Juan Carlos Marceleño Gomez

Expediente 300/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
300/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Juan Carlos Marceleño Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el suscrito secretario certifica y hace constar: que, no se recibió promoción relativa a la interposición de algún recurso en este juicio constitucional, transcurriendo el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo del treinta de diciembre de dos mil veintidós al cinco de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós y uno de enero del presente año, por ser inhábiles por lo que no corrieron los términos de ley; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE. Doy fe. Secretario. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se desechó de plano el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contados al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones, en el libro de gobierno de correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el usuario electrónico "Raul_76" Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, el secretario certifica y hace constar, que no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós. En ese tenor, en obvio de mayores dilaciones procesales, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que practique la notificación personal del proveído de referencia a través del usuario electrónico "Raul_76". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa a través del usuario electrónico "Raul_76" el proveído de treinta de noviembre del año en curso. Así lo resolvió y firma Efraín Flores López, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/6563/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe. SA

  3. Principal

    En treinta de noviembre de dos mil veintidós, el secretario certifica y hace constar: - Que el plazo de cinco días concedido a Juan Carlos Marceleño Gómez, parte quejosa en el presente juicio, para que desahogara la prevención formulada en proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió de la siguiente forma: inició el dieciséis de noviembre del presente año (primer día), al haberse notificado en forma electrónica el quince de los cursantes; posterior el diecisiete del mismo mes y año se suspendió el plazo legal al haberse presentado el escrito con el cual el autorizado en términos amplios pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada, la cual no se tuvo por cumplida; luego, reinició nuevamente el computo legal el veintitrés de los cursantes, al haberse notificado de la citada determinación vía electrónica el veintidós del mes y año en curso; por lo que el plazo restante de cuatro días para dar cumplimiento a la prevención feneció el veintiocho de noviembre del mismo año, sin contar los días inhábiles que mediaron entre el plazo señalado, al ser sábados y domingos; sin que se hubiera recibido algún escrito en el cual la parte quejosa diera cumplimiento con la prevención formulada; y, - Que en el presente juicio sí se solicitó la apertura del incidente de suspensión. Doy fe. Secretario. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, particularmente el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa Juan Carlos Marceleño Gómez, no desahogó la prevención formulada por auto de catorce de noviembre del año en curso, por el que se le requirió, en cumplimiento a la resolución de veintiocho de octubre del presente año, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, indicara bajo protesta de decir verdad, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, lo siguiente: - Manifieste expresamente si es su deseo señalar como autoridades responsables al Congreso y a Gobernador de esta entidad federativa y en caso de ser afirmativo señale expresamente el acto o actos que les atribuya. En esas condiciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, 108 y 114, penúltimo párrafo, todos de la Ley de Amparo, y en atención a la ejecutoria del Tribunal Colegiado, se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta a esas autoridades y aspectos señalados, toda vez que la parte quejosa no se pronunció respecto a ese tópico, por tanto se dejan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente respecto a esas prevenciones realizadas. En otro sentido, toda vez que con motivo de la resolución de alzada, el Tribunal Colegiado revocó el auto recurrido por la parte quejosa y ordenó la reposición del procedimiento para el efecto de que este juzgado, previo al desechamiento de la demanda, previniera a la parte quejosa en los términos señalados; motivo por el cual, se dejó sin efectos el aludido acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, para dar lugar, en primero término a la prevención ya citada y posteriormente analizar, en su caso, la procedencia de la demanda de amparo por las nuevas autoridades y actos reclamados. Por lo anterior, en atención a que la parte quejosa no se pronunció respecto a la prevención formulada, este juzgado analiza de nueva cuenta la demanda de garantías por lo que respecta a los actos reclamados restantes consistentes en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: ME LO GENERA EN CUANTO A LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS; El OFICIO DRH/299/2022 de fecha 24 de febrero del 2022 dentro del cual se reclama Actos Discriminativos por ser Representante Sindical. La errónea fundamentación de dicho oficio. El realizar actos tendientes a injerir dentro de la vida sindical del sindicato dentro del cual soy agremiado y tengo licencia sindical como personal de apoyo al Comité Directivo Estatal. El omitir respetar la licencia sindical toda vez que soy titular del derecho subjetivo de la cual emana, ya que con esta omisión se violentan en mi perjuicio derechos humanos. La aplicación retroactiva de la ley y la violación del principio de progresividad. La libertad de asociación se ve realmente restringida por la condicionante establecida en el oficio reclamado. La garantía de la libertad de trabajo. EN CUANTO AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT; Como autoridad ordenadora de los actos reclamados mediante la circular 003/2022, que emite por conducto de su Presidente Municipal, violan el principio de progresividad establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir su obligación de ampliar el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. EN CUANTO AL TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPO DE TEPIC, NAYARIT; La ejecución del OFICIO ... de fecha 24 de febrero del 2022 y La circular 003/2022." Es por ello que, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, se provee lo siguiente: Desechamiento Del examen integral de la demanda de amparo y del escrito de aclaración de la misma, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa a las autoridades, son los siguientes: 1. C. SUSANA PÉREZ GÓMEZ en su carácter de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. EL OFICIO .... de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dentro del cual se reclama actos discriminativos por ser representante sindical. (Establecido en