Juan Carlos Martínez Herrera
Expediente 2114/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2114/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Juan Carlos Martínez Herrera
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Se requiere al actuario. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, quince de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Juez del Cuarto Tribunal Laboral de la Región 1 de Centro, Tabasco, mediante el cual remite copia certificada de la comparecencia voluntaria de celebración de convenio de siete de diciembre del año que transcurre, relativo al expediente laboral 258/2021, así como el cumplimiento de convenio de ocho del citado mes y año; documentales que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Por otra parte, visto el estado que guarda el presente juicio y del análisis que se realiza de forma integral al escrito de la demanda de amparo, se advierte que en el caso la parte quejosa reclama: La omisión por parte de la autoridad responsable de celebrar la audiencia de desahogo de pruebas confesional y pericial en el expediente laboral 258/2021, y la continuación del mismo. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y la constancia remitida por la autoridad responsable este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" Es conocido que acorde al artículo 77 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como fin último restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos violados por el acto de autoridad que reclama ante el órgano de control constitucional y que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar la constitucionalidad del propio acto, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica porque resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que de la copia certificada de la comparecencia voluntaria de celebración de convenio de siete de los actuales relativo al expediente laboral 258/2021, así como el cumplimiento de convenio de ocho del presente mes y año, se advierte que el siete de diciembre de dos mil veintidós, que las partes contendientes en el juicio laboral de origen, comparecieron a efecto de celebrar un convenio, del que se desprende que llegaron a un acuerdo de manera extrajudicial en el que la parte demandada se comprometió a pagar la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) libres de impuestos al actor Juan Carlos Martínez Herrera, cantidad con la que se tendrá por pagada todas y cada una de las prestaciones a que tuvo derecho, tales como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra que haya tenido conforme a su antigüedad, a la relación de trabajo y a la Ley Federal del Trabajo, de gratificación en virtud de su interés en dar por terminado el conflicto laboral, así también se observa que el aquí quejoso Juan Carlos Martínez Herrera, acepto y reconoció la cantidad supracitada como la que comprende el pago de sus prestaciones a que tuvo derecho de la relación laboral, sin reservarse ambas partes acción o derecho alguno que ejercitar con posterioridad a la fecha del convenio y dando por terminada la relación laboral; y llegando el cumplimiento de pago relativo al convenio, se comprometió a desistirse de toda acción y derecho de la demanda promovida en contra de la aquí tercera interesada. Asimismo, el ocho de los actuales, se llevó a cabo el cumplimiento de convenio del expediente 258/2021, del que se desprende que la parte demandada en el juicio de origen hizo entrega del pago por la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) libres de impuestos al actor Juan Carlos Martínez Herrera, a través del cheque certificado número de cuenta 65502542199 y cheque número 0002803 del Banco Santander México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México; por lo que se tuvo por cumplido el convenio celebrado entre las partes del expediente 258/2021 y se ordenó el archivo del mismo, teniéndolo como asunto total y legalmente concluido. De lo antes reseñado, se desprende que al haberse celebrado y cumplido el convenio mencionado y ordenarse el archivo definitivo del expediente laboral de origen, la omisión controvertida ya no puede surtir efecto legal alguno puesto que su objeto material dejo de existir; por ende, resulta imposible conceder la protección constitucional a favor de la parte quejosa, puesto que ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, ocasiono que los efectos del mismo se extinguieran sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del promovente que pueda ser susceptible de reparación. Apoya lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Así como la diversa PC.X. J/18 L (10a.), sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dos, junio de dos mil veintiuno, tomo V, página 4729, registro 2023280 de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO LA PARTE PATRONAL QUEJOSA CELEBRA UN CONVENIO EN LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAUDO CON EL TERCERO INTERESADO, CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA EL LAUDO RECLAMADO, Y NO CUMPLE EN SU INTEGRIDAD CON LO CONVENIDO O PACTADO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, Y NO ASÍ LA CONTENIDA EN LA DIVERSA FRACCIÓN XIII. