Juan Carlos Martínez Iturbe
Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Juan Carlos Martínez Iturbe
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
IV- De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector concedido al solicitante del amparo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído.
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IV.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite diversas constancias relativas a la carpeta de ejecución 211/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y tercero interesado con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. ****
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, a través del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite diversas constancias relativas a la carpeta de ejecución 211/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso y tercero interesado con el oficio de cuenta y sus anexos, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la autoridad responsable pretende dar cumplimiento total al fallo protector, apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. ****
- Principal
La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia firmada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo solicitado por la quejosa en el juicio constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que esta resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió como complemento a su informe consistentes en copias certificadas de la carpeta de ejecución 211/2016. Por tanto, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Atendiendo a lo establecido en el párrafo que antecede, procede establecer el efecto de la sentencia concesoria de amparo que es el siguiente: Dentro del plazo de tres días siguientes al en que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. Deje sin efectos la determinación en la que se sujete a los lineamientos planteados en la presente resolución. 2. En su lugar emita una nueva determinación en la que se sujete a los lineamientos planteados en la presente resolución. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Ejecución Penal de Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dé cumplimiento a la ejecutoria, y remitan copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la ley de la materia, así como de los diversos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones.
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