: [.] IV. Entre los particulares y la administración pública Municipal Es de precisar que tal medio de defensa tiene una existencia legal, es decir, esta previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnan, por lo que, la parte quejosa tiene la obligación de agotarlo previamente a la interposición del juicio constitucional y existe entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.115/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las razones que la informan, dado que no contradice lo previsto en la Ley vigente, la cual a la letra dice: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En ese orden, si el hoy impetrante de amparo, reprocha a las autoridades municipales la baja verbal, separación o cese o despido injustificado de que fue objeto como policía del Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, de diecisiete de enero de dos mil veintidós y sus consecuencia, tales actos no constituyen una violación directa a la Carta Magna y el medio ordinario de impugnación se encuentra previsto en una ley y no en un reglamento; motivos por los cuales en el caso concreto no opera la excepción al principio de definitividad. En ese contexto, se demuestra que la parte quejosa tuvo a su alcance un medio de defensa legal por el cual el acto reclamado puede ser revocado, modificado o nulificado. Máxime, que el aquí quejoso ahí actor ********************, promovió el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, juicio de nulidad contra el aludido acto reclamado y las demás prestaciones laborales, con posteridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de enero de dos mil veintidós), donde demandó al presidente Municipal, del subdirector de la Policía, del síndico Municipal y del tesorero, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, los mismos actos reclamados en esta instancias, emanados de la orden verbal de diecisiete de enero de dos mil veintidós, misma que actualmente está en trámite, pues fue admitida el veinticinco de abril de dos mil veintidós, radicándola con el número 21/2022 del índice de la Segunda Sala Unitaria de Primera Instancia, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, únicamente por lo que hace a las dos primeras autoridades. Tal circunstancia, se advierte de las copias certificadas que remitió el Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado, documentales a las que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no agotó el recurso ordinario de defensa con que contaba previo a intentar la presente instancia constitucional, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el considerando IV de esta resolución. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Magistrado Titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa el Estado, mediante el cual, en atención a lo solicitado el pasado ocho de marzo, remite copia certificada del expediente *** de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad ocursante cumpliendo con lo requerido en el referido acuerdo y se tiene como prueba la aludida documental, misma con la que se ordena dar vista a las partes en términos del diverso precepto legal 117 de la ley de la materia, plazo de ocho días, para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las doce horas con diez minutos del diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Para un mejor manejo de este expediente, fórmese el tomo uno de pruebas por separado con las constancias remitidas por la autoridad ocursante (copia certificada del expediente*** y guárdese en la Secretaría de este Juzgado a disposición de las partes para su consulta; lo anterior, con base en la certificación secretarial de cuenta, que hace constar la imposibilidad material de la digitalización de las constancias del expediente en cuestión, para su integración al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta Municipal, Tesorero Municipal y Director General de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, mediante el cual, en atención a lo solicitado en acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, las autoridades responsables, informan lo relativo que el disidente a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintisiete de enero de dos mil veintidós), no se encontraba trabajando para el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, y al efecto remiten copia certificada de diversas constancias. En consecuencia, se tiene a las responsables desahogando el requerimiento hecho el pasado veintiocho de febrero, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado, y en relación con las constancias que remiten, las mismas serán consideradas en el momento procesal oportuno al resolver este asunto, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte una posible causa de improcedencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 26, fracción I, inciso k), 64 párrafo segundo y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa el presente acuerdo y dar vista con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. Lo anterior, obedece a la circunstancia que las constancias remitidas por las autoridades ocursantes, se advierte la copia certificada del oficio 247/2022 de veinte de junio de dos mil veintidós, dirigido al expediente 21/2022 del índice de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, por el que las responsables indican, que contestaron la demanda promovida por el aquí quejoso Juan Carlos Martínez Juárez contra el Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, Centro, Oaxaca, por los mismos hechos materia del presente juicio amparo. De ahí que, a efecto de estar en aptitud de dictar una sentencia acorde a derecho, con fundamento en los artículos 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, remita a este órgano copia certificada completa y legible de todas y cada una de las constancias que integran el expediente 21/2022 de su estadística promovido por el aquí quejoso Juan Carlos Martínez Juárez. Se apercibe a la aludida autoridad, que de no cumplir con lo solicitado sin causa justificada, se le impondrá una multa consistente en la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa.

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