el artículo 1 párrafo quinto de la Constitución, puesto que menoscaba el derecho de asociación sindical el cual se vincula con el convenio 135 de la OIT). La errónea fundamentación de dicho oficio (dado que se fundamenta en leyes que no son vigentes e inconstitucionales). El realizar actos tendientes a injerir dentro de la vida sindical del sindicato que represento. (Puesto que restringen los derechos de representación sindical establecidos en el convenio 135 de la OIT, así como dentro de los establecido en los artículos 5, 9 y 123 Constitucionales al tratarse de un DERECHO HUMANO VISAGRA, esto es de vital importancia, conforme se señaló en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y diversos Convenios de la OIT). El omitir respetar la licencia sindical, toda vez que soy titular del derecho subjetivo de la cual emana, ya que con esta omisión se violentan en mi perjuicio derechos humanos laborales. (El pretender privar de los derechos sustantivos del quejoso, sin que medie defensa alguna, dado que el carácter de representante sindical y la licencia sindical que se pretende revocar, es parte de un DERECHO HUMANO LABORAL YA ADQUIRIDO). La aplicación retroactiva de la ley y la violación del principio de progresividad. (El principio de progresividad de las leyes, van encaminadas en pro del trabajador y no pueden ir en decremento, por lo que si el quejoso tiene derecho a esa licencia sindical no se puede revocar dicho derecho sin la debida justificación y otorgando el derecho de defensa al quejoso, reclamándose un artículo que se considera convencional e inconstitucional). La libertad de asociación se ve realmente restringida por la condicionante establecida en el oficio reclamado. (Transgrediendo con ello las Normas Internacionales de Trabajo, mismas que quedaron señaladas anteriormente). La garantía de la libertad de trabajo. (Derecho humano vinculado con la elección de realizar o dedicarse a la actividad que el quejoso elige y los cuales están establecidos dentro de diversas Normas Internacionales del Trabajo, en defensa de la representación sindical). 2. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. Como autoridad ordenadora de los actos reclamados mediante al circular 003/2022 que emite por conducto de su Presidente Municipal violan el principio de progresividad establecido en el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al incumplir su obligación de ampliar el alcance y protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad. 3. TESORERO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT. La ejecución del oficio DRH/299/2022 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y la circular 003/2022. En ese contexto, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo en cuanto a lo reclamado a las autoridades responsables, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Ahora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.].". De la interpretación sistemática de dichos ordinales, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos y, que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Respecto al tópico de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual estableció los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. El Máximo Tribunal del País determinó que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo se modificó esencialmente, ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó, que el criterio para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Asimismo, indicó que para que pueda otorgarse el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones -de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. En ese sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad: a) como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, b) como persona moral sujeta de derecho privado cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra subordinación y supraordinación. La coordinación corresponde a la entablada entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es, que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.... "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. Las relaciones de supra subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En tal sentido, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, sin comprender los actos de personas jurídicas o individuales que se lleven a cabo en un plano de coordinación o que actúen como particulares. Por tanto, el primer elemento que se requiere para identificar dichos actos es que provengan de un órgano estatal o ente de gobierno; además, procederá analizar si con base en las atribuciones con que se le dotó, puede emitir actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado o si ejercen facultades decisorias ante la presencia de una potestad administrativa. Resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia cuyos datos de localización son Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Tesis: ..., Página: 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". De igual manera, merece invocar por analogía, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES... Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 9/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página noventa y uno, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala ( Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." Lo anterior se reitera, los actos reclamados por su naturaleza inherente, es claro que están encaminados al ámbito del derecho laboral; que en todo caso rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que tanto a las autoridades señaladas como responsables, no resultan ser autoridades para efectos del presente juicio. En tales condiciones, al no constituir los reclamados, actos de autoridad para efectos del amparo y no resentir la parte quejosa una afectación en su esfera jurídica, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación entre patrón y trabajador, es inconcuso que el juicio constitucional no es procedente en los términos a que se contraen los artículos 103, fracción I, constitucional, 1o., fracción I, 5o., fracción II de la Ley de Amparo vigente. Cobra aplicación al respecto, el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL... "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN.... Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO... "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra subordinación a que ya se hizo mérito". Asimismo, la Tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO.... Aunado a que este juzgado previno en los términos antes señalados a la parte quejosa, para que se pronunciara en cuanto a su deseo de señalar como responsables a las autoridades responsables Congreso y Gobernador ambos del Estado de Nayarit, sin que se hubiere pronunciado al respecto. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa JUAN CARLOS MARCELEÑO GÓMEZ, en contra de las autoridades responsables señaladas, por notoriamente improcedente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el usuario electrónico Raul_76. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe. L´OORS/J.a.