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes disintieron sobre si es correcto actualizar las causales de improcedencia en el juicio de amparo directo, contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXII, de la Ley de Amparo y decretar el sobreseimiento, cuando con posterioridad a su interposición las partes celebraron un convenio en la modalidad de ejecución de laudo, sujeto a un plazo para su cumplimiento ante la Junta de Conciliación, aun cuando ese convenio no se haya cumplido dentro del plazo concedido; o bien, si es legal que el Tribunal Colegiado considere que en el caso no se actualizan dichas causales de improcedencia y resuelva lo que en derecho proceda en relación con el fondo del asunto, ya sea reponiendo el procedimiento laboral o, en su caso, analizando la legalidad de las condenas y absoluciones contenidas en el laudo, por estimar que a la fecha de sesión transcurrió el plazo convenido sin que la parte patronal quejosa haya dado cumplimiento, o sólo lo haya hecho de manera parcial. Criterio jurídico: El Pleno del Décimo Circuito establece que procede sobreseer en el juicio de amparo directo, cuando la parte quejosa celebra un convenio en la modalidad de ejecución de laudo con su contraparte, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo directo contra el laudo reclamado, al haber quedado éste sustituido procesalmente por el convenio de mérito, lo que actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, porque el convenio celebrado entre la parte patronal quejosa y el tercero interesado, aprobado y sancionado por la Junta laboral, posterior a la presentación de la demanda de amparo directo, donde las partes se obligaron a cumplir recíprocamente con el reconocimiento y pago de diversas prestaciones -condenas- y abstenciones -absoluciones- ahí pactadas, sin que la parte patronal quejosa haya cumplido de manera total con las condenas establecidas en el laudo, implica que los efectos del laudo no han afectado su esfera jurídica, porque no ha cumplido o no se le ha obligado a cumplir con el pago respectivo, sin embargo, ese hecho sí modifica el entorno en el cual el laudo reclamado se emitió, pues quedó sustituido procesalmente con el citado convenio y, consecuentemente, aun cuando subsiste el acto reclamado, el objeto o materia -condenas y absoluciones- de dicho laudo dejaron de existir, en tanto que la exigibilidad de su cumplimiento ya no deriva del propio laudo, sino del convenio, en virtud de que las partes, ya sea el actor o demandado del juicio natural, tendrán expedito el derecho de exigir la ejecución de lo pactado en dicho convenio a través del procedimiento de ejecución forzosa respecto del convenio aprobado y sancionado por la Junta laboral. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, porque aun cuando se considerara inconstitucional el laudo, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria ya que, al quedar modificada la situación jurídica del laudo reclamado, aun cuando éste subsista, esa modificación deja sin huella la afectación en la esfera jurídica de la impetrante, susceptible de reparación, en virtud de que la exigibilidad del cumplimiento de las condenas y absoluciones que se determinarán con motivo de la concesión, ya no derivará de la inconstitucionalidad decretada del propio laudo, sino del cumplimiento del convenio, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan al convenio y, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Más aún si se toma en cuenta que el convenio fue aprobado y sancionado por la Junta responsable y, por tanto, resulta improcedente analizar su validez o nulidad y su posterior revisión, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010).". En esas condiciones, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, el Tribunal Colegiado del conocimiento del asunto deberá sobreseer en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento en el presente sumario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional fijada para las once horas con cuatro minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, materia común, tesis 2ª./J.10/2003, página 386 de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, seis de diciembre de dos mil veintidós. -Informe justificado Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio mediante el cual rinde su informe justificado el Juez del Cuarto Tribunal Laboral Region 1, con residencia en esta ciudad. Con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Pruebas. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba 1. Copia certificada del auto de catorce de noviembre del presente año, dictado en el expediente laboral 258/2021 de su índice. 2. Copia certificada del oficio 2047/2022 de catorce de noviembre de este año. 3. Copia certificada de la cedula de notificación a la parte actora del acuerdo de catorce de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral de origen. 4. Copia certificada de la razón actuarial a la parte actora del acuerdo de catorce de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral de origen. 5. Copia certificada de la cedula de notificación a la parte demandada del acuerdo de catorce de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral de origen. 6. Copia certificada de la razón de notificación personal por vía electrónica a la parte demandada, del acuerdo de catorce de noviembre de este año, dictado en el expediente laboral de origen. Sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, a las partes descritas en la tabla que antecede, transcurrió sin que hayan hecho manifestación alguna en relación al dictamen rendido por la perita oficial en materia de contabilidad, de seis de octubre de dos mil veintidós, relativo al incidente innominado que nos ocupa. En virtud de lo anterior, al encontrarse integrado el presente incidente innominado, con apoyo en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con veintisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós a efecto de que se lleve a cabo la audiencia respectiva.
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