Juan Carlos Madera Ku
Expediente 1911/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1911/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juan Carlos Madera Ku
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
El ocho de diciembre del dos mil veintiuno, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Mérida, Yucatán, ocho de diciembre del dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en el presente juicio, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí y en representación de la Junta, ambos con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañan, de las que se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, la Junta responsable declaró por perdido los derechos de ambas partes para presentar sus respectivos alegatos y el uno de noviembre del año en curso, certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar, por lo que con fecha de diez de noviembre de dos mil veintiuno, declaró haber cerrado la instrucción y remitió los autos del juicio laboral 422/2020, al auxiliar para dictar el proyecto de laudo respectivo en dicho juicio laboral. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, esnecesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dictar el laudo en el juicio laboral 422/2020. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta en cuestión, remitió con su informe justificado, se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, declaró por perdido los derechos las partes para presentar sus respectivos alegatos; el uno de noviembre del año en curso, certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar; y que con fecha de diez de noviembre de dos mil veintiuno, declaró haber cerrada la instrucción y remitió los autos del juicio laboral 422/2020, al auxiliar para dictar el proyecto de laudo respectivo en dicho juicio laboral; por lo que la denegación de justicia reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manerasupletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, como ya se dijo la inactividad procesal en que había incurrido la responsable, cesaron en el momento en que declaró haber cerrado la instrucción y remitió los autos del juicio laboral 422/2020, al auxiliar para dictar el proyecto de laudo respectivo en dicho juicio laboral, lo cual aconteció posterior a la presentación del juicio de amparo, (catorce de octubre de dos mil veintiuno), impulsando nuevamente el procedimiento y restituyendo al agraviado a su derecho de impartición de justicia pronta y expedita. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que la Junta responsable ha dado un nuevo impulso al juicio de origen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable, lo que en el caso se subsana con el dictado del proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que declaró por perdido los derechos las partes para presentar sus respectivos alegatos; el uno de noviembre del año en curso, certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar; y que con fecha de diez de noviembre de dos mil veintiuno, declaró haber cerrada la instrucción y remitió los autos del juicio laboral 422/2020, al auxiliar para dictar el proyecto de laudo respectivo en dicho juicio laboral. No es obstáculo para concluir lo anterior, como se ha dicho en párrafos anteriores, el hecho de que el quejoso se duela de la omisión de la Junta responsable, de emitir el laudo correspondiente en el juicio 422/2020, pues se considera que esto es una mera consecuencia de la inactividad en que se incurrió originalmente, y aún si se concediera el amparo de la Justicia Federal en el presente asunto, éste no podría comprender la protección de todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución respectiva, pues entre la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen y aquella en que se dicte el laudo, existen también actos procedimentales que requieren el impulso de las partes, y que por lo tanto, podrían no llegar a concretarse, impidiendo con ello la obtención el cumplimiento del fallo federal que en su caso se haya dictado. Si bien es cierto que fue un criterio aceptado por los órganos jurisdiccionales de la Federación, que al reclamarse violaciones al artículo 17 Constitucional, debía otorgarse el amparo para que la autoridad responsable procediera con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así se respetaría lo establecido en el referido precepto constitucional. Tal jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora bien, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: la primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, la segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. Por otra parte, tratándose de actos negativos, el artículo 80 de la Ley de Amparo dispone que la sentencia que lo conceda, tendrá por objeto obligar a la autoridad responsable a que respete la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que dicha garantía exija. Conforme a lo anterior, si durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a la cual la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente, debe otorgarse el amparo para que proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implica que debe realizar los actos subsecuentes a los reclamados necesarios para tal fin y en su oportunidad emitir también con prontitud el laudo correspondiente, pues sólo así podrá cumplir y respetar lo que la garantía en cuestión exige." Sin embargo, el criterio anterior fue abandonado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, en que se sostuvo que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. Así aparece en la tesis con el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por tal razón, es óbice que no se podría llegar a una conclusión diferente al estudiar el presente asunto en audiencia constitucional, ya que, como ha quedado establecido, aun la concesión del amparo en el presente asunto, no cubriría todos los actos que faltaran realizarse en el juicio original, en atención a los razonamientos vertidos en la jurisprudencia en cita; de modo que, habiendo quedado insubsistente la inactividad procesal atribuida a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como a su Presidente y Actuario, todos con sede 5 Tesis 2ª./J.45/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, p.528, Novena Época. 6 Tesis 2ª.CV/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Tomo 1, Diciembre de 2013, p.732, Décima Época. en esta ciudad, mediante la emisión del acuerdo de diez de noviembre de la presente anualidad, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora fijada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, resulta necesario destacar, que para este órgano jurisdiccional no pasa desapercibida la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO". Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado."7 En base a ello, no obsta que le recaiga el carácter de tercero interesado a la persona moral "LQF SERVICIOS" Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con sede en esta ciudad, al ser la contraparte del quejoso en el juicio de origen, y que no haya sido emplazado en este juicio de amparo, pues ello no impide a esta Juzgadora pronunciarse en el sentido de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, dado que la presente resolución en nada agravia a sus posibles derechos vinculados directamente con las peticiones que la parte quejosa solicita en el ocurso de mérito. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido el recurso de revisión es improcedente contra la 7 Jurisprudencia número 1ª./J. 