  4. Principal

    En dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el suscrito secretario, hace constar y certifica: - Que el plazo concedido a Juan Carlos Marceleño Gómez, parte quejosa en el presente juicio, para que desahogara la prevención formulada en proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, se encuentra transcurriendo, toda vez que fue notificado a través de usuario electrónico el quince de noviembre de dos mil veintidós, como obra de la constancia de notificación generada por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que el plazo de tres días que le restan para cumplir con la prevención que se le efectuara, le transcurren del dieciocho al veintitrés de los cursantes, sin contar los días diecinueve, veinte y veintiuno del presente mes y año, en razón a que corresponden a sábado, domingo y el siguiente considerado como inhábil por ley, ello en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que no corrieron los términos de ley. - Luego, es de destacar que el escrito con el que pretenden cumplir con las prevenciones que se le efectuaron fue presentado el diecisiete de los cursantes, a través del portal de juicio en línea del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo que se interrumpió el plazo de cinco días que le restaban a la parte quejosa para desahogar dicha aclaración, razón por la cual le continúan restando TRES días para que cumpla con la prevención. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. El secretario. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con un escrito registrado en la oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 24760; y con la certificación secretarial que antecede. Conste. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito signado vía electrónica por Raúl Arellano Guzmán, autorizado en términos amplios del quejoso Juan Carlos Marceleño Gómez, quien pretende cumplir la prevención efectuada por auto de quince de noviembre del presente año, en base a los argumentos que expone en su escrito de cuenta. Al respecto, no resulta procedente tener a la parte signante - autorizado en términos amplios - cumpliendo en sus términos la prevención que refiere, en atención a que quien debe de desahogar ese requerimiento lo es precisamente la parte quejosa, toda vez que es ésta quien se encuentra legitimada en el juicio y es quien debe atender de manera personal y directa el requerimiento, no por medio de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a este último se limitan a las que ahí se precisan. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente bajo protesta de decir verdad que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, ya 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Juicio de amparo indirecto 300/2022-V ??????????????? que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. Además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 50/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , bajo el rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA." Por lo anterior, de conformidad con lo establecido por el numeral 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la prevención en los términos que la pretende desahogar el autorizado de la parte quejosa, ello por los argumentos señalados. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que aún subsiste la prevención contenida en proveído de quince de noviembre del presente año, para que dentro del plazo restante de tres días, el cual será reanudado una vez que surta efectos la notificación respectiva que del presente acuerdo se le practique, la desahogue en los términos en los que esta le fue realizada. Haciendo hincapié que de no cumplir dentro del término que para tal efecto se le indicó en el proveído citado, se hará efectivo el apercibimiento contenido en proveído de quince de los cursantes, esto es, se tendrá por no presentada esta demanda de garantías. 1 Tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro: 2007285. 19/07/23 10:09:59 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.9c.d3 OMAR OSVALDO RUIZ SILVA Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , bajo el rubro siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en el usuario electrónico "Raul_76". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe. L´OORS/J.a.

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