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 448, del Tomo XXXIII, Enero 2011, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsiste-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el escrito suscrito por la experta Guadalupe Oropeza Ruiz, perito designada por parte de este Juzgado en materia de grafoscopía y documentoscopía en autos del juicio de amparo en que se actúa, mediante el cual hace diversas solicitudes a fin de lograr realizar el desahogo de la prueba ofrecida en el escrito de objeción de documento planteada por el tercero interesado Miguel Parra. Ahora bien, de la lectura del escrito de mérito se advierte, que en el punto número quinto refiere que resulta necesario recabar de nuevo las firmas de la quejosa Arcelia Cervantes Peña, pues las que obran en autos carecen de los elementos necesarios para que pueda realizar la comparación correspondiente, quien deberá acudir debidamente identificada con algunos documentos en original y de carácter oficial, que contengan su firma, con la finalidad de que la citada experta pueda tener más elementos base de cotejo o pueda observar la variabilidad, así como la evolución gráfica que pudiera generarse con el paso del tiempo en las firmas. Asimismo también manifiesta la citada perito, que la muestra de la escritura de la quejosa Arcelia Cervantes Peña, deberá realizarse sobre una línea que sustente las firmas, estampadas en bolígrafo de color azul (ya que permite observar más claramente el desenvolvimiento de los trazos), que exista cierto espaciamiento entre las mismas, que fueran más de solamente diez firmas, etc. Atento a lo anterior, prevéngase a la experta Guadalupe Oropeza Ruiz, para que en el término de tres días, legalmente computado, señale el día y la hora en que puede comparecer ante este órgano jurisdiccional, para efecto de que esté presente en el momento de que la quejosa realice el estampado de firmas, y pueda señalar los requisitos o elementos que necesite para el desahogo de su dictamen. Teniendo en cuenta que deberá señalar una fecha, con el objeto de que se cuente con el tiempo suficiente para requerir a la quejosa del día y la hora, y ésta pueda comparecer ante este órgano jurisdiccional al desahogo de la misma; bajo el apercibimiento con que de no cumplir con lo anterior, ni manifieste el impedimento que tenga para ello, se le impondrá la multa de cincuenta unidades de medida y actualización, contenida en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Finalmente, en cuanto a las diversas solicitudes que alude la citada perito en su escrito de cuenta, resérvese a proveerse lo conducente hasta en tanto se lleve a cabo el desahogo de la diligencia señala en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE y Personalmente a la experta Guadalupe Oropeza Ruiz.
- Incidental
".AUDIENCIA INCIDENTAL. En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida del Secretario Juan Carlos Maiza Hau, con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda, da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 17023, correspondiente al informe previo rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí, y en representación de la Junta, ambas con sede en esta ciudad. De igual forma, hago de su conocimiento que hasta este momento no se ha recibido en este Juzgado de Distrito, el informe previo correspondiente al Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no obstante haber sido debidamente notificado el veinte de los cursantes, según se aprecia de la constancia relativa la cual obra glosada en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo de las autoridades responsables de mérito y ténganse por rendidos en tiempo y forma, para que sean tomados en consideración al momento de resolver el presente expediente. Por otro lado, por precluido el plazo del Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para rendir su informe previo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, celébrese la audiencia incidental relativa. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas las pruebas referidas, la cual se desahogan por su propia y especial naturaleza, por lo que se cierra dicha etapa. En el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció este derecho. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos, ordenándose cerrar dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Vistos, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I-1911/2021, promovido por Luis Fernando Sarabia Llanes, apoderado legal del quejoso Juan Carlos Madera Ku, contra los actos que reclaman de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 8,17 y 123 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda de amparo presentada el catorce de octubre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, Luis Fernando Sarabia Llanes, apoderado legal del quejoso Juan Carlos Madera Ku, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó formar el presente incidente de suspensión por duplicado; se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos; todo lo cual se hizo en sus términos y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo este día al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre los cuales se encuentran los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 3 De manera que el peticionario de amparo reclamó la omisión de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral 422/2020. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura del informe previo rendido por la autoridad responsable la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por sí, y en representación de la Junta, ambas con sede en esta ciudad, se advierte que NEGÓ la existencia del acto que se le reclama, sin embargo, realizan manifestaciones para defender su constitucionalidad; por lo que, se desvirtúa dicha negativa y debe presumirse la certeza del acto reclamado. Ahora bien, toda vez que el Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no rindió su informe previo respectivo, por lo que con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo, debe presumirse la certeza del acto reclamado. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Al respecto, no obstante la certeza del acto reclamado debe decirse que, por lo que respecta a la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por la parte quejosa respecto del aludido acto reclamado; no ha lugar a conceder dicha medida cautelar, toda vez que dicho acto, por su naturaleza, no requiere de ejecución material alguna, por lo que es improcedente otorgar respecto del mismo tal medida, en términos de la tesis bajo el rubro siguiente: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada."4 Se afirma lo anterior, ya que sólo puede ser suspendido lo que se viene desarrollando en forma positiva y, en esas condiciones es incuestionable que no existe materia de suspensión cuando lo que se combate, como en el caso, es una abstención de las autoridades señaladas como responsables. En efecto, la suspensión que tiene por objeto evitar la consumación del acto con el consecuente perjuicio irreparable para el quejoso; en ese sentido la abstención o 3 Tesis P. VI/2004 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a p. 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta. 4 4 Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable con el número XXI.2º.11K, en la página doscientos catorce, del Tomo V, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época 22/02/22 12:00:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6a.dd JUAN CARLOS MAIZA HAU SECCIÓN AMPARO MESA I INC. 1911/2021 ??????????????? acto negativo, por su naturaleza misma, entraña la imposibilidad de consumación y, por lo tanto, decretar la suspensión del mismo, no produciría efecto alguno, máxime que de concederse sería dar efectos restitutorios o constitutivos, cuando su función, como ya se dijo, es únicamente la de conservar la materia de amparo. Por tanto, se insiste, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley de Amparo, se establecen los siguientes puntos resolutivos y esta resolutora, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a Juan Carlos Madera Ku, la suspensión definitiva respecto al acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y otras autoridades, en virtud de los razonamientos expuestos en el último considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.
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